El Comité de Evaluación de Ley de la Cámara de Diputados, entregó a las autoridades nacionales el informe del estudio sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que lleva cerca de ocho años en vigencia.
Según el documento, la normativa aún carece de un sistema de justicia juvenil especializado y se sigue juzgando a adolescentes con criterios de alumnos.
En cuanto a las sanciones, la multa y amonestación, denuncian que tampoco colaboran con la reinserción de los jóvenes socialmente, en consecuencia, faltaría especialización de los actores del sistema (tribunales de justicia, jueces, policías y otros) en temas psicosociales.
Además, gran parte de la población que cumple sanciones por la Ley de Responsabilidad Adolescente son mayores de 18 años y la oferta programática no se hace cargo de los adultos bajo el régimen.
El presidente del Comité de Evaluación de la Ley, diputado DC Pablo Lorenzini, indicó que no hay una coordinación entre el Servicio Nacional de Menores (Sename), Carabineros y la Justicia, en similitud de objetivos y delimitación de tareas. Así, llamó a tener “un enfoque preventivo, no solamente punitivo”.
El representante de la falange criticó el que “nos encontramos con que mientras se piden más penas, hay niños de 14, de 15, algunos pasan a la adultez. Hay combinación de adultos con jóvenes sin una bifurcación que defina cuál es la pena, cuánto es el tiempo y cómo ahí tratamos de mejorar”.
Lorenzini añadió que se necesita inyectar recursos en los servicios para la capacitación y especialización de los profesionales a cargo, al igual que para la reinserción de los jóvenes.
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado DC Matías Walker, indicó que hay que avanzar hacia un Servicio de Reinserción Juvenil que asuma las competencias que hoy tiene Sename y Gendarmería: “Hemos insistido mucho en el marco de la Agenda Corta Antidelincuencia, que si bien hay que aplicar sanciones efectivas a los reincidentes, en el caso de los adolescentes infractores de ley hay que privilegiar la reinserción y rehabilitación, cumpliendo condenas en el medio libre. Esto lo ha recomendado la Fundación Paz Ciudadana, la Defensoría Penal Pública y la misma Corte Suprema”.
Walker comentó que el Programa 24 horas que está desarrollando el Ministerio de Justicia con el Sename apunta en la dirección correcta al enfocarse en el entorno del adolescente infractor de ley, en su familia, su asistencia al colegio, etcétera.
La investigadora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) Margareta Selander, y directora del Programa de Apoyo Sicosocial para la Reescolarización del organismo, se refirió a su trabajo en el Centro Cerrado de Jóvenes ubicado en San Bernardo.
Para la profesional, lo más grave es la carencia de “condiciones logísticas, infraestructura que para ellos mismos que sean humanamente de calidad. Tampoco hay espacios para instituciones u organizaciones externas como nosotros, que trabajan en el área de drogas o en la misma escuela. Esto sucede en este Centro y se repite en otros también”.
La profesora de educación básica reconoce esfuerzos por parte del Sename, no obstante, criticó la brevedad de las capacitaciones laborales, las que no siempre se adecuan a las necesidades e intereses de los jóvenes.
Por último, parlamentarios del Comité de Evaluación pretenden ingresar un proyecto de ley dentro de los próximos meses que busque potenciar los servicios encargados del área juvenil, considere la multiplicidad de condenas según tipo de causa, y que asigne recursos para mejorar el sistema de justicia.
El Comité de Evaluación de Ley de la Cámara de Diputados, entregó a las autoridades nacionales el informe del estudio sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que lleva cerca de ocho años en vigencia.
Según el documento, la normativa aún carece de un sistema de justicia juvenil especializado y se sigue juzgando a adolescentes con criterios de alumnos.
En cuanto a las sanciones, la multa y amonestación, denuncian que tampoco colaboran con la reinserción de los jóvenes socialmente, en consecuencia, faltaría especialización de los actores del sistema (tribunales de justicia, jueces, policías y otros) en temas psicosociales.
Además, gran parte de la población que cumple sanciones por la Ley de Responsabilidad Adolescente son mayores de 18 años y la oferta programática no se hace cargo de los adultos bajo el régimen.
El presidente del Comité de Evaluación de la Ley, diputado DC Pablo Lorenzini, indicó que no hay una coordinación entre el Servicio Nacional de Menores (Sename), Carabineros y la Justicia, en similitud de objetivos y delimitación de tareas. Así, llamó a tener “un enfoque preventivo, no solamente punitivo”.
El representante de la falange criticó el que “nos encontramos con que mientras se piden más penas, hay niños de 14, de 15, algunos pasan a la adultez. Hay combinación de adultos con jóvenes sin una bifurcación que defina cuál es la pena, cuánto es el tiempo y cómo ahí tratamos de mejorar”.
Lorenzini añadió que se necesita inyectar recursos en los servicios para la capacitación y especialización de los profesionales a cargo, al igual que para la reinserción de los jóvenes.
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado DC Matías Walker, indicó que hay que avanzar hacia un Servicio de Reinserción Juvenil que asuma las competencias que hoy tiene Sename y Gendarmería: “Hemos insistido mucho en el marco de la Agenda Corta Antidelincuencia, que si bien hay que aplicar sanciones efectivas a los reincidentes, en el caso de los adolescentes infractores de ley hay que privilegiar la reinserción y rehabilitación, cumpliendo condenas en el medio libre. Esto lo ha recomendado la Fundación Paz Ciudadana, la Defensoría Penal Pública y la misma Corte Suprema”.
Walker comentó que el Programa 24 horas que está desarrollando el Ministerio de Justicia con el Sename apunta en la dirección correcta al enfocarse en el entorno del adolescente infractor de ley, en su familia, su asistencia al colegio, etcétera.
La investigadora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) Margareta Selander, y directora del Programa de Apoyo Sicosocial para la Reescolarización del organismo, se refirió a su trabajo en el Centro Cerrado de Jóvenes ubicado en San Bernardo.
Para la profesional, lo más grave es la carencia de “condiciones logísticas, infraestructura que para ellos mismos que sean humanamente de calidad. Tampoco hay espacios para instituciones u organizaciones externas como nosotros, que trabajan en el área de drogas o en la misma escuela. Esto sucede en este Centro y se repite en otros también”.
La profesora de educación básica reconoce esfuerzos por parte del Sename, no obstante, criticó la brevedad de las capacitaciones laborales, las que no siempre se adecuan a las necesidades e intereses de los jóvenes.
Por último, parlamentarios del Comité de Evaluación pretenden ingresar un proyecto de ley dentro de los próximos meses que busque potenciar los servicios encargados del área juvenil, considere la multiplicidad de condenas según tipo de causa, y que asigne recursos para mejorar el sistema de justicia.
El Comité de Evaluación de Ley de la Cámara de Diputados, entregó a las autoridades nacionales el informe del estudio sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que lleva cerca de ocho años en vigencia.
Según el documento, la normativa aún carece de un sistema de justicia juvenil especializado y se sigue juzgando a adolescentes con criterios de alumnos.
En cuanto a las sanciones, la multa y amonestación, denuncian que tampoco colaboran con la reinserción de los jóvenes socialmente, en consecuencia, faltaría especialización de los actores del sistema (tribunales de justicia, jueces, policías y otros) en temas psicosociales.
Además, gran parte de la población que cumple sanciones por la Ley de Responsabilidad Adolescente son mayores de 18 años y la oferta programática no se hace cargo de los adultos bajo el régimen.
El presidente del Comité de Evaluación de la Ley, diputado DC Pablo Lorenzini, indicó que no hay una coordinación entre el Servicio Nacional de Menores (Sename), Carabineros y la Justicia, en similitud de objetivos y delimitación de tareas. Así, llamó a tener “un enfoque preventivo, no solamente punitivo”.
El representante de la falange criticó el que “nos encontramos con que mientras se piden más penas, hay niños de 14, de 15, algunos pasan a la adultez. Hay combinación de adultos con jóvenes sin una bifurcación que defina cuál es la pena, cuánto es el tiempo y cómo ahí tratamos de mejorar”.
Lorenzini añadió que se necesita inyectar recursos en los servicios para la capacitación y especialización de los profesionales a cargo, al igual que para la reinserción de los jóvenes.
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputado DC Matías Walker, indicó que hay que avanzar hacia un Servicio de Reinserción Juvenil que asuma las competencias que hoy tiene Sename y Gendarmería: “Hemos insistido mucho en el marco de la Agenda Corta Antidelincuencia, que si bien hay que aplicar sanciones efectivas a los reincidentes, en el caso de los adolescentes infractores de ley hay que privilegiar la reinserción y rehabilitación, cumpliendo condenas en el medio libre. Esto lo ha recomendado la Fundación Paz Ciudadana, la Defensoría Penal Pública y la misma Corte Suprema”.
Walker comentó que el Programa 24 horas que está desarrollando el Ministerio de Justicia con el Sename apunta en la dirección correcta al enfocarse en el entorno del adolescente infractor de ley, en su familia, su asistencia al colegio, etcétera.
La investigadora de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU) Margareta Selander, y directora del Programa de Apoyo Sicosocial para la Reescolarización del organismo, se refirió a su trabajo en el Centro Cerrado de Jóvenes ubicado en San Bernardo.
Para la profesional, lo más grave es la carencia de “condiciones logísticas, infraestructura que para ellos mismos que sean humanamente de calidad. Tampoco hay espacios para instituciones u organizaciones externas como nosotros, que trabajan en el área de drogas o en la misma escuela. Esto sucede en este Centro y se repite en otros también”.
La profesora de educación básica reconoce esfuerzos por parte del Sename, no obstante, criticó la brevedad de las capacitaciones laborales, las que no siempre se adecuan a las necesidades e intereses de los jóvenes.
Por último, parlamentarios del Comité de Evaluación pretenden ingresar un proyecto de ley dentro de los próximos meses que busque potenciar los servicios encargados del área juvenil, considere la multiplicidad de condenas según tipo de causa, y que asigne recursos para mejorar el sistema de justicia.
