Pudo haber declarado antes, pero en dos oportunidades la diligencia a cargo de la fiscal Ximena Chong, que encabeza la investigación del caso Corpesca, fue suspendida.
Dos instancias en las que el Ministerio Público esperaba sumar nuevos antecedentes para aclarar los procedimientos mediante los cuales dicha empresa, perteneciente al grupo Angelini, concretó los aportes económicos a parlamentarios durante la tramitación de la criticada Ley de Pesca.
Un proceso que se desarrolló precisamente con Pablo Longueira como ministro de Economía, durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Finalmente, en el tercer intento, el ex senador de la UDI se presentó este lunes en las oficinas de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, instancia a cargo, desde hace algunas semanas, de la propia Ximena Chong.
Sin emitir declaraciones y en absoluto silencio, Longueira arribó al lugar alrededor de las 8:00 horas, acompañado de su abogado y de algunos seguidores. Esto, en condición de testigo del caso Corpesca.
Se trata de investigaciones que, por ahora, apuntan a algunos parlamentarios como los beneficiados con los aportes de la empresa Corpesca durante la tramitación legislativa, tal como lo han determinado desde el Ministerio Público.
Entre éstos aparecen el desaforado senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, ambos militantes de la UDI, aunque el primero concretara su renuncia en la antesala de que la Justicia ordenara su desafuero.
A la salida del interrogatorio, que se extendió por alrededor de cuatro horas, el hasta hace poco militante de la UDI –renuncia que se dio a propósito de sus vinculaciones con el caso SQM– se negó a referirse a lo declarado ante la Fiscalía, retirándose tal como llegó, en absoluto silencio.
Desde la Fiscalía se proponen comprobar, mediante ésta y otras diligencias, las acciones que permitieron a distintas empresas pesqueras beneficiarse de las decisiones legislativas, con pagos a través de boletas ideológicamente falsas. Causa en la que ya declaró el ex subsecretario de Pesca de ese entonces, Pablo Galilea.
Un adverso escenario para Pablo Longueira, quien además recibió en su contra, la semana pasada, una querella por figura agravada de cohecho del funcionario público, presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente, a través de su abogado Mauricio Daza, en el contexto de la cuestionada Ley de Royalty Minero.
Esto, luego que se conocieran los vínculos entre el entonces senador gremialista y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse y que consideró, entre otros episodios, el envío de un artículo redactado en la empresa minera no metálica para ser incorporado en dicha norma, en el marco de las exenciones tributarias que buscaban beneficiar a la empresa de propiedad de Julio Ponce Lerou.
Pudo haber declarado antes, pero en dos oportunidades la diligencia a cargo de la fiscal Ximena Chong, que encabeza la investigación del caso Corpesca, fue suspendida.
Dos instancias en las que el Ministerio Público esperaba sumar nuevos antecedentes para aclarar los procedimientos mediante los cuales dicha empresa, perteneciente al grupo Angelini, concretó los aportes económicos a parlamentarios durante la tramitación de la criticada Ley de Pesca.
Un proceso que se desarrolló precisamente con Pablo Longueira como ministro de Economía, durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Finalmente, en el tercer intento, el ex senador de la UDI se presentó este lunes en las oficinas de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, instancia a cargo, desde hace algunas semanas, de la propia Ximena Chong.
Sin emitir declaraciones y en absoluto silencio, Longueira arribó al lugar alrededor de las 8:00 horas, acompañado de su abogado y de algunos seguidores. Esto, en condición de testigo del caso Corpesca.
Se trata de investigaciones que, por ahora, apuntan a algunos parlamentarios como los beneficiados con los aportes de la empresa Corpesca durante la tramitación legislativa, tal como lo han determinado desde el Ministerio Público.
Entre éstos aparecen el desaforado senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, ambos militantes de la UDI, aunque el primero concretara su renuncia en la antesala de que la Justicia ordenara su desafuero.
A la salida del interrogatorio, que se extendió por alrededor de cuatro horas, el hasta hace poco militante de la UDI –renuncia que se dio a propósito de sus vinculaciones con el caso SQM– se negó a referirse a lo declarado ante la Fiscalía, retirándose tal como llegó, en absoluto silencio.
Desde la Fiscalía se proponen comprobar, mediante ésta y otras diligencias, las acciones que permitieron a distintas empresas pesqueras beneficiarse de las decisiones legislativas, con pagos a través de boletas ideológicamente falsas. Causa en la que ya declaró el ex subsecretario de Pesca de ese entonces, Pablo Galilea.
Un adverso escenario para Pablo Longueira, quien además recibió en su contra, la semana pasada, una querella por figura agravada de cohecho del funcionario público, presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente, a través de su abogado Mauricio Daza, en el contexto de la cuestionada Ley de Royalty Minero.
Esto, luego que se conocieran los vínculos entre el entonces senador gremialista y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse y que consideró, entre otros episodios, el envío de un artículo redactado en la empresa minera no metálica para ser incorporado en dicha norma, en el marco de las exenciones tributarias que buscaban beneficiar a la empresa de propiedad de Julio Ponce Lerou.
Pudo haber declarado antes, pero en dos oportunidades la diligencia a cargo de la fiscal Ximena Chong, que encabeza la investigación del caso Corpesca, fue suspendida.
Dos instancias en las que el Ministerio Público esperaba sumar nuevos antecedentes para aclarar los procedimientos mediante los cuales dicha empresa, perteneciente al grupo Angelini, concretó los aportes económicos a parlamentarios durante la tramitación de la criticada Ley de Pesca.
Un proceso que se desarrolló precisamente con Pablo Longueira como ministro de Economía, durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Finalmente, en el tercer intento, el ex senador de la UDI se presentó este lunes en las oficinas de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, instancia a cargo, desde hace algunas semanas, de la propia Ximena Chong.
Sin emitir declaraciones y en absoluto silencio, Longueira arribó al lugar alrededor de las 8:00 horas, acompañado de su abogado y de algunos seguidores. Esto, en condición de testigo del caso Corpesca.
Se trata de investigaciones que, por ahora, apuntan a algunos parlamentarios como los beneficiados con los aportes de la empresa Corpesca durante la tramitación legislativa, tal como lo han determinado desde el Ministerio Público.
Entre éstos aparecen el desaforado senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, ambos militantes de la UDI, aunque el primero concretara su renuncia en la antesala de que la Justicia ordenara su desafuero.
A la salida del interrogatorio, que se extendió por alrededor de cuatro horas, el hasta hace poco militante de la UDI –renuncia que se dio a propósito de sus vinculaciones con el caso SQM– se negó a referirse a lo declarado ante la Fiscalía, retirándose tal como llegó, en absoluto silencio.
Desde la Fiscalía se proponen comprobar, mediante ésta y otras diligencias, las acciones que permitieron a distintas empresas pesqueras beneficiarse de las decisiones legislativas, con pagos a través de boletas ideológicamente falsas. Causa en la que ya declaró el ex subsecretario de Pesca de ese entonces, Pablo Galilea.
Un adverso escenario para Pablo Longueira, quien además recibió en su contra, la semana pasada, una querella por figura agravada de cohecho del funcionario público, presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente, a través de su abogado Mauricio Daza, en el contexto de la cuestionada Ley de Royalty Minero.
Esto, luego que se conocieran los vínculos entre el entonces senador gremialista y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse y que consideró, entre otros episodios, el envío de un artículo redactado en la empresa minera no metálica para ser incorporado en dicha norma, en el marco de las exenciones tributarias que buscaban beneficiar a la empresa de propiedad de Julio Ponce Lerou.
