Los oficios, especialmente los independientes han estado en tierra de nadie. Quizás su incapacidad de aglutinamiento, la informalidad de los mismos, su escasa preparación y otros aspectos más, ha llevado a que no tengan el peso para generar un cambio relevante de su realidad.

Muchos de los oficios independientes son prestados por personas que no han contado con oportunidades, y que por las bajas barreras de entrada existente, han terminado ofreciendo algún tipo de servicio, sin gran preparación ni menos vocación, sino que obedeciendo solo a la necesidad de generar algún tipo de ingreso. Sin duda que la experiencia les ha permitido mejorar en su quehacer, pero las actuales condiciones del mercado que presionan hacia una mayor complejidad en todo el quehacer, está produciendo un rezago, también mayor para estos oficios. Paralelamente, el crecimiento del poder de compra, ha llevado a que las inversiones que se realizan en una serie de bienes que se asocian a los oficios, sean cada vez mayores. Así por ejemplo, las inversiones que se hacen en plantas y regadíos en el jardín de una casa de alto valor no permiten que sea cualquiera quien mantenga dicho jardín, sino que trabajadores con una serie de atributos que aseguren un adecuado servicio.

Dado este escenario, generar una política pública relacionada con este segmento es de gran relevancia por cuanto involucra a un gran número de prestadores y sus familias y porque de hacerlo de la manera correcta, propiciaría una serie de efectos muy positivos para el país.

Primero, potenciar la oferta de los actuales prestadores de oficios, pese a ser muy complejo pues requiere quizás lidiar con lo que implica la inercia de la informalidad, tiene como reverso el aprovechamiento de una experiencia que es para nada despreciable, y que se constituiría en la base para generar una pronta profesionalización de los servicios. Un caso análogo y exitoso es el que se ha realizado al alero de ChileValora, iniciativa público-privada, que certifica la experiencia de miles de trabajadores al interior de las empresas.

Segundo, trabajar y perfeccionarse es también mucho más probable de hacerlo en el caso de los prestadores independientes, por cuanto tienen un mejor manejo de sus tiempos. En este caso eventualmente se podría justificar incluso un subsidio que cubra el costo alternativo de formarse, que luego se esperaría recuperar toda vez que se le exija su formalización.

Tercero, y relacionado con el punto anterior, permitiría potenciar a entes formadores y capacitadores que satisfagan la permanente necesidad de los prestadores de oficio por mantenerse al día en sus conocimientos. Si bien los costos asociados a la formación de los oficios son mayores, pues se basan en experiencia directa y real, los tiempos asociados a dicha formación son menores, lo que implica también menores tiempos para su inclusión laboral y generación de ingresos.

Cuarto, y lo más importante, es que de desarrollar una política de este tipo, sería posible mejorar el nivel de la calidad de los oficios, abrir un espacio más amplio de alternativas educacionales y laborales y bajar la presión hacia una idea inconducente de que todos debemos ser universitarios.

Por Cristóbal Camino, socio fundador de OpenYob.