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Año XI, 20 de septiembre de 2019

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Yasna Lewin

En busca de la salida

Yasna Lewin | Miércoles 22 de abril 2015 8:35 hrs.

La salida a la crisis política que sacude al país hace casi cuatro meses se debate ahora entre dos caminos: la alternativa de un acuerdo político de contención de daños, o bien, la convocatoria anticipada a elecciones  parlamentarias.  Y a pesar de las apariencias,  en cada una de estas opciones cohabitan intereses contrapuestos.

El esfuerzo de contención que encabeza el Gobierno busca mantener  su agenda de reformas estructurales, sobre la base del improbable supuesto que la Presidenta pueda  recuperar su liderazgo y reimpulsar sus proyectos.  Como ya es explícito, esta estrategia pretende además amortiguar los golpes judiciales, a través de soluciones administrativas para los delitos tributarios, y enfrentar la desconfianza mediante una insistente e insultante negación.

Aunque sin ninguna intención de favorecer las reformas, el camino del Gobierno también lo siguen la derecha y el empresariado, con el entusiasmo de haber conseguido el empate moral entre Penta, Caval y Soquimich. La evasión de la Justicia les es más atractiva porque jurídicamente es más fácil de establecer el involucramiento de los políticos de este sector y su maridaje con los grandes grupos económicos. Se trata de una relación histórica, sistemática, más onerosa y más explícita que en otros sectores políticos, pero que al fin y al cabo salpica a todos por igual.

Ambos ignoran que el mal de muchos sólo consuela a los tontos y, en general, la ciudadanía no adolece de ese déficit. Apuestan a que la agenda de probidad y transparencia que se tramita en el Congreso tranquilice los ánimos y suponen que la salida administrativa del SII frenará los procesos judiciales, en la medida que la Justicia no logre establecer delitos de cohecho.  Adicionalmente, creen haber logrado que el principio judicial del debido proceso se traslade a la política y, entonces, la honra de la elite pase a ser más relevante que su (i)responsabilidad política.

Del otro lado, se ha planteado la audaz idea de anticipar las elecciones, involucrando a los ciudadanos en la solución de la crisis. En apariencia, la iniciativa resulta mucho más democrática que la estrategia de La Moneda y obliga a los responsables a enfrentar en las urnas el juicio ciudadano. La propuesta tiene la ventaja de sacar el problema de la cocina y ofrecerle a los electores una participación más directa en la solución de la crisis.

Sin embargo, llama la atención que figuras emblemáticas del stablishement apoyen con tanto entusiasmo esta salida, mientras el Gobierno los interpela a sincerar sus verdaderos propósitos de frenar las reformas. En efecto, convocar a elecciones anticipadas significaría una parálisis legislativa de a lo menos tres meses y dejaría al Ejecutivo completamente marginado del debate público.

Además, en este clima de desconfianza ¿cuántos votantes acudirían a las urnas? Y sin financiamiento para las campañas ¿quién tendría mayores chances de posicionamiento? La experiencia  empírica demuestra que la abstención y el desconocimiento de los rostros nuevos favorecen a los incumbentes, es decir, a quienes van por la reelección después de largo tiempo para su posicionamiento.

En otras palabras, una elección anticipada podría convertirse en una mera aclamación ratificatoria que blanquee a los parlamentarios involucrados en los escándalos conocidos y por conocer.

La convocatoria a las urnas es una extraordinaria manera de devolverle poder a los ciudadanos, para garantizar una salida transparente al trance que vive la democracia. Pero ello requiere someter al escrutinio algo mucho más relevante que la representación parlamentaria en una institución enferma de descrédito.

De ahí que la cuestión constitucional se asoma con más fuerza que nunca y una digna manera de enfrentar esta crisis sería anticipando elecciones para elegir a un constituyente que proponga al país una nueva Carta Fundamental.  Algo que, por lo demás, también está en el programa de Gobierno.