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Año XII, 5 de agosto de 2020

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Sueldos de la ANFP son investigados por el Ministerio de Justicia

En los próximos días se definirá la situación en la que queda la ANFP, que arriesga perder la personalidad jurídica en caso que se determine la ilegalidad por los pagos a Sergio Jadue y cinco de los seis hombres que componen el directorio.

Diario Uchile

  Martes 8 de septiembre 2015 11:45 hrs. 





La cartera de Justicia determinó que los sueldos del presidente de la ANFP, Sergio Jadue, y de otros cinco de sus seis directores eran ilegales, por lo que pidió el retorno de los dineros a las arcas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Según se informó en Canal 13, al ser una institución sin fines de lucro, los salarios determinados por el mismo directorio estaría fuera de lo legal, por ello se les otorgó un plazo de treinta días hábiles para que la ANFP entregue sus descargos o, en caso contrario, anule los contratos y se reembolsen los dineros indicados.
Carlos Aguilar, jefe del departamento de personas jurídicas del Ministerio de Justicia señaló que, “había una infracción, una irregularidad de carácter civil que tenía que ver con la remuneración que se le otorgaba al presidente” y otros dirigentes de la entidad.

Entre los antecedentes mencionados por el Ministerio de Justicia, en caso que la ANFP no diera cumplimiento a las instancias exigidas, correría el riesgo de la cancelación de su personalidad jurídica.

El viernes, la Asociación que dirige Sergio Jadue fue notificada de la resolución. Desde el interior del recinto de Quilín confirmaron a La Tercera que la defensa se abocará al artículo 551 del Código Civil, el cual indica que las corporaciones pueden establecer remuneraciones para sus directores cuando está autorizado en sus estatutos.

Habría sido en la última sesión de socios que los cargos al directorio serían remunerados, modificación que se presentó ante los organismos correspondientes en el plazo legal, sin que obtuvieran algún tipo de reparo por ello, explicaron.

“En base a lo anterior, no compartimos la interpretación antojadiza del Ministerio de Justicia y, dentro del plazo de 30 días que nos otorgaron para hacer los descargos, los haremos. Dependiendo de la respuesta que tengamos, concurriremos a todos los recursos que otorga el estado de derecho para hacer respetar nuestros estatutos”, indicó Óscar Fuentes, secretario ejecutivo de la entidad.