Diario y Radio Universidad Chile

Año XIV, 7 de agosto de 2022

Escritorio

Abogada Caso La Polar: “Daño a accionistas minoritarios es de 50 millones de dólares”

Sin embargo, como acusa la propia Bárbara Salinas, solo se ofrece, de parte del ex gerente general de la empresa Pablo Alcalde, uno de los condenados por las repactaciones unilaterales de deudas, un monto de 155 millones de pesos, cantidad que debería repartirse entre todas las partes querellantes.

Paula Campos y Patricio López

  Miércoles 16 de diciembre 2015 12:05 hrs. 
Bárbara Salinas

Compartir en

Luego que se conocieran las condenas en contra de tres ex ejecutivos de la multitienda La Polar, consiguiendo de paso la posibilidad de un juicio abreviado y un mejor escenario pensando en rebajar las penas, entre los accionistas minoritarias afectados por los delitos financieros de lavado de activos e infracciones a las leyes de Mercado de Valores y General de Bancos existe molestia e incertidumbre.

Así lo reconoció la abogada Bárbara Salinas, representante de alrededor de 400 accionistas minoritarios de la cuestionada empresa, quien en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile aseguró que se trata del “gran fraude social que se ha producido en Chile en los últimos tiempos. Y de ahí en adelante hemos sido testigos de una serie de casos que también afectan a consumidores, a la fe pública, a la fe en los empresarios y en los políticos”.

Respecto del Caso La Polar, advierte que “hay una sensación de éxito concreto, desde la perspectiva de que los tres principales acusados (Pablo Alcalde, ex presidente del directorio y ex gerente general; Julián Moreno, ex gerente de productos financieros; y María Isabel Farah, ex gerenta de administración), que durante cuatro años han venido sosteniendo su inocencia y que no conocían de la existencia de las repactaciones, salvo el caso de Julián Moreno, sin duda que es un triunfo”.

Por ello, plantea que finalmente lo que vale son las sentencias “y acá hay sentencias condenatorias. Desde el lunes, que fue el juicio abreviado, hasta hoy, sigo recibiendo llamadas, comentarios y correos electrónicos de los accionistas minoritarios”, que son más de 400 los que representa Bárbara Salinas.

“Uno de ellos me decía que ‘si no van a ir a la cárcel, entonces que paguen’. Ahí es donde aparece la sensación de injusticia, en el sentido de que si bien son condenados y acceden a beneficios, es el sistema que tenemos, por lo que no hay mucho que discutir. Quizás la discusión hay que trasladarla a otro poder del Estado, que es el Legislativo”.

Las dudas que surgen apuntan a determinar cómo se indemniza a estas personas, considerando que hubo más de un millón de clientes afectados por las repactaciones unilaterales por parte de la compañía.

“Son miles de accionistas minoritarios los que se han visto gravemente afectados. Por último, los clientes fueron indemnizados a través de un convenio que se realizó con el Sernac. Entonces, va quedando la sensación de que hay condenas, pero al parecer el sistema no es el adecuado”, explica la abogada.

Por ello, insiste en que “la gente tiene la sensación de que los responsables ‘la sacan muy barata’. Y nosotros nos quedamos con 400 accionistas con los que tenemos que seguir una batalla judicial que ya ha sido larga y que lo seguirá siendo, para obtener las reparaciones”.

¿Cómo determinar, entonces, parámetros igualitarios a nivel judicial? “Iniciamos las acciones civiles en enero de 2014 –recuerda la abogada– y es el único juicio civil que no se ha logrado paralizar, argumentando que todavía estaba pendiente el juicio penal”.

Esto, al considerar que el sistema civil no ha sido reformado. “No es un sistema oral, no es muy ágil, es bastante lento. Y hoy, nuestra principal preocupación es lograr que el tribunal acoja rápidamente las medidas cautelares que hemos solicitado respecto de los bienes de los demandados”.

La estrategia se basa en que en el juicio penal, el Ministerio Público incautó bienes, y a partir de esa incautación, una vez que se produjo la condena, el tribunal acogió la solicitud del propio Ministerio Público. “Existe una pena por una cierta cantidad de dinero que entre los tres condenados suma 600 a 700 millones de pesos, lo que está destinado al Fisco, pero no para las víctimas”, advierte la jurista.

En ese contexto, anticipa que “si el día de mañana tenemos éxito en un juicio civil, que creemos que así será, podríamos tener una sentencia contra qué ejecutar. Una cosa es quedarse con una linda sentencia moral, pero aquí lo que estamos buscando es reparación. Estamos hablando de personas que son jubilados, jóvenes-adultos, personas que invirtieron el pie para comprarse una casa o un departamento, personas con un perfil sumamente heterogéneo y que lo perdieron todo”.

Junto con recordar que el ex gerente general Pablo Alcalde fue elegido como el ejecutivo de la década, justo antes de que se descubrieran las irregularidades, reconoce que las personas que decidieron invertir en La Polar lo veían como un mecanismo de ahorro.

“El grueso no son inversionistas avezados y con conocimientos, quienes no se encuentran en una situación equiparada respecto de sus decisiones de inversión. Al contrario, son personas que no se informan y que confían en lo que les dice su ejecutivo del banco o de la corredora. Ese es el perfil del accionista minoritario, que en Chile, en general, no es equiparable a las decisiones que toma una AFP, que sí tienen un departamento de estudios”.

La abogada recuerda que entre los accionistas hay varios que compraron acciones en tres mil 800 pesos. “Hoy la acción vale menos de treinta pesos. Es cosa de hacer el cálculo. Desde el punto de vista de la cuantía civil, y estamos hablando de una cifra redonda, nuestra demanda considera  un monto total cercano a los 50 millones de dólares”.

“Uno piensa en esta cifra versus las multas aplicadas, que van hacia el Estado, salvo 155 millones de pesos que gentilmente ofreció el señor Alcalde a disposición de las víctimas”, reflexiona con preocupación.

Asimismo, detalla que en marzo se desarrollará una audiencia en la que todos los querellantes deberán discutir cómo repartirse ese monto. “Si bien es un gesto, entendemos que claramente es parte de un camino procesal para obtener beneficios y que los cinco años a los que han sido condenados no sean cumplidos en cárcel efectiva”. De hecho, este viernes será leída la sentencia en el Centro de Justicia.

En cuanto a los vacíos que afectan al sistema, la jurista reconoce que “se requiere de mucha educación financiera, a cargo de organismos públicos. Pero por otro lado, existe un problema en la falta de regulación. El ejercicio de las empresas que se coluden es que la relación del costo-beneficio es muy conveniente, lo que hace que el sistema propenda hacia estas conductas”.

Por ejemplo, destaca que “en Estados Unidos y otros países, las multas van en relación con las utilidades que obtienen las empresas. Es una sanción tan fuerte, que las empresas finalmente se abstienen de estas conductas, porque se van a la quiebre y sus ejecutivos a la cárcel. En Chile hace falta una voluntad política, en el Congreso, de querer modificar el Código Penal y de entender que existe una realidad social distinta, donde estos negocios financieros y el uso de la tarjeta de crédito debiesen estar sujetos a sanciones mucho más potentes”.

Su advertencia es que “no se trata de criminalizar ni de llenar las cárceles de ejecutivos de cuello y corbata. Lo que se busca es que efectivamente exista un sistema que inhiba estas conductas y que la gente se sienta más protegida. Este caso ha sido el peor fraude para la vida de quienes decidieron invertir en La Polar”.

Finalmente, plantea que éste y otros casos han demostrado que “no todos los medios de comunicación están al servicio de la clase política y de la clase empresarial de este país”.

Síguenos en