Frente al Proyecto de Ley que el Gobierno ha presentado al Congreso respecto de crear dos establecimientos de salud denominados “Hospitales Clínicos”, bajo un nuevo modelo de servicios públicos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, funcionalmente descentralizados, distintos de los servicios de salud a que se refiere el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, considero fundamental manifestar que son un despropósito a la equidad y representarán una nueva fuente de segregación económica y discriminación social en nuestro país.
Cabe señalar que estos nuevos Hospitales Clínicos, sujetos a sistemas de gestión por resultados, con fijación de objetivos y metas de producción de servicios y de gestión sanitaria, estarán mas temprano que tarde agobiados por la incapacidad de sobreponerse a estándares de calidad de salud por sobre estándares de resultados por atención. Ya los Hospitales tradicionales traen un importante pasivo de arrastre y los Gobiernos, a través del Ministerio de Salud, no han sido capaces de resolver este endeudamiento histórico, entonces, ¿cómo responderán estas nuevas entidades, por ejemplo, a esos mismos proveedores si no tienen el respaldo estatal como lo es la dependencia directa del Ministerio de Salud?, ¿deberán asumir sus pasivos como entidades independientes priorizando en una economía de escala con los pacientes que paguen mejor, los que tengan enfermedades más rentables económicamente, etc.? O sea, ¿serán el grupo faltante de entidades de salud mixtos (público-privadas), para complementar al grupo de los hospitales públicos y al grupo de las clínicas privadas, en un símil con el actual sistema tripartito de educación?
Bástenos observar que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile se ajusta en gran parte con las características del modelo que pretende institucionalizar el Gobierno bajo este nuevo Proyecto. Para este caso, nuestro Hospital Clínico tiene su propia personalidad jurídica, tiene su propio patrimonio y no pertenece a la red de salud ministerial, etc., pero como bien sabemos, año tras año arrastra deudas millonarias por los servicios que FONASA no paga a tiempo, sobrepasando actualmente los $5.000 millones de pesos. Sin duda que el desapego gubernamental en esta materia lo deja en un mal pié para una gestión eficiente y oportuna, encareciendo sus resultados y obligando a la Universidad a distraer recursos para suplir las deudas del propio Estado. Pero ¿quién respaldará las deudas de las nuevas instituciones propuestas?
Sirva este caso a los Legisladores del Congreso Nacional para no afectar con este nuevo proyecto a una población cansada de las discriminaciones y postergaciones, así como de la falta oportuna de atención en salud y, por el contrario, el Gobierno fije metas de pago acordes con las facturaciones que se hacen a FONASA, de modo que al igual que las PYMES, las facturas se paguen dentro de los primeros treinta días al Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
