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Año XI, 18 de noviembre de 2019

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Dos años de promulgación

Organizaciones señalan que Ley Zamudio no reduce “cultura de discriminación”

Este jueves se cumplieron dos años de la muerte del joven Daniel Zamudio, caso emblemático que aceleró el trámite de la llamada “Ley Antidiscriminación”. A más de un año y medio de promulgado el cuerpo legal, organizaciones evalúan su funcionamiento.

Paula Correa

  Viernes 28 de marzo 2014 12:25 hrs. 
zamudio

Del 2002 a la fecha 26 personas han encontrado la muerte producto de la agresión por su identidad de género (según datos entregados por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual –Movilh). Entre ellos figura Daniel Zamudio, quien falleció el 27 de marzo del 2012, producto de una golpiza de carácter homofóbico y se convirtió en símbolo de la lucha contra la discriminación en nuestro país.

Pasaron menos de tres meses desde su deceso para que se destrabara y promulgara una iniciativa que había sido debatida por más de siete años en el Parlamento, la Ley Antidiscriminación. Así lo señaló incluso la Presidenta Michelle Bachelet quien este jueves hizo un reconocimiento público de la profunda reflexión que instaló el caso. Ya han pasado casi dos años desde que se promulgó la ley y distintos actores afirman que el corpus no es suficiente para enfrentar este problema cultural.

Si bien la ley contempla un mecanismo de acción judicial para quienes han sufrido una discriminación, de un organismo público o privado, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana sostuvo que la principal crítica es la omisión de otros contenidos relevantes, como la falta de incorporación de medidas de acción afirmativa, necesarias para corregir la discriminación, acciones preventivas para evitar que ocurra, como actos educativos, campañas públicas, capacitaciones, y una serie políticas que garanticen la igualdad de derechos.

Además, hay otros elementos que quedan sin sanción y cuyo peso o influencia social es potente: los discursos. Jaime Parada ex vocero de movimientos a favor de la diversidad sexual se embarcó en su propio proyecto, una fundación llamada  “Sin Odio” encargada de elaborar un proyecto de ley complementario a la Ley Antidiscriminación.

“No las acciones como las de la Ley Antidiscriminación, sino que los discursos del odio, desde cuando una autoridad pública expresa un discurso del odio, cuando hay discursos en el mundo privado que terminan siendo públicos, que inciten al odio. Eso en una determinada población eso debe ser frenado y debe ser castigado. Por otro lado, está el tema de educar en una cultura de la Paz tiene dos variantes, una legislativa y otra educacional, además, de una de reconocimiento de las buenas prácticas en torno a la cultura de la Paz”, indicó el dirigente.

Parada afirmó que en la también llamada “Ley Zamudio” tampoco están claros los mecanismos de reparación a las víctimas de violencia.  Ana Piquer Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, afirmó que hay temas como la identidad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la postura hacia mujeres y migrantes en los que los criterios no son comunes, en ese sentido apuntó a volver a mirar la Ley Antidiscriminación y las leyes que se vinculan.

“Tal vez vale la pena hacer una revisión completa de la ley en términos que permitan aclarar esas dudas, que permitan mejorar las reparaciones a las víctimas de la discriminación y que también permitan aclarar esta obligación de prevención y revisarla la demás legislación vigente, en términos de asegurar que no haya otros ámbitos de discriminación en otros cuerpos legales y que de alguna manera dejen en letra muerta lo que dice la Ley Antidiscriminación, que en el fondo es uniformar criterios”, señaló la experta.

En ese sentido,  la abogada se mostró preocupada por el rechazo del Estado de una serie de observaciones hechas por otros países a Chile en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, ya que muchas de ellas estaban profundamente vinculadas a terminar con ciertas discriminaciones.

Finalmente  las organizaciones hicieron un llamado a revisar también la institucionalidad interna y fortalecerla con iniciativas como crear un Instituto contra la discriminación. Esto además de insistir en que Chile se haga parte del derecho internacional en la materia, ratificando iniciativas como, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Discriminación que aprobó la OEA el año pasado.