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Año XI, 23 de agosto de 2019

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Lorena Pizarro: “Hay una operación de impunidad para defender a los condenados de Punta Peuco”

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó el actuar del Poder Judicial, principalmente el rol de la Corte de Apelaciones luego de otorgar la libertad condicional Raúl Iturriaga Neumann. Sin embargo, aseguró que no se trata de un caso en particular, sino de una operación de defensa para los criminales de la Dictadura.

Patricio López y Paula Campos

  Jueves 6 de octubre 2016 12:54 hrs. 
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La libertad condicional que la Corte de Apelaciones otorgó al violador de Derechos Humanos Raúl Iturriaga, generó inmediatas reacciones. Lorena Pizarro, desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos cuestionó duramente la decisión.

En conversación con Radioanálisis, la defensora de los Derechos Humanos aseguró que lo ocurrido ayer es “algo que viene sucediendo hace tiempo en la Corte de Apelaciones, donde hacen oídos sordos a los consejos del equipo técnico Gendarmería”, otorgándoles beneficios carcelarios a los condenados por crímenes cometidos en dictadura.

En la entrevista, Lorena Pizarro recordó otros casos donde se ha aplicado el mismo criterio, tal como pasó con Guillermo González Betancourt o Nelson Paz. “Este no es un tema puntual. Pese a que Gendarmería, con argumentos sólidos, ha dicho por qué no se le puede otorgar libertad, o a sus múltiples condenas, parece que nada importa, parece que mientras mayor es el delito; mientras enfrentamos a un genocida, a un terrorista de Estado, los tribunales de justicia les parece que tienen que asegurar la impunidad”.

Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, las libertades concedidas por el tribunal de segunda instancia, responden a diversos factores: primero, a la necesidad de adecuar las normas nacionales a estándares internacionales, cuya tardanza ha permitido que la justicia en “la medida de lo posible” sea una realidad.

Lorena Pizarro enfatizó en sus críticas a este tipo de determinaciones, haciendo énfasis en los informes entregados por Gendarmería a la justicia, documentos en los que queda de manifiesto que los sujetos como Iturrieta no cumplen con los requisitos mínimos para acceder a garantías: “Esto es solo propio de un país que vive bajo la impunidad, el legado dictatorial que nos sigue aplastando”.

La responsabilidad sería de los tres poderes del Estado, porque “no cumplen con los criterios de un país que se vanagloria de pertenecer a estamentos institucionales”. En el caso específico de la justicia, comparó la situación vivida en la Cámara de Diputados, celebrando que se declarara a Augusto Pinochet como el criminal más grande de la historia de Chile. En tanto, el Poder Judicial que como entidad durante la dictadura fue el único de los poderes del Estado que funcionaba, sigue siendo cómplice de la impunidad. “Fueron cómplices activos del terrorismo de Estado, su actuar permitió que el genocidio ocurriera como ocurrió, porque jamás estuvieron por defender la vida. Esa lógica ha continuado”.

En ese sentido, acusó que cuando los tribunales se vieron obligados a empezar a investigar, “buscaron subterfugios para bajar penas, como fue lo que pasó con la media prescripción, lo que le permitió que la mayoría de los condenados pudieran ir a vivir su vida normal en sus casas o ir a cárceles especiales donde no sabemos qué tipo de reglas los rigen”.

“La corte no ha evolucionado a la par con el derecho internacional”, comentó Lorena Pizarro, asegurando que a nivel mundial se ha trabajado en pos de salvar la vida de quienes viven en peligro, sin embargo, en Chile, salvo contados casos, esta situación no se repite: “Quiero destacar la labor del ministro Carlos Cerda. Él único que en años de Dictadura se atrevió a procesar desde Gustavo Leight hacia abajo”.

A su jucio, lo más preocupante es que en el Poder Judicial aun permanecen resabios ideológicos que, “lo único que buscan es la impunidad”.

Al finalizar, insistió en que la preocupación de la Agrupación no solo tiene que ver con el caso de Iturriaga, sino con que se trata de “una operación de impunidad que busca favorecer a los condenados de Punta Peuco”. Por ello, hizo un llamado al Gobierno para que den una señal, por ejemplo, impulsar el cierre de la cuestionada cárcel que aloja a los principales violadores de derechos humanos de la Dictadura.

“Es bien peligroso. Las víctimas terminamos siendo victimarios por exigir justicia y los criminales terminan siendo unos pobres viejitos que están siendo sometidos a tratos inhumanos por culpa de la venganza de los que siempre hemos luchado por justicia”.