Durante el proceso en la Corte Internacional de la Haya para frenar la demanda boliviana por una salida soberana al mar, hemos visto a la clase política y, también a la empresarial, cerrando filas en torno a la defensa de la soberanía chilena sobre los actuales territorios del norte del país. Parece haber un acuerdo general de las clases dirigentes sobre la importancia de mantener la defensa de la soberanía nacional ante todo evento, al menos exterior. En este sentido la soberanía se encuentra estrechamente ligada a cierto sentimiento nacionalista, que brotaría de forma natural en todos los grupos políticos por el solo hecho de pertenecer al Estado-Nación Chile, lo cual es altamente celebrado como un valor frente a las pretensiones de países extranjeros sobre lo que supuestamente nos pertenece. Pero, más allá de la idea de que corresponde a un sentimiento espontáneo y muy patriótico no parece haber mayor acuerdo sobre su contenido. Porque ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía? ¿De quién es esa soberanía? ¿A quién o quiénes les pertenece? ¿Cómo se ejerce esa soberanía en la vida política diaria del país? La verdad es que no es fácil identificar estos aspectos en el discurso político y dar una respuesta clara a estas preguntas.

Mientras se sostiene la bandera de la soberanía nacional hacia el exterior, se percibe cierta indiferencia en la actitud de las clases dirigentes hacia las demandas de la sociedad en general y, de las y los ciudadanos en particular, en cuanto a ir alcanzando mayores niveles de igualdad en diversos ámbitos, como educación, jubilación, cultura y, por sobre todo, en la forma de alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de sociedad que como pueblo soberano queremos darnos. Las clases dirigentes se han resistido de diversas maneras a las reformas reclamadas por la ciudadanía desde hace mucho tiempo, como si sólo ellos pudiesen decir, hablar en nombre de lo que necesita Chile. Aun cuando se han planteado reformas desde la comisión Engel de gran importancia, la negativa a realizar una Asamblea Constituyente para darnos una nueva carta fundamental, marca la pauta respecto a lo que podemos intuir que las clases dirigentes entienden como el ejercicio de la soberanía nacional. Lo que sorprende es que en ningún caso parece incluir a las y los ciudadanos comunes, al pueblo que en toda democracia es considerado el último y primer soberano. Como si los gobernantes fuesen la fuente del poder democrático, y no tan sólo sus representantes por votación popular.

Una vez que desaparece el rey, el soberano, el pueblo como colectivo ha pasado a constituir la fuente del poder, eso es lo que distingue a las repúblicas democráticas. Como colectivo nos indica que ese poder debe estar vacío en democracia, esto significa que no puede haber gobernantes que se apropien el poder y cuya palabra sea indiscutible.

Sin embargo, luego de las paupérrimas cifras de apoyo que ostentan los dos grandes conglomerados políticos con representación parlamentaria esa indiferencia bien podría parecer soberbia. Pues cómo entender el monopolio que reclaman sobre la posibilidad de hablar de ciertos temas en momentos en que los conflictos de intereses evidencian su falta de ecuanimidad frente a todas y todos los chilenos. En este contexto, cuando se trata de los problemas de la política interior, la defensa de la soberanía hacia el exterior suena una defensa hueca. Escuchamos un discurso que no logra generar una conexión con la práctica cotidiana de las y los conciudadanos que conformamos este país. La Asamblea Constituyente no es una petición estrafalaria de un grupo, sino el derecho legítimo que como sociedad democrática tenemos a discutir y definir las bases del país que queremos construir en un proceso abierto y participativo a todos quienes conformamos la titularidad de esa soberanía que tanto hoy se defiende.