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Fin de la transacción cívico-militar

Columna de opinión por Hugo Mery
Miércoles 19 de agosto 2015 8:39 hrs.


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El vuelco en la larga transición de civiles y militares sobre los crímenes cometidos durante y después de la dictadura tuvo su reciente coronación cuando el conscripto Fernando Guzmán revelo la conformación de un acuerdo de silencio impuesto por los altos mandos al personal que opero en el caso Quemados.

La convivencia de políticos, militares y poderes económicos comenzó a escribirse el día uno de la vuelta a la “democracia” al asumir el presidente Patricio Alwin un coro de pifias recibió en el estadio nacional su proclama de una convivencia entre ciudadanos y uniformados. El las enfrento insistiendo en su planteamiento.

Meses después, el Mandatario formo una comisión de Verdad y Reconciliación, sin formular el concepto “Justicia”. Pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos, sin especificar que de ellos eran responsables las instituciones armadas. Claro, todo esto guardaba la idea de que solo se haría justicia “en la medida de lo posible”.

Las fuerzas todavía bajo la égida del comandante en jefe Pinochet, rechazaron el informe y no prestaron ninguna colaboración para el esclarecimiento de los hechos. Al contrario el dictador en retiro advirtió que no aceptaría que se tocara a ninguno de sus hombres.

Todo esto fue alimentado por un consenso de las nuevas y viejas fuerzas del poder sobre una constitución a gusto de todos con amarres autoritarios que se anudaron aun más, con los ejercicios de enlace y boinazos por los pinocheques del hijo mayor de Pinochet y el regalo de empresas del Estado a su ex yerno Ponce Lerou y otros empresarios favoritos.

El sistema electoral binominal de Jaime Guzmán permitió que este fuese elegido Senador por Santiago Poniente, aunque llegase tercero después de Lagos, el poder compartido llego a su fin el 16 de octubre de 1998 cuando Pinochet fue detenido en Londres.

Al juzgársele en Chile y no en el extranjero – como exigieron el Presidente Frei, el Canciller socialista Gabriel Valdés y otros pro hombres como el también socialista José Miguel Insulza- ya antes
jueces como Juan Guzmán abrieron procesos y la dirigente comunista Gladys Marín presento querella por su marido desaparecido. Antes el dictador y general en retiro se había integrado al Senado como miembro vitalicio departiendo, copas de champagne y comidas con el presidente de la cámara el socialista Viera Gallo y otros parlamentarios.

Ante juicios sobre el caso Riggs, la defensa de Pinochet adujo demencia senil, quien contesto preguntas judiciales con frases como “no es verdad usía” y al insistírsele sobre pruebas decía:”no me
acuerdo y si no me acuerdo no es verdad”.

El ex conscripto Guzmán no fue el primero en descorrer el velo. Antes lo hizo el suicidado General Ramírez cuando estableció judicialmente que el propio Pinochet ordeno en 1991 sacar del país al Químico Berrios, operador en la DINA y CNI del gas Sarín y que después fue encontrado asesinado en una playa de Uruguay.

Posteriormente el apodado mocito, quien sirvió para el general Contreras revelo todas las torturas y asesinatos que presencio en una casa de Simón Bolívar en Santiago, según se pormenoriza en el libro “La danza de los cuervos. El Destino final de los detenidos desaparecidos”, del periodista Javier Rebolledo y el documental de Marcela Said y Jean de Certeau, “El Mocito”.

Contreras se resistió vivamente a su detención por sus crímenes, y aunque el Ministro de obras publicas de entonces Ricardo Lagos resintió que se creara punta Peuco, como Presidente impulso la
creación de Cordillera, un résort penitenciario que finalmente cerró el Presidente Piñera, denunciando a los cómplices civiles del régimen militar pese a toda esta historia de transacciones.

El redivivo caso Quemados ogro como un vuelco impensado, con una lucida Carmen Gloria Quintana que tuvo ahora la cobertura que se le negó cuando fue quemada.

El fin de los encubrimientos negados por las fuerzas armadas depende ahora de la energía que imponga el gobierno sobre unas instituciones subordinadas con la degradación de los generales condenados hasta 500 años, sin asistencia a sus honras fúnebres de compañeros y altos mandos y sin armas que les permitan llevarse a la tumba sus secretos.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.