Hay algo profundamente chocante en algunos discursos pronunciados en torno a los 40 años del golpe de Estado. Algo que tiene que ver con la desmesura y que resulta tan agraviante como el silencio de otros años. Sin embargo, los hechos siempre han estado “ahí”. ¿O será que no es así? ¿Que no existen los hechos en sí? ¿Que todo, siempre, es construcción? ¿Que todo, siempre, depende de una interpretación? Por ende, de gran cantidad de factores. Como puede ser el oportunismo político en un contexto de contienda electoral. Entre las declaraciones chocantes escuchadas en estos días, las de la primera dama narrando su detención junto al actual presidente, pocos meses después del golpe de Estado. Hecho relatado por Cecilia Morel, el pasado 26 de agosto, en televisión. Una frase, sobre todo, llama la atención: “pudimos haber sido desaparecidos”.

Ante una frase como ésta, uno duda. ¿Vale la pena atenderla? ¿Darse por aludido? ¿Pronunciarse? Puedo equivocarme pero se me ocurre que es problemático dejar pasar frases así. Entre otras cosas porque, al igual que otras frases pronunciadas en estos días, este tipo de aseveraciones tergiversa la realidad. Contribuye a instalar algo que no fue. Y es que el terror en Chile, como en otras partes, tuvo una lógica. Una lógica precisa, observable y susceptible de ser estudiada.

Así lo indican las estadísticas de las que hoy disponemos. Las que figuran en diversos informes sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Pero también en investigaciones académicas dedicadas a estos temas. Voy a citar las cifras publicadas por Elías Padilla Ballestero en su propia investigación sobre desaparición forzada como expresión del terrorismo de Estado: “La Memoria y el Olvido” (texto actualmente disponible completo en Internet). Este trabajo realizado en los años 1990 contiene una serie de informaciones imprescindibles tratándose de entender la desaparición forzada como política. Algunos datos:

Primero, la militancia. El 60% de las personas que hoy conocemos como detenidas-desaparecidas tenía una militancia política. El 30% restante figura como “sin datos”. Según estas cifras, que Padilla elabora sobre una base de 1193 personas y contrastando tres tipos de fuentes (Informe Rettig, 1991; Listado de la Vicaría de la Solidaridad, 1993; Listado de la AFDD, 1995), tres grupos fueron principalmente perseguidos: el MIR (22,79), el Partido comunista (20,53%), el Partido socialista (18,94%).

Segundo dato. Profesión y ocupación. En su análisis –como también lo hace el informe Rettig– Padilla distingue dos períodos (1973; de 1974 en adelante). Respecto a esta variable, escribe:

“Las profesiones y ocupaciones de una mayoría importante de las víctimas del primer período corresponden a la clase trabajadora. Se puede apreciar claramente que los sectores más afectados son los sectores populares: Obreros y campesinos con 46,59%; Trabajadores independientes con 15,68%; Estudiantes con 12,20%. Esto se debe a que el método de la desaparición forzada en el primer período se dirige en contra de personas con responsabilidad social y política en el gobierno de la Unidad Popular, en contra de sindicatos, sectores campesinos y mapuches en el sur del país. En el segundo período los sectores más afectados son: Estudiantes con 26,69%; Obreros y campesinos con 20,81%; Trabajadores independientes con 18,50%; Profesionales con 15,48%. Los sectores obreros y campesinos contabilizan en ambos períodos (1973-1989) un total de 411 casos (34,45%), seguidos por el estamento de los estudiantes con 227 casos (19,02%)”.

Hay un tercer dato que no figura en el trabajo de Padilla, que no figura en mi trabajo y que no figura (hasta donde recuerdo) en el informe Rettig. No figura como rubro investigado pero sí como dato aislado. Se trata de la dirección, del domicilio de la víctima. No me refiero en este caso a la región en que ocurrieron los hechos –dato que sí está tomado en cuenta en los documentos señalados y en otros– sino a una información más precisa. Los barrios. Los sectores que fueron los escenarios de la persecución. No sé cómo se podría llamar esta recopilación que a lo mejor todavía está por hacerse: ¿una cartografía política? ¿Una topografía política? Habría que ver adonde lleva ese hilo y los matices que podría aportar respecto a estos dos ejes fuertes de la persecución política en Chile: el ataque a los militantes de izquierda; el ataque a los sectores populares. Aunque estos ejes están estrechamente relacionados no se confunden y no deben ser confundidos.

Por otra parte, o más bien en paralelo, este enfoque no contradice la posibilidad de una violencia “ciega” capaz de infundir pánico en la población que se pretende controlar. Aun así, aun sabiendo que en Chile hubo lugar para ese tipo de crímenes aparentemente “indiscriminados”, resulta poco probable que Sebastián Piñera y Cecilia Morel pudieran haber sido el blanco de la represión. Es un hecho: no lo fueron. Y no lo fueron porque no cualquiera fue perseguido en dictadura. No cualquiera… pero hubo niños que sí lo fueron. En un artículo particularmente impactante publicado el jueves 29 de agosto, en este mismo medio, Juan San Cristóbal lo señalaba: “Menores desaparecidos: La dictadura no tuvo límites a la hora de los crímenes”. Respecto a esta dimensión habría que seguir revisando datos, contrastando informaciones. Nunca está de más examinar a fondo lo que uno cree saber. Pero es probable que esos casos de menores desaparecidos y ejecutados confirmen las tendencias globales. Y éstas indican que el golpe de Estado fue hecho en contra de los sectores populares organizados. Organizados y representados por diferentes grupos políticos que constituían las izquierdas chilenas de entonces. Grupos que, a su vez, defendían un proyecto político concebido como emancipador.

“Quo vadis?” Sin duda la pregunta cobró importancia en esos años. Como también esta otra: ¿de dónde vienes? Hubo en Chile trayectorias que fueron como una condena. Trayectorias, en todos los sentidos de la palabra. Pero también en el más prosaico: caminos, recorridos. Porque es sabido que no todos vamos a todas partes. Que no todos circulamos por los mismos barrios y que hay determinados sectores que no pisamos jamás. Desde esta perspectiva, sin duda el ser pobre, el vivir en un barrio pobre, fue un factor agravante cuando no la causa misma de la violencia de Estado post-11 de septiembre. Teniendo en cuenta esta dimensión espacial de la política, está claro que algunos estuvieron más en peligro –o más a salvo– que otros. Dar a entender que cualquiera pudo ser desaparecido, a estas alturas, es algo más que una inepcia o una incongruencia. Y habría que poder reflexionar sobre el tipo de unión y el tipo de exclusión que promueve nuestra clase política a través de la retórica del perdón, de la auto-victimización y de la condena tardía de un hecho histórico al que unos y otros parecen otorgar hoy un rol fundacional. ¿Por qué? ¿En función de qué? ¿Para ir adónde? ¿Desde dónde?