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Roberto Meza

La CPC y las Reformas

Roberto Meza | Jueves 1 de enero 2015 9:34 hrs.


Las apasionadas polémicas públicas que las reformas económicas, sociales y políticas que lleva a cabo el Gobierno han generado en nuestras elites, constituyen material del mayor interés para observar nuestro comportamiento cultural, pero, por sobre todo, la capacidad que tenemos para, de un lado, creer a pie juntillas en lo que pensamos y, por otro, nuestras dificultades para aceptar esa misma fe del otro, en sus propias creencias.

Por de pronto, para los asiduos a las conspiraciones y detección de patrones gruesos, debe resultar curioso que la cúpula de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se haya dividido en su apreciación respecto de la reforma laboral, pues mientras para el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), Jorge Awad, la propuesta del Ejecutivo es “pro Chile”, para el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, es “pro-sindicato”. Algunos se explicarán el incordio porque Awad se va y llegará a la presidencia de la Abif, Alfredo Moreno, de la mano de su nueva presidencia en el Banco Penta.

Respondiendo a Awad, empero, Santa Cruz ha aclarado que su postura es la que refleja la posición de todo el empresariado reunido en la multigremial. Otro dirigente, Roberto Fantuzzi, presidente de Asexma, ha afirmado que la de Santa Cruz “es sólo la posición de las grandes empresas”, las que, por lo demás, son las que tienen la mayor parte de los sindicatos. Las Pymes, dice Fantuzzi, dan trabajo a casi el 80 por ciento de la fuerza laboral del país, pero cuentan con sindicalización muy baja porque en su mayoría “son empresas de menos de ocho trabajadores” o porque se trata de firmas familiares.

Evidentemente, Santa Cruz funda su opinión en datos, criterios de combinación mental y previsiones, resultados del análisis de especialistas, otros dirigentes empresariales, políticos o economistas favoritos, los que han concluido que la reforma laboral es “pro-sindicatos” y no “pro-trabajadores” (especialmente los desempleados, que no tienen organización que los proteja).

Esta mirada, empero, no es compartida por los grandes empresarios que ven con preocupación el impacto que las reformas podrían tener en su competitividad –y por lo tanto, en sus utilidades y supervivencia-, dado el previsible aumento de costos ya afectados por una reforma tributaria que traspasará unos US$ 8 mil millones anuales al Estado, lo que desde su perspectiva, son US$ 8 mil millones menos para reinvertir en el crecimiento de las propias firmas, restándoles competitividad y poniéndolas en riesgo de perder y cerrar.

La reforma laboral se ve, entonces, como un golpe adicional a su sustentabilidad de largo plazo, en la medida que predicen un comportamiento sindical que, con mayor poder de negociación, debería exigir una mayor tajada de la torta a repartir a la hora de las utilidades. Adicional y políticamente, prevén que el Estado malgastará parte de los mayores impuestos en más burocracia y dispendio político, sin que mejoren sustancialmente la educación, salud o previsión.

En EE.UU. hay un dicho que indica que “quien habla en serio, lo hace con sus bolsillos”. De allí que Awad haya defendido su punto afirmando que, si de eso se trata, el empresariado chileno está más optimista que lo que indican sus palabras. Fantuzzi, en tanto, ha afirmado que las declaraciones de Santa Cruz muestran un injustificado miedo empresarial a un comportamiento “irracional” de los trabajadores que pudiera poner en peligro la administración de las compañías, al aprovechar el mayor poder de negociación que le otorga el proyecto de Gobierno. Llama, en consecuencia, a rechazar esta profecía porque estima –con Awad- que a los trabajadores les importa más que a nadie que a la empresa le vaya bien, aunque, por cierto, para que a ellos también les vaya mejor.

¿Quién tiene la razón? Ingratamente para efectos de una más cómoda toma de posiciones, los contrapuestos argumentos tienen similar consistencia lógico-racional y hay profusa matemática y estadística para “certificar” ambas posiciones. De allí que las previsiones deban pasar la prueba de la realidad, pues nadie puede asegurar lo que el futuro de tales reformas depara: son demasiados los datos concurrentes y las sociedades no se comportan como la química o las matemáticas. Lo confirman los ya demasiados fiascos predictivos de cientistas sociales y economistas que nunca vieron venir la crisis del 2008.

Y si bien la conservación tiene a su favor la preminencia del éxito pasado, tampoco es posible asegurar que el statu quo asegure nuevas victorias. Del mismo modo, los cambios, por más populares y deseados que sean, no garantizan mejoras, aunque tampoco dan pauta para afirmar su fracaso inevitable.

Somos productores de “patrones” y de “ordenes naturales” que solo están en nuestras mentes, aunque, desde ellas, podemos materializarlos, a condición de la unidad de propósitos, de generar las confianzas políticas requeridas para impulsar las acciones que apunten en la dirección deseada y reconocer, todos por igual, que la mayoría de las veces nos convencemos de futuros -nefastos o esplendorosos- mucho antes de que la lógica argumental o matemática se transforme en la armadura con la cual salimos a combatir al otro, sin haber hecho el esfuerzo vital de buscar las convergencias que crean mejores futuros, compartidos y estables, porque en su base está un renovado animus societatis.