Este martes se oficializa la renovación parcial del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cinco nuevos consejeros asumirán, en plenitud, sus funciones.

Los nuevos miembros son Sebastián Donoso, investigador de la fundación Jaime Guzmán; Carlos Frontaura, asesor de la misma entidad; Mario Fernández, ex ministro DC de Ricardo Lagos; José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano; y Consuelo Contreras, directora ejecutiva de la Corporación Opción.

La primera tarea es nombrar al nuevo director o directora del organismo, aunque en este caso, el escenario más probable es que se ratifique a Lorena Fríes en el puesto, por tres años más.

La actual directora del INDH recapituló, brevemente, sus tres años de gestión. Indicó que se logró establecer relaciones institucionales con las autoridades de Gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial, además de posicionar al Instituto como un interlocutor respetado.

Eso en cuanto a las “sintonías”, porque que en las “fricciones”, la relación con el ministerio del Interior y, particularmente, con Carabineros de Chile no ha sido del todo fácil.

En este sentido, la directora del instituto señaló que  “hemos señalado también y creo que hemos logrado instalar un punto medio en el sentido de decir que la manifestación pacífica es amparada por los derechos humanos y en ese sentido hay que respetar el ejercicio de este derecho y por otro lado, no dudamos de que Carabineros tiene atribuciones en materia de orden público, pero lo que sí criticamos es que se excedan del marco legal y ya ingresen peligrosamente al campo de las violaciones a los DD.HH. que las hemos denunciado en nuestros informes policiales a las autoridades pertinentes”.

Como materias pendientes, Lorena Fríes aseguró que el INDH debe consolidar sus líneas de trabajo, fortalecer sus capacidades y tener presencia en regiones.

El otro gran desafío, según agregó la directora del organismo, es seguir con atención el avance del proyecto de ley que crea la subsecretaría de Derechos Humanos, actualmente en primer trámite legislativo en el Senado.

Por esto, Lorena Fríes afirmó que “nosotros siempre hemos impulsado la subsecretaría, creemos que es una necesidad que tiene el Estado de Chile independiente del Gobierno y por lo tanto, estamos siendo parte de las discusiones en el Parlamento sobre el proyecto de ley. La subsecretaría cumple una función que es absolutamente distinta al Instituto, la subsecretaría busca coordinar el esfuerzo del poder Ejecutivo en materia de DD.HH. y el Instituto tiene que fiscalizar y tiene que colaborar con los tres poderes del Estado para que cumplan mejor sus obligaciones y garantías de respeto de los derechos”.

Desde la sociedad civil agregan que existen otras tareas inconclusas. Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que modificaciones a la ley que regula el funcionamiento del INDH es una de ellas.

En esa línea, la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de DD.DD. explicó que  “el problema aquí es que la ley se pensó y aprobó de esa manera, y a pesar de todo lo que nosotros hicimos, fundamentalmente que se incluyeran las causas por las violaciones a los derechos humanos dentro del trabajo y las potestades del Instituto no fue aceptada y entonces quedó esta institucionalidad que tiene una limitación temporal que es compleja”.

Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, concordó en la necesidad de que el INDH cuente con más y mejores atribuciones, sobre todo, “considerando el aumento de la represión contra los movimientos sociales”, expresó.

En esa perspectiva, el dirigente de la FEUC detalló que “las atribuciones que tiene son absolutamente limitadas, no pasan más allá de una observación solamente y tener atribuciones de defensa que justamente con el nivel de represión y violencia que se está viviendo son absolutamente necesarias.

Hacerse parte de querellas, puede tomar sanciones, tomar defensorías respecto de las violaciones de DD.HH. que se producen día a día, tener la capacidad de poder frenar acciones que hace actualmente el Gobierno, como represivas que pasan sobre principios básicos de Estado.

Ambos coincidieron en que las falencias nada tienen que ver con la dirección del INDH, sino que con la ley que creó este organismo.

Por lo mismo, dijeron esperar que la subsecretaría de Derechos Humanos corrija esta situación, dotando al país de una institución que no sólo elabore informes y dé puntos de vista, sino que tenga una observación activa, con seguimiento, denuncia y persecución para quienes violen los derechos fundamentales.

La conformación del Consejo, según varios analistas, tendría una fuerte presencia “conservadora”, ya que Donoso y Frontaura se sumarán a Manuel Núñez, profesor de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, y Luis Alberto Amunátegui, docente de dilatada trayectoria que ha sido parte del Instituto Libertad y Desarrollo.