Chile tiene Ley de transparencia y acceso a información pública desde el año 2009, pero esta ley -que permite pedir documentos públicos, con respuesta en 20 días hábiles- “es usada por gente de clase media y clase alta, por organizaciones poderosas, medios de comunicación y abogados, pero no por la gente común”.
Esa es la conclusión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, que expuso la situación de carencia de mecanismos para informarse sobre derechos sociales, como los que entregan los ministerios más recurridos por la ciudadanía, tales como el Ministerio de Vivienda, el de Educación; y sobre todo el de Salud y Trabajo y Previsión Social, que juntos explican cerca del 65% de la relación entre ciudadanía y Gobierno.
El Seminario Internacional sobre Indicadores de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desarrollado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Vitacura, expuso que en la región los ministerios actúan de manera desintegrada al aplicar políticas sociales. Por ejemplo, por un lado se transfiere plata en efectivo (como el caso de los bonos), o se entregan subsidios de alimentos, y se otorgan desayunos en escuelas, pero no hay enfoque integrador de la pobreza.
En el caso de pueblos indígenas, se subsidia al emprendimiento, pero no se les consulta sobre el desarrollo de mega-proyectos empresariales en sus territorios. Se exceptúa el caso de Ecuador y Brasil, que están escapando de estos problemas.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, dice que la falta de transparencia es lo más crítico sobre derechos económicos, sociales y culturales. Para ella, la Ley de Acceso a Información no resuelve este problema.
“Una ley de Acceso a la Información es una ley a la que básicamente tienen acceso los abogados, los medios de comunicación, la clase media alta que va a solicitar información. Cuando yo hablo de acceso a la información hablo de que la información de los programas sociales sea en un lenguaje normal, no técnico, diseminada por canales en los cuales llegue a la gente que tiene menos recursos, con claridad”, explicó.
Hay dos tratados internacionales que podrían ayudar a corregir la desigualdad social. Chile los firmó, pero no los ha ratificado. Uno es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . El otro es el Protocolo de San Salvador. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, explica cómo afecta que el Gobierno no haya firmado estos protocolos.
“Chile y Venezuela no han ratificado el Protocolo de San Salvador ni el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional, que también es para presentar denuncias cuando el Estado no satisface su obligación de cumplimiento en esta materia. Derecho a la educación, por ejemplo. Es una instancia cuasi jurisdiccional, en primera instancia, y después pasa a la CIDH”, precisó.
Si Chile ratificara el Protocolo de San Salvador, las personas a las que el Estado no les respeta derechos económicos, sociales y culturales, podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para demandar al Estado. Tal como sucede con la discriminación sexual, como fue el caso de la jueza Karen Atala, o con la denegación de información pública, como el caso de Marcel Claude por el proyecto Forestal Trillium.
Chile tiene Ley de transparencia y acceso a información pública desde el año 2009, pero esta ley -que permite pedir documentos públicos, con respuesta en 20 días hábiles- “es usada por gente de clase media y clase alta, por organizaciones poderosas, medios de comunicación y abogados, pero no por la gente común”.
Esa es la conclusión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, que expuso la situación de carencia de mecanismos para informarse sobre derechos sociales, como los que entregan los ministerios más recurridos por la ciudadanía, tales como el Ministerio de Vivienda, el de Educación; y sobre todo el de Salud y Trabajo y Previsión Social, que juntos explican cerca del 65% de la relación entre ciudadanía y Gobierno.
El Seminario Internacional sobre Indicadores de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desarrollado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Vitacura, expuso que en la región los ministerios actúan de manera desintegrada al aplicar políticas sociales. Por ejemplo, por un lado se transfiere plata en efectivo (como el caso de los bonos), o se entregan subsidios de alimentos, y se otorgan desayunos en escuelas, pero no hay enfoque integrador de la pobreza.
En el caso de pueblos indígenas, se subsidia al emprendimiento, pero no se les consulta sobre el desarrollo de mega-proyectos empresariales en sus territorios. Se exceptúa el caso de Ecuador y Brasil, que están escapando de estos problemas.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, dice que la falta de transparencia es lo más crítico sobre derechos económicos, sociales y culturales. Para ella, la Ley de Acceso a Información no resuelve este problema.
“Una ley de Acceso a la Información es una ley a la que básicamente tienen acceso los abogados, los medios de comunicación, la clase media alta que va a solicitar información. Cuando yo hablo de acceso a la información hablo de que la información de los programas sociales sea en un lenguaje normal, no técnico, diseminada por canales en los cuales llegue a la gente que tiene menos recursos, con claridad”, explicó.
Hay dos tratados internacionales que podrían ayudar a corregir la desigualdad social. Chile los firmó, pero no los ha ratificado. Uno es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . El otro es el Protocolo de San Salvador. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, explica cómo afecta que el Gobierno no haya firmado estos protocolos.
“Chile y Venezuela no han ratificado el Protocolo de San Salvador ni el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional, que también es para presentar denuncias cuando el Estado no satisface su obligación de cumplimiento en esta materia. Derecho a la educación, por ejemplo. Es una instancia cuasi jurisdiccional, en primera instancia, y después pasa a la CIDH”, precisó.
Si Chile ratificara el Protocolo de San Salvador, las personas a las que el Estado no les respeta derechos económicos, sociales y culturales, podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para demandar al Estado. Tal como sucede con la discriminación sexual, como fue el caso de la jueza Karen Atala, o con la denegación de información pública, como el caso de Marcel Claude por el proyecto Forestal Trillium.
Chile tiene Ley de transparencia y acceso a información pública desde el año 2009, pero esta ley -que permite pedir documentos públicos, con respuesta en 20 días hábiles- “es usada por gente de clase media y clase alta, por organizaciones poderosas, medios de comunicación y abogados, pero no por la gente común”.
Esa es la conclusión de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, que expuso la situación de carencia de mecanismos para informarse sobre derechos sociales, como los que entregan los ministerios más recurridos por la ciudadanía, tales como el Ministerio de Vivienda, el de Educación; y sobre todo el de Salud y Trabajo y Previsión Social, que juntos explican cerca del 65% de la relación entre ciudadanía y Gobierno.
El Seminario Internacional sobre Indicadores de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desarrollado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en Vitacura, expuso que en la región los ministerios actúan de manera desintegrada al aplicar políticas sociales. Por ejemplo, por un lado se transfiere plata en efectivo (como el caso de los bonos), o se entregan subsidios de alimentos, y se otorgan desayunos en escuelas, pero no hay enfoque integrador de la pobreza.
En el caso de pueblos indígenas, se subsidia al emprendimiento, pero no se les consulta sobre el desarrollo de mega-proyectos empresariales en sus territorios. Se exceptúa el caso de Ecuador y Brasil, que están escapando de estos problemas.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, Magdalena Sepúlveda, dice que la falta de transparencia es lo más crítico sobre derechos económicos, sociales y culturales. Para ella, la Ley de Acceso a Información no resuelve este problema.
“Una ley de Acceso a la Información es una ley a la que básicamente tienen acceso los abogados, los medios de comunicación, la clase media alta que va a solicitar información. Cuando yo hablo de acceso a la información hablo de que la información de los programas sociales sea en un lenguaje normal, no técnico, diseminada por canales en los cuales llegue a la gente que tiene menos recursos, con claridad”, explicó.
Hay dos tratados internacionales que podrían ayudar a corregir la desigualdad social. Chile los firmó, pero no los ha ratificado. Uno es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . El otro es el Protocolo de San Salvador. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, explica cómo afecta que el Gobierno no haya firmado estos protocolos.
“Chile y Venezuela no han ratificado el Protocolo de San Salvador ni el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional, que también es para presentar denuncias cuando el Estado no satisface su obligación de cumplimiento en esta materia. Derecho a la educación, por ejemplo. Es una instancia cuasi jurisdiccional, en primera instancia, y después pasa a la CIDH”, precisó.
Si Chile ratificara el Protocolo de San Salvador, las personas a las que el Estado no les respeta derechos económicos, sociales y culturales, podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para demandar al Estado. Tal como sucede con la discriminación sexual, como fue el caso de la jueza Karen Atala, o con la denegación de información pública, como el caso de Marcel Claude por el proyecto Forestal Trillium.
