Cada mañana, apenas suena el timbre del Colegio Antonio Lecaros, en la comuna de Estación Central, decenas de niños y adolescentes con estómagos vacíos se dirigen al comedor para desayunar. Acuden ansiosos para hacer válido un derecho otorgado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), perteneciente al ministerio de Educación.

Esta mañana, entre esas decenas de estómagos vacíos, hay varios que no recibirán desayuno, como tampoco más tarde tendrán derecho a un almuerzo. Son los llamados, más bien marcados, como  “niños RUT 100”: Aquellos migrantes que aún no consiguen la visa definitiva o la visa de estudiante y quedan atrapados en un limbo burocrático.

María Josefina Palma es abogada y coordinadora nacional del Área de Educación e Interculturalidad del Servicio Jesuita a Migrantes, JSM, una organización sin fines de lucro que promueve y protege la dignidad y los derechos de las personas que migran a Chile. “El ministerio de Educación como en un acto de buena voluntad o sin entender bien cuál es el rol del Estado, como protector de los derechos de las personas, lo que hizo fue inventar un RUT ficticio, que es este RUT 100, para permitir que los niños se matriculen provisoriamente”, explica Palma.

La profesional, agrega que se trata de un RUT provisorio, en el que la matrícula también es provisoria.  “Hoy estamos viendo que lejos de ser una solución es una marca de exclusión para estos niños, pues terminan siendo niños de segunda categoría frente a los niños de la misma sala”, advierte María Josefina Palma.

En el estudio llamado la Nutrición y el Rendimiento Escolar, realizado por Ernesto Pollitt y publicado por la Unesco en 1984, se pone en evidencia cómo y cuánto afecta en el rendimiento de un niño o niña en etapa escolar el no tener acceso a una alimentación adecuada. Chile ha firmado y ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el que se asegura el acceso a la educación, sin discriminación por origen o nacionalidad. Sin embargo, la realidad es aún muy lejana.

“El comité que vela por el cumplimiento de los derechos de los niños dijo, claramente, en el año 2007, que Chile como Estado parte, miembro y que ratifica la convención, no puede seguir supeditando el goce de los derechos a la educación y a la salud a través de trámites administrativos, que es lo que sigue haciendo”, dice Palma.

Pero no es sólo la discriminación cotidiana lo que les preocupa a las profesionales del Servicio Jesuita Migrante, sino que también la urgencia de terminar con el RUT 100 antes del 4 de octubre, día en que finaliza el período extraordinario de inscripción a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), y la que hasta hoy, todos los estudiantes migrantes de 4º Medio con este RUT provisorio no tienen derecho.

“Ellos no pueden inscribirse, no pueden rendir la PSU y con esto no sólo vulneramos el derecho a que puedan seguir educándose, sino que además, de alguna manera, no estamos reconociendo  la educación que ellos recibieron en el país. Es como negarnos a nosotros mismo también. A pesar de que cursó todos los planes y programas del ministerio de Educación de Chile y, probablemente, por un tiempo considerable, no le permitimos acceder a la educación superior”, dice Marcela Correa, Coordinadora de incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes.

Es decir, el Estado concede un solución provisoria que no soluciona nada, sino que sólo profundiza la precariedad en que se encuentran los estudiantes. Un problema directamente ligado a la ausencia de una Ley Migratoria que se ajuste a las necesidades actuales del país.

Correa insiste en la falta de consistencia de esta medida, pues “el RUT 100 y la matrícula provisoria, que están ligadas, son actos administrativos que se suman a esta ley antigua que es obsoleta, que es del año 75 y  está basada en la Ley de Seguridad del Estado y que ve al otro como una amenaza y que no entiende este proceso de globalización. Es la esquizofrenia que tiene el país de pertenecer a la OCDE, hablar de un mundo globalizado, comprar en China, traer a Chile, pero las personas no se pueden mover”.

Por eso el Servicio Jesuita a Migrantes está comprometido y dedicado a llevar a cabo esta campaña que pretende reunir el apoyo necesario  antes de que termine el plazo de inscripción a la PSU.

“Esta campaña es algo que nos toca a todos, pues son los niños que habitan en nuestro territorio.  Pueden adherir a través de nuestra plataforma www.sjmchile.org ingresando a través del banner que tenemos, el hashtag #NoMásRut100 y eso los conduce a www.change.org y ahí pueden firmar la petición”, explica Palma.

Como una familia

24 de esos jóvenes que han sufrido en carne propia el desamparo de la ley y del Estado chileno, estudian en el Colegio particular subvencionado gratuito, Antonio Lecaros, perteneciente a una fundación educacional jesuita. En el patio de este establecimiento, niños de 2º Básico asumen su clase de educación física como cualquier otro juego: Gritan, corren, saltan y se abrazan sin preguntarse qué número de Rut tiene su compañero. A una de ellas, una pequeña haitiana llamada Chelsey, sus compañeras de curso tocan las trencitas y las trabas de colores que cada día los sorprenden con un nuevo peinado. Es la interculturalidad llevada a la práctica, sin cuestionamientos ni sospechas.

Michelle Orellana es la trabajadora social de este colegio y mientras camina por el patio, los niños la saludan con cariño, como si conocieran de cerca las horas que esta profesional destina a resolver barreras burocráticas que perjudican directamente a su alumnado.

“No hay ninguna voluntad política. Nosotros tenemos la fortuna de ser un colegio chico, por lo tanto nos podemos enfocar en nuestros estudiantes. Podemos hacer, por ejemplo, la validación de estudios, que es algo que el ministerio deja en responsabilidad de los colegios. Tenemos  24 migrantes, entonces podemos darnos el tiempo de hacer pruebas para ellos, para validar los cursos, pero esto no siempre se va a poder hacer y es responsabilidad del Estado hacerse cargo”, dice Orellana.

Pese a las dificultades, ni Orellana ni sus colegas están dispuestos a abandonar a sus estudiantes. Para ellos, aún sin recursos, los problemas se enfrentan como en cualquier familia. “Nosotros somos como familia pobre. Donde come uno, comen dos, o tres, cuatro o los que sean, pero entendemos también que eso quita dignidad. Cada niño debe tener asegurada la alimentación y lo necesario para venir a estudiar y sólo preocuparse de estudiar. Estamos distantes de esa realidad”, explica Orellana, quien asegura que “nosotros hacemos magia, literalmente, no sólo para lo que implica Junaeb, sino además porque sus situaciones familiares son muy precarias”.

Bertina Jean-Philippe es una estudiante de 2º Medio que ha sentido el apoyo de esta familia escolar. De risa fácil y acostumbrada a representar a su comunidad en distintas actividades de la comuna, Jean-Philippe dice que se siente afortunada de pertenecer al Colegio Antonio Lecaros.

“Llegué el año pasado, me integraron bien, aunque yo estuve una vez en un colegio donde me trataron mal, me molestaban por mi color. Después llegué aquí, me recibieron bien. Los compañeros son bien afectuosos. Cuando una es nueva, todos te llaman para conocerte y este colegio es bueno porque los profesores te acogen mucho y te ayudan”, dice Jean-Philippe.

Uno de los principales problemas que debe enfrentar el cuerpo educacional es la ausencia de acompañamiento o traductores para los estudiantes que llegan desde Haití, quienes la mayoría de las veces no hablan castellano. Ese fue el caso de Weedensley Lapaix, quien comenzó su 3º Medio en marzo pasado, hablando créole y francés, pero sin conocer una sola palabra de español.

“Al principio, yo no he estado bien. Imagínate que cuando vine era mi primer colegio, entonces fue un poco difícil, pero tuve mucha ayuda de los profesores y  del profesor de lenguaje. Me ayudan mucho. Ahora me parece fácil, porque si quieres aprender, vas a aprender rápido y eso es lo primero”, dice Lapaix, en castellano y sin titubear.

Aunque en el caso de Lapaix su inclusión ha sido un éxito, lo ideal sería contar con el apoyo de algún programa que permita un trabajo conjunto, amplio y coordinado. El Servicio Jesuita a Migrantes ha pensado en lo positivo que sería aprovechar la presencia de profesionales de la educación haitianos, a quienes además de otorgarles la validación de sus diplomas, se les abriría una oportunidad laboral, generando un círculo virtuoso.

“Tener para nosotros un profesor o un profesional haitiano sería abrir una puerta gigante. Nosotros hemos ido aprendiendo en la práctica, haciendo redes con otros colegios que tienen más experiencia en esto, pero lo vemos súper lejano porque implica recursos que hoy día no existen”, explica la trabajadora social del Colegio Antonio Lecaros.

Orellana agrega que es para los profesionales haitianos es muy difícil validarse como profesionales, pues implica tramitar documentos y pagar. Pese a esto, considera que incluir a profesores haitianos sería una respuesta rápida a las dificultades de comunicación que tienen en la actualidad.

En el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se lee:

-Primero, Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

-Segundo, Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Como Bertina, la mayoría de los jóvenes migrantes tienen ganas de acceder a la educación superior para aprender, capacitarse y aportar a su entorno e, incluso, retornar a su país de origen. Algo que el Estado chileno se niega en reconocer y garantizar.

“Hemos hecho el ensayo y el próximo año sería la PSU. A mi me gustaría estudiar enfermería en pediatría, porque me gusta trabajar con niños. Yo pensaba estudiar la carrera y luego trabajar, aplicar la profesión, y después irme a mi país para ayudar allá, porque Chile ya tiene mucha ayuda”, dice entre risas, Bertina Jean-Philippe, y se disculpa, pues debe volver a su sala de clases.