El vocero del movimiento “Este polvo te mata” de Antofagasta, Ricardo Díaz, detalló la etapa en que encuentra el proceso de investigación criminal a cargo de la Brigada Investigadora contra Delitos del Medio Ambiente de la PDI, por la contaminación de metales pesados en la zona puerto de esa ciudad.
Esta acción fue interpuesta en noviembre de 2014, paralelo a otro recurso judicial que revisa el Tribunal Ambiental, por el acopio de concentrado de cobre producido en la minera Sierra Gorda en las dependencias de Antofagasta Terminal Internacional (ATI).
Sin embargo, hasta ahora no ha habido resolución por parte de estos organismos, precisamente, porque no existe un Tribunal de esta categoría en la región. Por ello, el caso fue derivado a la Región Metropolitana.
Según explicó el vocero del movimiento, Ricardo Díaz, en marzo pasado presentaron una propuesta a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, para aumentar las diligencias ambientales en la región y sentar las bases de la entidad. Sin embargo, aún se estaría revisando la terna de jueces para conformar el organismo.
Por el momento, y ante la nula respuesta del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), la organización solicitó a la Contraloría definir los criterios para que estos organismos se responsabilicen por la situación. “Esa solicitud la hicimos en marzo de este año porque se había vencido en un mes el plazo que había dado la Cámara de Diputados. Este es un tema que nos acongoja porque en el fondo se ve que la institucionalidad no funciona a favor de los ciudadanos. Nunca ha funcionado el principio preventivo en pos de la salud de los ciudadanos, siempre hemos visto que las decisiones se toman pensando en la empresa”, señaló Díaz.
Además, el dirigente entregó detalles sobre su candidatura a alcalde por Antofagasta: “Efectivamente, ante la indolencia de las autoridades surgen desde el movimiento distintas candidatura. Somos tres personas que estamos postulando a la alcaldía, mientras otras están postulando al Consejo. Estimamos que los movimientos sociales, en la medida que levantan un problema como este, tienen que acceder a instancias políticas porque de lo contrario estamos muy limitados a la voluntad de las autoridades”, comentó.
Hasta ahora, las autoridades regionales de salud han tomado algunas medidas paliativas, considerando los estudios realizados a los niños que acuden a las escuelas cercanas al galpón y que han registrado niveles por sobre la norma referente a metales pesados en la sangre.
Una de estas medidas fue la instalación de un consultorio de polimetales. Sin embargo, la demanda de los ciudadanos y organizaciones es que retiren definitivamente estas cargas del centro de la ciudad, que estarían operando con un tonelaje no permitido por los mismos organismos ambientales.