Una nueva y reciente encuesta realizada por la empresa Plaza Pública Cadem revela que un 83% de los consultados considera que la Reforma Tributaria afectará por igual a consumidores y empresas, mientras que un 68% estima que tendrá efectos negativos sobre la clase media, cifra que marca un alza de 12 puntos respecto al sondeo anterior.

Demás está señalar que, con tales percepciones, la propuesta del Gobierno ha aumentado su rechazo, el que ya llega a un 38%, con un apoyo estadísticamente similar de 40%, pero en un proceso en el que éste último ha bajado 6 puntos y la desaprobación subido 5 puntos.

Detrás de estos números, se manifiesta la percepción generalizada de que en Chile, quienes realmente hacen el esfuerzo son las capas medias, pues está internalizado que, de un lado, los sectores de menores ingresos reciben un amplio apoyo social-estatal, a través de más de un centenar de subsidios y ayudas, mientras que los de ingresos altos se las arreglan para pagar los menos impuestos posibles, al tiempo que, de alguna forma, terminan traspasando los costos de las alzas tributarias a los clientes o usuarios de los bienes y servicios producidos por sus empresas.

Si bien hay una amplia simpatía por el uso educacional que se le dará a los recursos de la Reforma, también se observa en la encuesta una obvia corriente de cansancio de estos sectores medios, especialmente encarnados en las generaciones que hoy tienen entre 45 y 65 años, quienes han soportado el grueso del esfuerzo que significó elevar el crecimiento de la economía nacional hasta ubicarla al borde de ingresar al club de las naciones más desarrolladas.

Son esas generaciones las que han entregado al país un aporte que ha implicado prácticamente decuplicar el PIB de Chile en 30 años, trabajando largas horas, con bajos salarios, pagando sagradamente sus impuestos al trabajo descontados desde sus remuneraciones y sin posibilidad de evadirlos. Cada una de esas familias, a su turno, ha hecho ingentes esfuerzos por entregar la mejor educación a sus hijos, sea en la particular, particular subvencionada con financiamiento compartido, en la básica, media, universitaria o técnico profesional, quitando horas al sueño, la recreación y el descanso.

El corazón de la Reforma apunta a recaudar un 3% del PIB actual, el que alcanza a unos US$ 280 mil millones, el más alto de nuestra historia republicana y que si estuviera mejor redistribuido, permitiría a los 17 millones de chilenos tener una vida de capa media, sin grandes problemas de acceso a la educación, salud y/o vivienda.

Pero la Reforma nuevamente le pide a esas generaciones US$ 8.200 millones, y aun cuando se haya asegurado que no se las afectará, ellas entienden que tendrán que volver a solidarizar, lo que, eventualmente, permitirá a las siguientes generaciones estudiar gratuitamente en colegios y universidades de calidad. Así, la señal equívoca está puesta: no tendrán que hacer los esfuerzos de sus padres para alcanzar una mejor preparación para la vida futura, se podrán equivocar en la elección de sus carreras u oficios y podrán estudiar no solo una, sino dos o más especialidades, pues la educación será “gratis”.

La pregunta, sin embargo, es porqué un país que es reconocido mundialmente por su buen comportamiento económico, prácticamente sin deuda fiscal y en un entorno de bajas tasas de interés internacionales, no entrega mejores señales a las futuras generaciones, en el sentido que la educación es un bien que si tiene costos y, del 3% del PIB que se busca recaudar, al menos un 1% se pague vía endeudamiento, de modo de traspasarle una equitativa carga a quienes serán los beneficiarios, sin volver a hacer caer este peso sobre generaciones que se merecen un descanso y utilizar sus pocos excedentes en más cultura, esparcimiento y tranquilidad económica.

En economía se define el “moral hazard” o riesgo moral como la situación que se produce cuando un individuo conoce las consecuencias de sus propias acciones y, no obstante, son otras personas las que pagan esas consecuencias. El riesgo moral nos indica que los individuos asumen en sus decisiones mayores riesgos, cuando las posibles consecuencias negativas de sus actos no son asumidas por ellos, sino por terceros.

El riesgo moral presente en una educación “gratuita” –como la entiende parte del movimiento estudiantil- es que gracias a la actual discusión ya todos sabemos que “no es gratuita”. Pero la decisión de la autoridad, de cargar nuevamente a las afanosas generaciones de capas medias de los 50’ a los 80’ con el costo de la educación de las próximas generaciones la hace aparecer artificialmente sin valor, incitando el peligro que sus beneficiarios asuman el riesgo de dilapidar el bien, desaprovechándolo en paros, tomas y marchas, sin considerar sus consecuencias, pues ha sido conseguido sin esfuerzo propio.