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Año XI, 15 de octubre de 2019

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Alimentos y transporte: el golpe diario al bolsillo de los chilenos

Existe consenso sobre el creciente costo de la vida en las grandes ciudades de Chile, siendo estas dos áreas en las cuales se hace más patente: "Hay que poner en cuestión el contexto de una sociedad con los derechos altamente mercantilizados", aseguran desde Fundación Sol.

Gonzalo Castillo

  Sábado 31 de octubre 2015 20:37 hrs. 
Supermercado

En medio de la colusión denunciada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que alertó de una asociación ilícita para elevar los precios del papel higiénico, elemento básico de la canasta de necesidades, surgen preguntas en torno a los precios que los chilenos pagan para vivir.

Alimentos y transporte son parte importante del alza del costo de la vida que han experimentado los chilenos en los últimos años. Nuestro país está en el segundo lugar de la OCDE donde más se han incrementado el precio de los alimentos, con un 7,5 por ciento de inflación, después de Turquía, que presenta un alza de 9,3 por ciento.

Mientras tanto, el promedio de precios en el resto del mundo ha disminuido en alrededor de un 20 por ciento, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo a algunos expertos, una de las principales razones por las que no se manifiesta en Chile esta tendencia a la baja en el valor de los alimentos, tiene que ver con el precio del dólar, que en los últimos meses ha experimentado un alza de entre un 15 y 20 por ciento, lo que frena una posible caída de los precios.

En tanto, el transporte público, especialmente en Santiago, representa un gasto del orden de los 30 mil pesos promedio para una población en la cual de la cual el 50 por ciento de los trabajadores gana menos de 305 mil pesos.

El economista de Fundación Sol, Gonzalo Durán, sostiene que desde hace un tiempo se advierte un alza atípica en los precios de los alimentos para el caso chileno, lo que impacta de manera directa a las familias más pobres, y según un informe de la OCDE, el 30 por ciento de los chilenos se debe endeudar para poder alimentarse, y uno de los elementos fundamentales que explicarían este nivel de precios, tiene que ver con el punto de venta, en este caso los supermercados.

“El precio en ese punto de venta varía mucho entre una comuna y otra, y ahí se da una suerte de arbitrariedad, de sacar la máxima plusvalía a los distintos perfiles de consumidores, y eso se da en un país donde cada vez más nos damos cuenta que de libre mercado tiene muy poco, más bien aquí lo que se da es una imposición del capital”.

Otro de los factores sobre los que hace énfasis Gonzalo Durán, tiene que ver con el proceso de reducción de la producción local como consecuencia de la introducción de las empresas transnacionales, generándose una suerte de “dominación” de parte de esta última; generándose las condiciones para que surja “una especie de burbuja en cuanto a productos de necesidades más básicas”.

“No hablo sólo de los alimentos. Aquí también hay que poner en cuestión el contexto de una sociedad con los derechos altamente mercantilizados, ya sea la Salud, lo que pasa con el derecho a la vivienda, las pensiones, la educación, entonces es una carga que se le está achacando, sobre todo a las personas que viven de su trabajo, la clase trabajadora”.

En este sentido, el diputado del PPD, y presidente de la Comisión de Economía de la Cámara, Joaquín Tuma, señaló que es muy difícil de intervenir en esta dinámica de precios, dada la condición de “libre mercado” que impera en nuestro país, lo que genera “un tema muy complejo para la gente de menores recursos”, y sostuvo que le ha pedido al Gobierno que, además de la educación cívica, se implementen campañas de educación financiera.

“Porque uno de los problemas que tiene mucha gente, es que cuando trabaja de joven no se preocupa de que va a llegar a viejo, no se preocupa de que los contratos que tienen sean cumplidos, que les paguen todas las imposiciones, tienen lagunas, y cuando llegan a jubilarse, se encuentran con que la pensión es bajísima, porque ellos no se preocuparon de juntar un ahorro suficiente para mejorar su pensión en la vejez”.

Y justamente ese es uno de los puntos que más enfatizó el diputado del PPD, la capacidad de ahorro que, a su juicio, el grueso de la población no tiene: “La gente no sabe ahorrar. Reciben un bono de 100 mil pesos, y gastan 200, y después tienen que gastar 100 más en intereses por lo que deben”.

Louis de Grange, experto en Transportes y director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Diego Portales describió los problemas principales que explican las altas tarifas del transporte público en Santiago: estructura empresarial ineficiente e incentivos inadecuados, hacen que los costos aumenten, los que se suplen con los subsidios, pero genera un descontrol sobre estos costos.

Sobre una eventual rebaja en las tarifas del transporte público, De Grange descartó esa posibilidad, señalando que la aspiración inicial es rebajar los subsidios, y para ello planteó que se deben mejorar aspectos como la implementación de la propiedad estatal de los terminales de Transantiago, que en la próxima licitación se adjudiquen empresas más pequeñas los servicios y que los buses sean más compactos, desechando los articulados, símbolo de este sistema.

“De hecho el Metro, que es más caro, no lo percibimos como tanto más caro respecto de los buses, entonces cuando inauguren las líneas 3 y 6 creo que ahí la gente va a pagar de mejor manera, más contentos la tarifa de Metro. El problema son los buses, ahí es donde se produce una disociación entre tarifa y calidad de servicio”.

Andrés Fielbaum, ingeniero y magíster en Transportes de la Universidad de Chile, destaca que la decisión de potenciar el transporte público, “es fundamentalmente un tema de voluntad política”, y recordó que en el caso chileno, el desembolso mensual que, en promedio, debe hacer una persona corresponde a una parte importante de su sueldo, muy por sobre el promedio regional, salvo Brasil, “y eso demuestra que esto no tiene que ver con tener más o menos recursos, sino con un tema de voluntad”.

“Esto es gravísimo porque termina despotenciando el uso del transporte público, lo que significa más contaminación, más congestión, y peor calidad de vida para todo el mundo. Y también significa que para la gran mayoría de la población el poder acceder a la ciudad se convierte en un lujo, entonces de qué nos sirve estar construyendo parques, estadios, etc. que permiten vivir mejor si es que, finalmente, acceder a ellas es imposible por lo caro que significa trasladarse”.

El ex presidente de la FECh aseguró que “sí o sí” el subsidio al transporte público debe ser importante, ya sea estatal o privado el sistema, para proveer de un servicio digno, sobre todo a las grandes ciudades, como Santiago, Valparaíso o Concepción. Además, Fielbaum llamó la atención sobre la forma en que se fijan las tarifas del Transantiago -un panel de expertos determina el costo-, postulando la posibilidad de que exista mayor participación ciudadana en esta deliberación, que genere un valor del pasaje acorde a la realidad salarial del país.

Por su parte, la diputada del PS, Jenny Álvarez, presidenta de la Comisión de Transportes, sostiene que el costo del transporte no sólo es alto en Santiago, sino que en regiones también es un problema sensible para la población de más escasos recursos, por lo que llamó a incrementar los subsidios a este ítem por parte del Gobierno.

“Tenemos que caminar para lograr destinar más recursos para mejorar el transporte público, y en ese sentido, mejoramos también la calidad de vida de la gente de más escasos recursos, quienes son los que mayoritariamente usan el transporte público, e introducir más subsidios para, también, desincentivar el uso del transporte privado”.

Finalmente, el economista Gonzalo Durán, hizo hincapié en la necesidad que el Estado pueda tener un rol más incidente en la regulación de estas alzas de precios, pero para eso se debe cambiar la Constitución para que permita que en áreas que hasta ahora son privativas del mercado, pueda haber injerencia de la Administración Pública.

“La gran traba que existe en Chile, tiene que ver con –inevitablemente- el tema constitucional. Desde el momento en que se plantea que el Estado no puede intervenir en aquellas áreas donde el mercado sí lo hace, como lo que vimos con el caso de la farmacia popular de Recoleta, que se tiene que instalar casi con un subterfugio de que es una farmacia cerrada, en los otros mercados oligopólicos nos enfrentamos al mismo problema”.