Un duro revés sufrió la Fiscalía de Temuco luego que el Juzgado de Garantía de esa ciudad determinara revertir la prisión preventiva contra la machi Francisca Linconao para dejarla con arresto domiciliario.
Además, el mismo tribunal determinó el pago de una fianza en el caso de Hernán Catrilaf para dejarlo en libertad. Ambos son parte del grupo de mapuche acusados por Ministerio Público local de estar involucrados en el incendio donde murió el matrimonio Luchsinger-Mackay, hecho ocurrido en enero de 2013.
La abogada parte del equipo de defensores de los inculpados, Manuela Royo, indicó que esto representa un serio revés para la Fiscalía, la que busca que se apliquen las más altas condenas por este hecho, incluso de cadena perpetua.
“La Fiscalía ha pedido las penas más altas del ordenamiento jurídico para la machi, para mis representados que son la familia Catrilaf, que son de presidio perpetuo. Sin embargo, pese a esa excesiva solicitud de pena, lo cierto es que el tribunal ha dejado en libertad a la machi Francisca, a Hernán Catrilaf y a Eliseo y Aurelio Catrilaf también”, subrayó la profesional.
Manuela Royo criticó que se apliquen medidas preventivas en contra de los comuneros mapuche que luego deben ser revertidas por falta de pruebas, lo que da cuenta de una persecución.
“Es sumamente grave. El Estado chileno ya fue condenado el año 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que la prisión preventiva no es una medida punitiva, sino una medida cautelar y que se puede modificar. Por eso se condenó al Estado, por la extensión de las prisiones preventivas. Y en este caso es algo grave porque se trata de personas inocentes. Estamos hablando de una machi que es mayor de edad, estamos hablando de personas que son mayores de edad, de campesinos que no tienen antecedentes penales y que no tienen participación alguna en estos hechos”, precisó.
Además, la abogada adelantó que el próximo 7 de noviembre se va a realizar la audiencia de preparación de juicio oral, donde indicó que a pesar de las pruebas que espera presentar el equipo del Ministerio Público, no será suficiente para conseguir una condena.
“Pese al gran volumen de prueba que ellos están enumerando y presentando, ninguna de ellas habla respecto a la participación. Hay un hecho innegable de que la familia Luchsinger falleció el 3 de enero de 2013 en este incendio. Sin embargo, la participación (de los comuneros a los que se acusan) no está acreditada de modo alguno, porque ninguno de nuestros representados tuvo participación en ese ilícito”, comentó la defensora.