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Todos somos quiltros

Columna de opinión por Sohad Houssein
Lunes 10 de febrero 2014 18:25 hrs.


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Disfrazadas de aparente improvisación, incapacidad o falta de reflexión, las decisiones acerca de las políticas públicas en Chile probablemente están lejos de esa simulada inocencia. Quizás no sería exagerada suspicacia pensar que muchas de estas medidas responden, más bien, a presiones de los llamados grupos de interés por sobre mayorías sin capacidad de lobby o contactos.

Y, aparentemente, esta dinámica se da en todos los ámbitos. Esta vez, los afectados fueron los quiltros, los perros definidos como “asilvestrados” por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), los zorros chilla o grises, los ciervos exóticos y los zorzales.

Mientras todo Chile estaba pendiente del fallo de La Haya, el 27 de enero pasado la Contraloría tomó razón de un decreto firmado por el Presidente Sebastián Piñera en que estas cuatro especies pasaron a engrosar la lista de las 21 consideradas como dañinas y susceptibles a ser cazadas, en el caso de los perros, desde Coquimbo hacia el sur.

Este decreto implementa la Ley de Caza, que le concede al Ejecutivo la facultad de decidir cuáles son las especies peligrosas presentes en el país. Ante el escándalo que esta noticia generó en la opinión pública y en organizaciones animalistas, las autoridades adujeron que las jaurías de perros salvajes suelen atacar el ganado de los agricultores para sobrevivir, generando pérdidas económicas. Minimizaron también las críticas de los defensores de los animales diciendo que “no entienden de qué se trata” y aclarando que no se está permitiendo la caza de mascotas.

Pero quien sí sabía muy bien de qué se trataba el reglamento era el fiscal de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián García Huidobro, quien renunció a su cargo en el Gobierno luego que intentar infructuosamente detener este decreto. Además de oponerse a la modificación de la ley por nefasta e inhumana, el ahora ex funcionario denunció públicamente irregularidades y secretismos en la tramitación de este decreto, sacado del sombrero en los albores de la administración Piñera.

Y aunque la reacción del abogado y las manifestaciones de protesta de las organizaciones animalistas puedan parecer destempladas para algunos,  lo cierto es que sobran las razones para oponerse a este decreto.

Desde que el ser humano y los canes, hace miles de años, decidieron vivir juntos, los perros fueron lentamente perdiendo sus características de lobo para transformarse en animales domésticos, que sólo pueden sobrevivir adecuadamente en compañía humana. Incluso, hay especialistas que sostienen que en este proceso evolutivo se generó una especie que ya nada tiene que ver con los lobos. Las jaurías que deambulan por sectores rurales de gran parte del país, y por muchos urbanos también, no llegaron ahí provenientes de ambientes salvajes. Esos perros se transformaron en esa especie de pandilla de maleantes a la que ahora temen los ganaderos solamente porque las personas los fueron a botar o los descuidaron. Los responsables, en último término, de los daños que estos animales puedan ocasionar son sus propietarios, quienes  actuaron en forma negligente.

La nueva ley permitiría cazar a los perros que se encuentren a 400 metros de una vivienda o un asentamiento humano, pues ya se pueden considerar bravío. ¿Cómo distinguir si se trata de un perro salvaje o potencialmente peligroso o de una mascota perdida? ¿Cómo fiscalizar para evitar que personas inescrupulosas lleven a los animales a lugares alejados para matarlos a escopetazos, amparándose en esta normativa? Ni hablar del peligro que representa para los propios seres humanos, especialmente los niños y niñas, que se permita cazar a cuatro cuadras de sus casas.

Probablemente en los sectores rurales la práctica de matar perros de esta forma debe ser bastante habitual, pero esta ley viene a sacramentar una conducta que es tan vergonzosa que ni siquiera está transparentada socialmente.

De todas formas, la idea de matarlos de un balazo parece mucho más piadosa que los asesinatos por envenenamiento u otras prácticas atroces que se usan de forma institucionalizada para el control de la población canina. Pero aquí no se ha hablado de una política sanitaria. De hecho, ya son muchas las denuncias que apuntan a que el interés en llevar adelante esta nueva norma, entre otras cosas, es que permite a los municipios deshacerse del problema de los perros vagos de forma rápida y barata. La visa para una matanza encubierta. Asimismo, serían estas mismas instituciones las acusadas de trasladarlos a sectores aledaños a las ciudades y pueblos, abandonándolos y, por consiguiente, motivando la creación de las temidas jaurías de perros asalvajados, que en medio de la nada luchan por su subsistencia y, por consiguiente, atacan  a otros animales. Esto no ocurre comúnmente en sectores urbanos, donde los que sobreviven suelen ser alimentados por las personas.

Y si no fueran funcionarios públicos los encargados de jugar al tiro al blanco con animales, lo que está ocurriendo acá además es que el Estado se está desentendiendo de su responsabilidad frente al problema de los perros abandonados y la está dejando en manos de privados. No sorprendería que incluso surgieran “emprendimientos privados” que buscaran comerciar con esta situación.

Impresiona también que la ley que busca promover la tenencia responsable de animales, paradójicamente también firmada por el Presidente Piñera, pero aún no implementada, siga en un punto muerto y se reactive la discusión en torno al tema sólo cuando algún caso remece la opinión pública, por lo tanto, es un potencial generador de réditos políticos para los parlamentarios y autoridades, mientras que esta reforma se tramitó de forma mucho más expedita.

En este sentido, este decreto es también un claro ejemplo de incoherencia en las políticas públicas – o de ese aparente descuido que nada tiene de inocente-, toda vez que la ley sanciona el maltrato animal y el abandono, pero sí permite la caza de perros.

Es inconsecuente también con el tipo de personas que como país queremos formar. La señal que están dando es clara: los problemas se resuelven a balazos y quienes generan complicaciones se eliminan. Ya no basta con el pésimo ejemplo de responsabilidad que se da a los niños cuando los miles de cachorros regalados para Navidad terminan en la calle en pleno invierno, cuando tienen seis meses o más, ya no son tan pequeños y comienzan a hacer destrozos, ahora además se les  puede disparar. Matar a campo traviesa a animales domésticos no puede estar más alejado del ejemplo que se debe dar para formar adultos cariñosos, preocupados por el prójimo, compasivos, respetuosos de las demás personas, pero también de la naturaleza  y los animales.  Es la opción contraria, la muerte y la destrucción la que priman en este tipo de políticas.

Efectivamente la sobrepoblación de perros vagos es un problema grave, desde el punto de vista sanitario, de seguridad, pero también ético y ciudadano.  Largos e infructuosos años de intentar resolver este conflicto con matanzas debiera dejar alguna enseñanza en las autoridades. O a lo mejor bastaría con el simple cálculo de que no importa cuántos perros (y gatos) se maten, ese nicho biológico se va a volver a llenar rápidamente con otros abandonados. Los ejemplos exitosos de países que han implementado políticas efectivas de tenencia responsable de animales, como la esterilización, la educación y las multas efectivas  a la ciudadanía, debiera hacer, al menos, algún tipo de eco al momento de reflexionar sobre estas materias.  Y este requerimiento no es sólo desde una perspectiva de protección a los seres vivos, es también desde la necesidad urgente de implementación de políticas públicas que resuelvan el problema de raíz y que no asuman que “en el camino se arregla la carga”, mientras se favorecen a algunos y se desprotege a otros que no tienen  voz para defenderse.

Es por eso que, aunque el tema ya no está en la primera  fila informativa, es importante no olvidarse de lo que ocurre. La matanza institucionalizada de perros nos puede servir para recordar que, tarde o temprano, a los ojos del poder, todos somos quiltros.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.