El terrorismo tiene una clara intencionalidad: alcanzar el poder a través del temor de toda una sociedad. Generalmente lo practican grupos de interés político, religioso y/o económico o el Estado. La historia reciente de Chile es bastante aleccionadora al respecto. Y en estos días hemos visto un renacer de tal tipo de acciones.
Hasta ahora, los organismos policiales parecen desorientados. Incluso se ha hablado de pedir asesoría a expertos foráneos, como el Federal Boureau of Investigation (FBI) de los Estados Unidos. Eso deja de manifiesto la falta de preparación que existiría en agencias locales para enfrentar este tipo de acciones. Ello, pese a que desde hace mucho se ha hablado de acciones terroristas en territorio chileno. Es lo que sostienen sectores de derecha con respecto a los ataques que con cierta periodicidad se producen en la Araucanía. En el gobierno anterior de la presidenta Bachelet (2006 – 2010), la ley antiterrorista, promulgada bajo la dictadura, se aplicada a tales casos. Pero hoy la percepción parece ser distinta.
En realidad, el tema es complejo. Los últimos acontecimientos ocurridos en Santiago tienen un carácter diferente. Han sido realizados con la clara intencionalidad de provocar daño a personas. Los dos últimos aparatos explosivos fueron colocados en el tren metropolitano de Santiago y en un boulevard comercial cercano a una estación de este sistema de transporte. Hasta el momento, tales atentados no han sido reivindicados. Y en las últimas horas se han conocido mensajes propalados a través de las redes sociales por organizaciones anarquistas, que rechazan la autoría o cualquier vinculación con tales ataques. Refrendando sus dichos, señalan que los objetivos que persiguen van contra el sistema y rechazan los atoques arteros que pueden lesionar a personas inocentes.
Resulta especialmente llamativo el anonimato en que pretenderían mantenerse los autores de los atentados. Es evidente que, aparte de provocar pánico, tales acciones debieran buscar reivindicar a sus autores como una alternativa ante el malestar que pueda incubarse en la sociedad y que la impulsaría a desear un cambio de sistema de gobierno. Por otra parte, que ello ocurra en el mes de septiembre, no resulta casual, sobre todo si se quiere relacionar estos hechos con quienes hasta hoy rechazan la dictadura militar que gobernó el país entre el 11 de septiembre de 1973 y 1990.
Para tratar de comprender este momento tan complejo, resulta indispensable conocer lo que piden los referentes políticos del país. El gobierno ha abierto un gran abanico destinado a aglutinar opiniones de condena a los bombazos. Ha tenido éxito. La administración Bachelet y sus opositores los han rechazado de manera categórica. Pero existen visiones distintas en cuanto a la atribución de la autoría.
Los medios de comunicación de la derecha -la gran mayoría de los existentes en el país- han señalado abiertamente, o insinuado, que sus autores son elementos anarquistas o de izquierda. Y como corolario, han ahondado una visión que están tratando de imponer desde el momento mismo que, en la campaña presidencial, Bachelet anunció reformas al sistema de tributos, a la educación y a la salud. El mismo día del bombazo en el Metro, el diario La Segunda, de la cadena ultraderechista El Mercurio, tituló: “El retorno del miedo”. Era una especie de remate a la sostenida reiteración de que Chile enfrenta una crisis desde que asumió, hace seis meses, el actual gobierno. Crisis en lo económico y ahora en lo social. Una especie de continuación de la administración de Salvador Allende. De allí la referencia al retorno del miedo, que fue el argumento que se esgrimió para justificar el golpe del ´73.
En este enrarecido panorama, resulta claro que Chile no está preparado para enfrentar una amenaza terrorista de envergadura. Y también es indesmentible que la autoría de los ataques se difumina en un mar de conjeturas. Pese a ello, es necesario preguntarse ¿a quién beneficia el miedo? Los anarquistas han señalado que sus objetivos son claros y se hacen responsables de ellos. Generalmente son organismos represivos o símbolos del sistema que buscan arrasar. La izquierda institucionalizada se encuentra mayoritariamente en el gobierno. Quedan pocas alternativas.
En este punto es conveniente formularse otra pregunta: ¿Realmente los grupos de poder económico y político se sienten amenazados por el actual gobierno? Sería la primera vez, desde el fin de la dictadura, en 1990, que tal cosa habría ocurrido. Y si así fuera, querría decir que ven como una posibilidad cierta que la actual administración intente alejarse de la imposición que, casi por manual, se ha hecho aquí del neoliberalismo.
Las preguntas sobre quien cosecha el miedo, seguirán flotando.