Diario y Radio Universidad Chile

Año XV, 7 de febrero de 2023

Escritorio

La cultura en el quirófano

El proyecto de ley que cambia la institucionalidad cultural creada bajo el gobierno de Ricardo Lagos, tiene a la cultura en el pabellón. La ausencia de una discusión democrática y amplia pone en peligro la vocación de una ley llamada a proteger uno de los bienes más valiosos de nuestro país que podría continuar con su diagnóstico de “estable dentro de su gravedad”.

Vivian Lavín Almazán

  Sábado 3 de agosto 2013 9:23 hrs. 
Día de la danza

Compartir en

La comisión de Cultura y Artes de la Cámara de Diputados, de manera inusual pero no inédita, extendió una invitación a la comunidad cultural chilena a participar en una sesión extraordinaria para la discusión del proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional del Patrimonio Cultural. Hasta la sede de la Cámara de Diputados en Santiago llegó a comienzos de semana, el actual ministro de cultura Roberto Ampuero, a explicar la iniciativa que hereda de su antecesor y expuso los fundamentos de esta ley.

Una ley que en su planteamiento cuenta con el consenso general respecto de la necesidad de crear un ministerio del ramo y así desplazar al actual Consejo, pero que en su fondo enfrenta severas críticas que hacen prácticamente inviable su tramitación con la urgencia que desea el Gobierno.

Según el Ejecutivo, representado por el ministro del ramo, esta ley permitirá “sin destruir lo construido, perfeccionar una institucionalidad con carencias estructurales, duplicidades y dispersión en materias fundamentales”.

Para ello, el Gobierno promueve la creación de “un ministerio de Cultura, una subsecretaría y dos nuevos servicios públicos: el Instituto de Fomento a las Artes e Industrias Culturales, que deriva del actual Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y la Dirección del Patrimonio Cultural, que integrará tanto a la actual Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) como también la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales. Con este último servicio, se daría finalmente solución a uno de los más urgentes problemas que existen hoy respecto de la cuestión patrimonial: que a pesar de haber sido una de las promesas más repetidas en los discursos presidenciales de Michelle Bachellet y Sebastián Piñera, sigue siendo una deuda.

Vocaciones personales más que colegiadas
Lo cierto es que a pesar de las múltiples ventajas que implican un órgano colegiado como el actual Consejo en lugar de uno unipersonal, estas no fueron aprovechadas por los distintos ministros de cultura del presente ni del pasado. Las razones son múltiples, pero hay una que escasamente se menciona y que es de fondo: la falta de capacidad de enfrentar esta cartera con una vocación plural y de equipo y no como un coto particular. ¿Qué ministros de los últimos años han señalado de manera insistente que las decisiones que toma son producto de una discusión de un Consejo? Ninguno. La figura colegiada del Consejo que concibió el hoy Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Agustín Squella cuando creó este diseño, se basó en la exitosa experiencia mexicana… pero que en Chile no resultó.

Otra de las críticas a esta “arquitectura cultural” creada en el gobierno de Ricardo Lagos es la dispersión de sus órganos, donde la situación del libro y la lectura es acaso la más dramática. El Ministerio de Educación que tiene como labor el fomento lector a través de las célebres bibliotecas CRA (Centros de Recursos del Aprendizaje) como también a través de las Bibliotecas públicas agrupadas en la DIBAM, dejan al Consejo del Libro en una situación muy disminuida. Sin mucho que hacer y con una escasa influencia, más que repartir un Fondo, esta repartición enfrenta a un ministerio y a toda su organización por años consolidada.

Las condiciones laborales de los funcionarios del Consejo de la Cultura y de las Artes, agrupados en Anfucultura, son otra de las argumentaciones que ponen en tela de juicio la actual infraestructura cultural. Demás está decir la precaria situación de una gran cantidad de funcionarios que llevan años “boleteando” al peor empleador de Chile, que no es otro que el Estado. Pero sin duda, que bajo el ministerio de Cruz-Coke es cuando los funcionarios más han dado a conocer su descontento. Acoso laboral e incluso decisiones arbitrarias de las nuevas autoridades, una de las cuales le costó la muerte a una de sus funcionarias, Galia Díaz, en el trágico vuelo a Juan Fernández, tensionan más el panorama.

¿Cómo se recibe esta nueva legislación? Pues con cautela y con mucha receptividad. “Valoramos la creación de un ministerio de la cultura. Es la manera de darle la más alta importancia política y jurídica a este tema. Sin embargo, se han expresado varios puntos complejos. No se puede imaginar una planta funcionaria del ministerio de Cultura que no sea capaz de absorber todas las tareas que ese ministerio implica y, por supuesto, darle estabilidad laboral, garantías y un trato digno y justo a todos quienes trabajan en la DIBAM, en el Consejo de Monumentos y en el Consejo de la Cultura. Pero también estamos diciendo que no puede haber un Consejo Nacional de la Cultura, que es el órgano que va a definir las políticas culturales, con una integración donde va a haber un ministro de Estado, es decir, un funcionario público, más cuatro personas de la cultura nombradas con el acuerdo de los 3/5 del Senado. Eso no habla de recoger la riqueza cultural chilena ni tampoco es una instancia efectiva de participación”, señala la ex directora de la DIBAM, Nivia Palma.

“La condición laboral de los actuales funcionarios; la multiculturalidad de nuestro país e integrar elementos que tengan que ver con otras etnias y la descentralización o regionalización en la toma de decisiones”, son algunos de los puntos que despiertan más críticas en la comunidad cultural, apunta el Presidente de la Comisión de Cultura y de las Artes de la Cámara de Diputados, Víctor Torres (DC).

Tampoco plantea esta legislación, la diversidad cultural y escasamente se refiere a cultura tradicional, como apuntó Loreto Bravo de la Corporación Fidel Sepúlveda Llanos.

Invitación con los gastos pagados
Una de las críticas centrales al proceso de discusión que se desarrolla es la falta de democratización de su discusión. Y es que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con urgencia no fue producto de un diálogo con las distintas fuerzas y actores culturales de todo nuestro territorio. De ahí, que la invitación extendida por la Comisión respectiva de la Cámara haya sido tan bien recibida. Una experiencia que no es inédita, puesto que habrían sesionado en otras oportunidades en Talca y en San Pedro de Atacama, lo que produjo ciertas risas en la audiencia al dar cuenta del valor turístico de esta última opción.

Desde Calama, viajó un comitiva de la Corporación de Cultural de esa ciudad a para escuchar de manera atenta la discusión de una ley sobre un tema que les preocupa. Y es que esa ciudad del norte de nuestro país, a pesar de encabezar el aporte al PIB nacional cuenta con sólo con una sala para la desarrollar actividades culturales… una vergüenza.

“Desde hace mucho tiempo, hay un sentir para que las comunas sean escuchadas y exista el ánimo de descentralizar. La comuna de Calama vive hoy un clima muy especial porque se ha trabajado desde hace bastantes años en el fortalecimiento de nuestra identidad. Queremos que se nos reconozca como una de las ciudades más importantes de Chile por ser la que más aporta ingresos al país y la que recibe cero aporte por esa utilidad que permite que en otras regiones y, en especial, en la capital, se construyan avenidas y grandes centros culturales”, explica Alejandra Zulueta, directora ejecutiva de la dicha Corporación. Su intervención fue aplaudida ya que después de explicar que en Calama existe solo un centro cultural, invitó a toda la Comisión de Cultura de la Cámara a esa ciudad con todos los gastos pagados para que pudieran apreciar con sus propios ojos el desértico panorama cultural en el que están sumidos.

Cultura sin difusión
Pero, sin duda, uno de los puntos que más llama la atención en la propuesta estatal es la nula referencia a los medios de comunicación y el importante rol que cumplen como fuentes de información y de difusión del quehacer artístico y cultural de nuestro país. Como si la televisión del Estado y las radios que le pertenecen, porque ya no posee medios escritos, no tuvieran nada que hacer por la democratización de la cultura. Como si hubiese un acuerdo tácito que estableciera que la cultura debe arreglárselas como pueda o, finalmente, que sea el mercado el que decida qué programación cultural apoyar con sus auspicios. A la hora de hacerles ver este punto, los diputados tomaron nota, asintiendo con sus cabezas, dando a entender que sería otro de los múltiples puntos que les quedan por debatir en la que se espera sea una larga y democrática discusión.

Síguenos en