“Todos x Chile” se leía con gigantes letras rojas en el telón de fondo que usó el viernes el Gobierno, para anunciar una nueva carta de navegación. Aunque en honor a la “franqueza” que se reclamó en ese encuentro del gabinete en el Estadio San Jorge, el acto merecía otra  leyenda: “clausurado”, pues lo que hizo allí la Presidenta fue bajar la cortina y abdicar de su mandato de transformaciones.

Alardeando sinceridad y realismo, Michelle Bachelet hizo suya la falacia más recurrente de  la conversación económica de las últimas tres décadas; aquella que condiciona el bienestar social a un crecimiento económico genérico, como si diera lo mismo su impacto distributivo, su marco de derechos o el tipo de relaciones sociales que lo generan. Sin crecimiento no hay reformas sustentables, dijo la Presidenta, como si hablara de un programa de tecnología espacial y no de un conjunto de transformaciones destinadas a democratizar la producción y la distribución de nuestras riquezas.

Definitivamente, la excusa del crecimiento para entrabar los cambios luce mejor en los salones de Casa Piedra que en la arena de las políticas públicas, donde hasta la más ortodoxa perspectiva liberal fue capaz de traducir el programa de Gobierno al código tecnocrático: reforma educacional significa capital humano, reforma laboral equivale a cohesión social y nueva Constitución es igual a un clima de estabilidad para el propio crecimiento.

Tan engañoso fue el discurso del realismo, que la Presidenta necesitó apelar al cliché más relamido del establishement: el Estado no está preparado para los cambios. Como si gobernar se tratara de seguir los designios de la física, en lugar de moldear la realidad, articular alianzas y generar condiciones para cumplir los mandatos de la soberanía.

Hay que admitir que esta retórica del falso sinceramiento se funda en una premisa genuina: tal es la envergadura de la crisis de credibilidad, que el Gobierno agotó sus fuerzas para cumplir el programa. Es cierto que con apenas un cuarto de aprobación ciudadana, y una adversidad económica más prolongada de lo previsto, resulta ingenuo mantener intacto el plan original.

En este escenario, es auténticamente realista asumir la derrota de la agenda de transformaciones, desplegar una estrategia de ajuste de expectativas y esperar a que se estabilice el sistema político, frente a la peor crisis de credibilidad que haya afectado a Chile.  Pero hablemos con la verdad: el problema no es la economía sino la política.

Digamos las cosas por su nombre: para enfrentar intereses poderosos se necesitaba un programa de alta calidad técnica y, sobre todo, un patrimonio ético muy superior al que terminó develándose con los casos Caval y Soquimich.  Ese, y no el económico, es el sinceramiento que hace falta. Los proyectos de reforma fueron técnicamente malos y sus autores no estaban a la altura moral que se requería.

Es obvio que hace falta un plan B, pero  hay que formularlo sin engaños y, sobre todo, entendiendo que el descrédito de la elite política y económica no se origina en simples irregularidades de financiamiento de campañas, sino en la constatación empírica por los ciudadanos de una complicidad profunda entre los abusos del mercado y una parte importante de la elite, que disfrazó de consensos y pragmatismo lo que, en realidad, era un conjunto de intereses individuales.

Ya no está la fuerza inicial con que partió este Gobierno, pero tampoco hay espacio para el retorno a esa medida de lo posible cuya métrica la definen los intereses privados y no el bien común.

El plan B debe apuntar a recuperar fuerzas para cumplir con las demandas de cambio, buscando apoyo donde se perdió: en la ciudadanía. Invitando a un nuevo pacto social en que las demandas sociales hagan imposible la renuncia al programa. Donde la medida de lo posible la definan los problemas de la gente, no el bolsillo de la CPC.