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Año XII, 18 de enero de 2020

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Centralismo, desconfianza y contradicciones en el nuevo sistema de educación

Leonardo Aguiló Acevedo Cartas al Director |

  Martes 29 de diciembre 2015 13:46 hrs. 

Señor Director:

La municipalización de la educación generó que existieran enormes desigualdades en el proceso educativo de nuestros estudiantes, dado que existe desigualdad de los recursos (comunas con más recursos pueden implementar mejoras sustantivas en varios ámbitos). Por otra parte, hay alcaldes para los que la educación es un problema que no quieren asumir, y otros que; sin duda, lo ven como una buena oportunidad para los niños. En síntesis: Una máquina pensada para que haya brecha cognitiva y de oportunidades para el desarrollo íntegro de nuestros estudiantes.

El proyecto de ley que se ha presentado que crea el Sistema de Educación Pública tiene sin duda algunos avances. Lo lamentable de esto, es que al igual que muchas leyes de la transición, tiene una linda declaración de principios (Disposiciones Generales), pero que al leer el detalle podemos darnos cuenta del alma de la Nueva Mayoría: Centralista (administrativamente y en la distribución del poder de toma de decisiones), desconfiada (en este caso con las escuelas) y contradictoria (ya analizaré por qué).

El proyecto de ley, crea dos nuevas instituciones: La Dirección de Educación Pública y los Servicios locales de Educación Pública.

El primero, tiene como rol principal coordinar a los servicios locales, prestar ayuda técnico – pedagógica y asignarles recursos. El resto de sus funciones tiene que ver con “proponer” al Ministerio de Educación políticas educativas para que se implementen en los servicios locales.

Los servicios locales (reemplazantes de las municipalidades) tienen dos funciones, a mi juicio, muy positivas dispuestas en el proyecto de ley:

Deben prestar apoyo técnico – pedagógico considerando “las características territoriales, modalidades, niveles educativos y las formaciones diferenciadas de sus establecimientos educacionales” enfatizando en aquellos de educación “especial, de adultos, interculturales bilingües y rurales…”. Sin duda un avance, al menos en la declaración. Habrá que ver cómo se diagnostica las escuelas para posteriormente prestarles apoyo.

Otro avance, es que los servicios locales deben “fomentar el trabajo colaborativo y en red de los establecimientos educacionales”. Compartir experiencias con colegas que trabajan en similares contextos, es de una riqueza enorme.

Las falencias en torno a las funciones de los servicios locales están fundamentalmente en que primeramente, existen muchas ambigüedades en estas, ejemplo de ello es que pueden “promover y fortalecer el liderazgo directivo”, sin embargo, no especifica en qué aspectos de gestión educativa se va a empoderar a los equipos directivos de los colegios.

El resto de funciones se resumen en “proponer” al Ministerio políticas para los colegios, en desmedro de que los mismos servicios locales; que podrían eventualmente conocer a cabalidad las problemáticas de su territorio, puedan entregar opciones de mejora más efectivas y significativas para la comunidad escolar.

La gran novedad del proyecto de ley es la creación de los Consejos Locales que tienen por principal función “colaborar con el Director Ejecutivo de cada servicio local en el cumplimiento de su objeto”.

Este estará compuesto por: Estudiantes, apoderados, profesores, asistentes de la educación, alcaldes, miembros de la gobernación, representante de las universidades de la región, representantes de los IP y CFT y representantes del gobierno regional.

Las funciones de este consejo local se reducen simplemente a proponer cambios en ciertos temas y de ser informados de otros. Las decisiones finales se tomarán en el Ministerio de Educación. La máxima atribución de este consejo local será solicitar al Director Nacional de Educación Pública la desvinculación del Director Ejecutivo del Servicio Local.

Al inicio de esta carta afirmé que el alma de este proyecto es centralista, desconfiado (de las escuelas) y contradictorio.

Es centralista por las razones ya expuestas: Las decisiones más importantes se tomarán en Santiago en alguna oficina del Ministerio de Educación. Los colegios de cualquier rincón del país tendrán que esperar esa decisión, muy pocas veces contextualizada, para poder maniobrar en el mejoramiento de sus procesos pedagógicos y de gestión escolar.

Es desconfiado, pues no empodera a la escuela ni a los consejos locales. Quienes mejor conocen, comprenden y tienen capacidad crítica y propositiva de su propio contexto son los actores que día a día viven el proceso educativo en relación su propia cultura, historia y territorio. Una vez más, la participación ciudadana es olvidada para que se tomen decisiones en el Olimpo “iluminado” que todo lo sabe y lo soluciona.

Es contradictorio ya que, en las Disposiciones Generales queda establecido en el artículo 4° como “Principios del Sistema” que la ley tendrá “Pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos y participación de la comunidad. El Sistema deberá contar con proyectos educativos diversos y pertinentes a la identidad, necesidades e intereses de la comunidad, respetando siempre los derechos humanos y la convivencia democrática”.

Me surgen dos preguntas, quizás al lector más: ¿Cómo se logra esto con equipos de gestión secuestrados por los entes fiscalizadores que desconfían de ellos a los cuáles tienen que rendirles cuenta por todo?, dicho de otra manera, el nuevo sistema no da espacio para el Liderazgo Pedagógico de los equipos de gestión, los reduce a meros administradores de recursos (Ya lo son, esto no cambia). La segunda es: ¿Acaso la estandarización del conocimiento establecidos en el Currículum y evaluados en el SIMCE y la PSU respetan las diversidades locales? Claramente NO. Lo que estoy diciendo, es que los instrumentos estandarizados brindan información valiosa, sin embargo, nuestras escuelas están raptadas por los incentivos perversos de estos dos instrumentos: Prestigio (traducido en buena o mala publicidad) y recursos económicos.

El Gobierno tiene una oportunidad histórica de romper con dos visiones de educación que alienan a las comunidades por políticas hechas alejadas de la realidad: El Estado Docente y la Sociedad Docente. Aboguemos por la Comunidad Docente, aquella que se organiza, se articula y genera acciones concretas, contextualizadas y significativas para el desarrollo pedagógico, ciudadano, científico y valórico de una escuela que tiene impacto en su entorno local, aprendiendo del contexto global y de lo propio.