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Una corrupción ideológica

Columna de opinión por Juan Pablo Cárdenas S.
Martes 17 de mayo 2016 8:57 hrs.


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En medio de la secuencia de escándalos existe otra corrupción que no tiene que ver con dineros tan directamente, aunque también implica enriquecimientos ilícitos y operaciones fraudulentas. Nos referimos a la degradación ideológica que está afectando a dirigentes políticos que en pasado repudiaron el afán de lucro en la educación como en otros ámbitos  y hoy empiezan a consentir con la posibilidad que existan universidades privadas que asuman esta actividad como un rentable negocio para sus dueños y sostenedores.

En la vorágine de privatizaciones impulsadas por Pinochet, expresamente la Dictadura prohibió el lucro de las universidades, aunque en la práctica esta obligación fuera flagrantemente vulnerada por la creación de un gran número de universidades que lucraron e implementaron múltiples y millonarias operaciones de compraventa, cuanto emprendimientos mobiliarios ad hoc para hacer dinero. Impartiendo, por cierto,  una educación la mayor de las veces de mala calidad y abusiva para con sus estudiantes y atribulados padres y apoderados que debían financiarla, como todos sabemos..

Los movimientos estudiantiles de la última década lograron crear conciencia nacional en cuanto a que no es lícito lucrar con un derecho que debe estar garantizado para todos en su solvencia y gratuidad. Tal cual ocurre en una buena parte de los países más democráticos del mundo y que han sido señeros en la idea de que la educación es la que mejor abre las puertas del crecimiento, la justicia social y la igualdad de derechos políticos, económicos y culturales.

De esta forma es que la proclamada Reforma Educacional, entre sus directrices principales, concibió el deber del Estado en garantizar para todos los habitantes del país este derecho humano, así como la necesidad de prohibir y sancionar a los establecimientos universitarios que lucraran, sobre todo si éstos recibían subsidios y recursos fiscales.

Podríamos decir que hasta en la Derecha encontramos receptividad a las demandas estudiantiles en favor de la gratuidad y calidad de la enseñanza, así como pudimos comprobar el rubor de algunos de sus miembros respecto del descaro conque actuaron algunos sostenedores de universidades al violar las disposiciones legadas por esa Dictadura que nunca, por lo demás, han dejado de admirar.

Escándalos y negociados en sus procesos de acreditación, titulaciones irregulares, transferencias al extranjero de la propiedad de importantes universidades, proliferación de carreras insolventes y sueldos millonarios se demostraron como prácticas habituales en la universidades con afán de lucro que surgían como hongos y lograba contaminar, incluso, a otras importantes entidades fiscales y particulares de excelencia académica. Se conocieron has horrendos crímenes cometidos por dueños y administradores de estos centros cuando la educación se consolidaba como uno de los negocios más rentables del país.

Por lo mismo que no fueron pocos los casos de ministros, subsecretarios y otros altos funcionarios que desde el Ministerio de Educación empezaron a emigrar para las universidades y colegios privados. Tal cual economistas y otros altos funcionarios públicos tomaban sitio, después de su paso por la administración pública  en la banca privada y en los directorios de las empresas favorecidas por su gestión.

Parecía que las movilizaciones y discursos de los jóvenes universitarios y secundarios lograban asentar en la población la idea de que el derecho a la educación nunca más volvería a ser objeto de lucro, aunque ciertamente nuestro país  le diera espacio a establecimientos particulares que acreditaran su vocación educacional, además de una adecuada y honesta administración.

Tal idea logró desarrollar también la necesidad de que tampoco Chile permitiera el lucro en la salud y en la administración de los fondos previsionales de los trabajadores chilenos. Más, todavía, ante los abusivos cobros de las isapres y sus utilidades descomunales; tal cual ocurre, también, con las Afps y las jubilaciones de hambre que ofrece nuestro sistema previsional  a quienes se retiran después de una larga vida de trabajo. Tiempo en que sus remuneraciones son asaltadas mensualmente por sus altísimas y obligadas cotizaciones.

No es extraño, por esto, que el Gobierno haya postergado otra vez el ingreso al Parlamento de la prometida Reforma a la Educación Superior, advirtiendo ahora la ausencia de acuerdos entre los partidos integrantes de la Nueva Mayoría. Después de años de dilaciones, se estimaba que antes del 21 de Mayo y el Mensaje Presidencial esta iniciativa iba a quedar definida por el oficialismo; sin embargo lo que han surgido en los últimos días son las voces de quienes insinúan la posibilidad de que una nueva Ley permita la existencia de universidades que lucren, aunque a condición, claro,  de que éstas no reciban contribuciones algunas del Fisco.

Algo, sin duda,  que pudiera aparecer razonable en un país que quiere garantizar las libertades y los libres emprendimientos, pero que en los hechos solo podría contribuir a que estos centros de “formación” reiteren sus prácticas movidas por el lucro y terminen ofreciendo títulos y grados insolventes, mediante mallas curriculares mediocres, como con docentes de precaria calidad. Referentes que renuncien, como ya lo comprobamos, a la investigación científica y al desarrollo de la extensión universitaria,  a fin de no distraer recursos que  puedan repartir entre sus sostenedores. Que oculten sus gruesas ganancias en el auto arriendo de propiedades personales y en la práctica de otros archiconocidos vicios.

Seguramente que éste en un tema que debe producir incordios entre los partidos de la Nueva Mayoría, cuando un buen número de sus dirigentes ha “invertido” en establecimientos propios, así como en las isapres y en fondos de pensiones que, por supuesto, apoyan mediante sobornos a financiar sus gastos electorales. Tal como lo hacen los más deleznables empresas del país favorecidas con la religiosa mantención del modelo económico y social heredado también de la Dictadura.

Celebramos, entonces, la rápida reacción del mundo estudiantil, como de muchos rectores y académicos que acechan el peligro de quienes quieren aprovechar el caos en que vive la política en Chile para sacralizar el lucro y seguir atentando contra uno de los derechos humanos más fundamentales. Como siempre, debe ser su más airada o radical protesta la que inhiba los aviesos propósitos de quienes, además, de su codicia, saben que la educación, de por sí,  es revolucionaria y abre las puertas a la sociedad igualitaria. Algo que tanto temen las cúpulas políticas y empresariales que manejan los destinos de un país que dista demasiado todavía de ser demócrata y republicano.

Envíanos tu carta al director a: patriciolopez@u.uchile.cl

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.