Los crímenes del régimen cívico-militar en contra de opositores más o menos practicantes continúan, a 40 años de ocurridos, haciendo noticia, pese a que en el reciente mensaje presidencial no hubo ninguna propuesta sobre la materia.

El desafuero del diputado de Renovación Nacional Rosauro Martínez , por el asesinato de tres miristas detenidos, destapó en la cocina judicial una olla en que hay más presas.

El solo hecho que aquél logró ser electo parlamentario dos veces da cuenta de un engaño a los electores, al ocultar que en 1978 era agente de los servicios de seguridad y, por lo tanto, participante de la “guerra de exterminio” en contra de gente de izquierda. ¿Sabía el partido de estos antecedentes o fue también sorprendido? Lo más probable es que estuviese enterado, porque un activo militante, Alberto Cardemil, había sido subsecretario del Interior y después fue también diputado, como Martínez.

Pero la responsabilidad apunta también a las Fuerzas Armadas, porque ellas nunca han dado una información completa y acabada sobre los miembros de la DINA y la CNI, estuviesen ellos o no involucrados en violaciones de los Derechos Humanos. El comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre llegó a hablar de un “nunca más” durante la Presidencia de Lagos, y sus sucesores también han asegurado, que se entregó toda la documentación de que disponía el Ejército, cuando se constituyó la Comisión Valech para establecer los delitos de torturas y apremios ilegítimos. Pero el caso del diputado desaforado (quien apeló, pese a admitir que fue agente, pero que actuó de acuerdo a las leyes vigentes y que no participó en el crimen que se le achaca) demuestra que los altos mandos omitieron información.

Lo mismo ocurrió con los médicos torturadores que, perteneciendo a las FF. AA, fueron adscritos a los organismos represores.

Un lacerante reportaje documental de Chilevisión, emitido el miércoles 28 en el programa “En la Mira”, entregó estremecedores testimonios de sobrevivientes con mujeres y hombres violados en interminables sesiones de torturas y de familiares de los asesinados, e incluso de médicos que escucharon a un colega ufanarse de lo que hacían. Varios ejercen en la actualidad en clínicas como Las Condes e Indisa. Abordados por el equipo de periodistas investigadores, negaron su participación en los hechos. “Eso fue hace 40 años y todavía siguen con esas tonteras”, dijeron.

El doctor Guido Díaz Paci fue el más confuso en sus negativas. “Yo no supe nada, porque a los detenidos los tenían en el último piso… ¿Qué yo le dí el tiro de gracia al doctor Jorge Jordan Domic? Esas cosas no se hacían” ¿Y cómo sabía si se hacían o no? “Yo no participaba”. Terminó reconociendo una carta de felicitaciones del coronel Manuel Contreras por la causa que sirvió con “lealtad”.

El video completo está disponible en el sitio del canal bajo el rótulo “En la Mira: Médicos torturadores”y viene a sumarse a numerosas publicaciones sobre este y otros casos con civiles involucrados de este diario de la radio Universidad de Chile.

Otro frente lo reabrió el abogado Hernán Montealegre, cuando obtuvo que la Corte de Apelaciones ordenase al juez Mario Carroza que interrogue al ex senador Sergio Onofre Jarpa y al ex diputado Alberto Cardemil (quien no logró su ascenso al Senado en la última elección parlamentaria) por su conocimiento cuando fueron, respectivamente, ministro y subsecretario del Interior en 1985, del asesinato del estudiante de Ingeniería de la Universidad de Chile Patricio Manzano, de 21 años, militante del MIR y cuya aprehensión, junto a otros jóvenes, fue ordenada por Jarpa, después que aquellos participaran en reanudados trabajos de verano de la FECH.

El ex subsecretario ya había declarado voluntariamente hace algunos años y negó entonces conocimiento de lo que autónomamente hacía la CNI.

Pero Montealegre proporciona ahora un documento de Cardemil al general Gordon, jefe de ese servicio, donde evoca una reunión almuerzo en la que le entregó nombres de funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, un mes antes del degüello de Parada, Guerrero y Nattino.

No saber nada, como invocaban los empleados civiles del régimen militar, en un país en que todo ciudadano sabía o había oído algo de lo que le ocurrió a un familiar, amigo, compañero o conocido ya resulta inverosímil. En septiembre último, el entonces Presidente Piñera evocó a los “cómplices pasivos” del gobierno militar, pero los hechos demuestran muchos fueron más bien “autores pasivos”, en la medida que recibieron órdenes, pero las cumplieron un denuedo que los transformó en “cómplices activos”.

De a poco van saliendo hechos concretos que los implican. Y es lo que está ocurriendo con el diputado Martínez, los médicos, los parlamentarios y ministros y autoridades que se incorporaron a la democracia en 1989. Una democracia tapada por un manto de silencio, tejido no sólo por los militares que no han entregado toda la documentación, sino también por las dos coaliciones que desde entonces han compartido el poder.

Pero las consecuencias son imparables. El ministerio de Defensa estudia modificaciones al Código de Justicia Militar, que permite a los uniformados procesar imputados de cometer delitos en contra de ellos, lo que los convierte en juez y parte.

Y en el Vaticano un grupo de familiares y víctimas de la operación Cóndor expuso al Papa Francisco el plan que a escala sudamericana provocó desapariciones de detenidos. Hubo presencia de algunos chilenos, cuyo testimonio viene a reforzar lo que en el país se está diciendo de las atrocidades cometidas por civiles y militares durante la dictadura.