Según el último informe entregado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, DIPRES, la deuda pública de Chile alcanzó a 20,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre de 2016, guarismo equivalente a alrededor de US$ 50 mil millones, es decir, la cifra más alta desde 1994 y equivalente al costo de diez años de gratuidad universal para la educación superior.

De esta forma, en el último decenio (2006 – 2016), el endeudamiento fiscal se ha cuadruplicado, pasando de un 5 por ciento a 20 por ciento del PIB.

Dependiendo de las posturas ideológicas, técnicas y políticas del observador, el actual volumen de deuda estatal puede evaluarse como “peligroso”, adecuado a las posibilidades económicas de un país cuyo Producto anual lo ubica entre naciones de la “clase media mundial”, o bajo, considerando que la mayor parte de las economías industrializadas presentan deudas fiscales que llegan al 100 por ciento del PIB e incluso superiores. Es una cuestión de visión política.

A nivel micro, la mayoría de los técnicos afirman que un endeudamiento razonable para una familia no debería superar el 25 por ciento de lo que aquella ingresa en 12 meses, de manera que con el resto pueda financiar sus gastos fijos en alimentación, luz, agua, gas, vivienda, educación, salud y similares y, en el óptimo, tener cierta capacidad de ahorro destinado a eventuales emergencias o planificando alguna inversión ulterior mayor.

En Chile, según recientes cifras del Banco Central e IPSOS, alrededor del 73 por ciento de los hogares tiene alguna deuda y, de ese total, la más común es la de consumo (63 por ciento). Le sigue la hipotecaria, con 19 por ciento; educación, 8 por ciento; otras, 7 por ciento y automotriz, 3 por ciento. Considerando ingresos, el estrato más alto (con entradas superiores a $1,7 millón) concentra la mayor fracción de hogares con deuda (83 por ciento, lo que es lógico, pues la banca le presta más a los ricos que a los pobres); mientras que los hogares con mayor deuda de consumo están entre quienes tienen ingresos de entre $760 mil y $1,7 millón. En los hogares de menores entradas de hasta $760 mil, un 9 por ciento mantiene deuda hipotecaria y 32 por ciento de consumo y entre quienes presentan entradas entre $760 mil y $1,7 millón, la hipotecaria representa el 23 por ciento y 26 por ciento la de consumo.

Es decir, en todos los segmentos parece cumplirse que los chilenos presentan un nivel de deuda adecuado a las exigencias de los técnicos, de que la deuda total no supere los 10 meses de ingresos familiares, ni signifique gastar más de un cuarto de sus entradas mensuales en el pago de dicho débito. También, desde el punto de vista de en qué y cómo gastan los chilenos y se endeudan, lo cierto es que los resultados de la encuesta muestran a un consumidor mayoritariamente racional y moderado.

En efecto, las razones más reportadas para endeudarse en consumo son, en primer lugar, compra de artículos para el hogar (54 por ciento de los hogares con deuda de consumo); seguido por compra de vestuario (30 por ciento); y compra de vehículo u otros medios de transporte (11 por ciento). Solo 22 por ciento se endeuda para pagar otras deudas, guarismo que coincide con cerca del 19% cuyo débito supera los índices de prudencia citados. De allí que, desde la propia percepción de los entrevistados, se estime que su nivel de deuda es “moderado” o “bajo” (67 por ciento). En los hechos, la razón de carga financiera, es decir, cuánto del ingreso mensual se destina a pagar deudas, no supera, en promedio, el 21 por ciento.

En cuanto a los hábitos de ahorro, el 26 por ciento de los hogares encuestados dijo haber ahorrado durante los últimos 12 meses y, de dicho total, 65 por ciento afirmó que lo hace mensualmente, donde, consistentemente, la mayor proporción de ahorro la hacen los hogares con mayores ingresos (45 por ciento), seguido por los de ingresos medios (27 por ciento) y bajos (17 por ciento).

En el caso de las empresas chilenas, en tanto, la situación parece, empero, tocar techo en materia de proporción entre deuda, producto y patrimonio, pues, en general, estas presentan un débito global que supera los US$ 100 mil millones, hecho que, desde 2016, ha significado que el ritmo de aumento del endeudamiento respecto de años anteriores haya caído a menos del 1 por ciento, ante un escenario externo más desfavorable y menores necesidades de financiamiento por la baja en la inversión y nuevos proyectos. De allí, asimismo, que dichas compañías estén en procesos de ajuste de sus estructuras, tanto a través de la enajenación de activos prescindibles, como en acuerdos para fusiones, asociaciones y/o venta.

En consecuencia, si bien la deuda chilena fiscal ha aumentado, su actual volumen se mantiene técnicamente en niveles razonables, aunque el conjunto de la deuda nacional -estatal y privada (de unos US$ 150 mil millones o más del 50 por ciento del PIB)- deberían llamarnos a cierto grado de alerta, puesto que, como se sabe, el comportamiento financiero de los países y las personas determina el costo que tendrá su acceso a préstamos, cuando las necesidades de recursos se presentan de modo urgente. Nadie le da crédito barato a quien representa un alto riesgo.

Por la disciplina, prudencia y racionalidad en el gasto que muestran, tanto los chilenos como el Estado en las últimas décadas, el país tiene aún buena clasificación internacional. De allí que ante la eventualidad de tener que acceder a los mercados mundiales para conseguir recursos que permitan materializar los indispensables ajustes en la atención de la infancia más vulnerable, la previsión para nuestros mayores, la educación de los jóvenes y la salud de la población en general, una conducta nacional moderada en el gasto y un esfuerzo mayor de ahorro, son las claves para seguir avanzando paulatinamente en la construcción de una sociedad más justa y próspera.