América Latina y el Caribe cuenta con una población general de unos 630 millones de personas, de los cuales 163 millones corresponden a jóvenes de entre 15 y 29 años, que equivale a un 25 por ciento. De estos últimos, alrededor de 100 millones, es decir, un 64 por ciento del total de jóvenes, viven en hogares pobres o vulnerables. Y uno de cada cinco (20 por ciento), unos 30 millones, se ubica en la denominación de “ninis”, es decir, ni estudian ni trabajan.

Tal es la conclusión de un reciente informe (“Perspectivas Económicas para América Latina 2017”) elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) para el XI Encuentro Empresarial previo a la XXV Cumbre Iberoamericana celebrada en Cartagena de Indias, Colombia.

Adicionalmente, o probablemente a raíz de aquello, en América Latina y el Caribe, el crecimiento demográfico está en fase de ralentización, situación que, según el informe, “pone en riesgo los avances sociales, políticos y económicos de la última década” y coloca a los jóvenes “en una encrucijada”, pues los avances de los últimos años generaron expectativas que no se han cumplido para un amplio sector de aquellos.

Como consecuencia de la disminución del crecimiento, o lisa y llanamente, recesiones en varias naciones de la región entre 2015 y 2016, y las bajas perspectivas para el 2017, unos “siete millones de latinoamericanos ya cayeron en la pobreza en 2015”, al tiempo que entre 25 y 30 millones de personas podrían volver a la pobreza en 2017, según el estudio. En este marco, de los jóvenes que viven en hogares pobres o vulnerables, el 20 por ciento tiene apenas empleos informales y las tasas de desocupación en el segmento son casi tres veces más altas que entre los adultos.

Las razones detrás del infausto cuadro es que, por el lado de la oferta, parte de los jóvenes más vulnerables de entre 15 y 29 años dejan la escuela antes que los de sectores acomodados, y cuando llegan a la edad adulta (30 años), casi tres de cada diez son “ninis” (unos 30 millones). La deserción escolar en secundaria es más alta en la región que en naciones de la OCDE y cerca del 66 por ciento de los jóvenes latinoamericanos no tienen calificación universitaria ni técnica superior. En Honduras, El Salvador, Guatemala y México se dan los más altos porcentajes, por encima del 25 por ciento, de un fenómeno que, además, afecta más a las mujeres (76 por ciento) que a los hombres.

Por el lado de la demanda, en torno al 50 por ciento de las empresas locales afirma no encontrar fuerza laboral calificada, un problema que el estudio indica como particularmente apremiante en Perú, Brasil y México, no obstante que en esos tres países la educación superior estatal es gratuita.

En este escenario, la OCDE ha propuesto un modelo que incentive el emprendimiento entre estos jóvenes, aunque reconoce que la investigación muestra que en América latina se observan “pocos emprendedores de alto crecimiento y muchos de subsistencia” (producto del bajo nivel de escolaridad), al tiempo que el gasto público en programas de esta naturaleza es la mitad en Latinoamérica de lo que destinan países de la OCDE, debido a los procesos de ajuste de gasto fiscal en que los primeros se encuentran.

Si bien los empresarios regionales estiman que el desarrollo de la infraestructura necesaria para la circulación de información vía tecnologías digitales es desigual en la región, creen que en varios países la base de apoyo actual podría brindar sendas oportunidades para que los Gobiernos promuevan la educación y capacitación de estos jóvenes por esas vías, buscando cerrar la brecha entre los requerimientos de una demanda industrial insatisfecha, con un mejoramiento de las habilidades de una oferta laboral que mayoritariamente no terminó sus estudios.

Hay coincidencia en que “los modelos de aprendizaje, usando las tecnología de información y comunicación (TIC’s), permiten mayor flexibilidad y acelerar los ritmos del aprendizaje”, aunque el informe final del Encuentro Empresarial hace hincapié en que “queda mucho por avanzar”, pues aún hay una distancia grande entre lo que necesita el sector productivo y los profesionales y técnicos que actualmente están formando las universidades o centros de educación superior, por lo que consideran urgente la tarea de identificar las nuevas demandas para ajustar la oferta, en una labor conjunta entre empresa, universidades y Gobiernos.

Dicha propuesta, empero, pone en curso de colisión derechos difíciles de conciliar en la medida que, de una parte, hay hoy un fuerte celo académico por la autonomía universitaria, especialmente en sus aspectos curricular y de investigación, así como respecto al derecho individual a elegir la carrera u oficio de preferencia por sobre necesidades sociales, tendencias que no necesariamente se ajustan con la demanda por mano de obra más calificada para la industria o servicios, generando así otro grupo de jóvenes “ninis” que, teniendo calificación técnico y/o profesional, corresponden a áreas menos demandadas por la industria.

Por lo demás, en Latinoamérica, incluido Chile, la escasa diversidad productiva y/o bajo nivel de desarrollo de otros servicios de nivel mundial, más allá de los que comercian mundialmente aprovechando sus ventajas naturales, limita las áreas de demanda potencial por aquellos millares de técnicos y profesionales que egresan anualmente de centros de educación superior, muchos de los cuales, incluso habiendo buscado carreras de mayor empleabilidad, van a engrosar las filas de los “ninis”, a la espera de una oportunidad que no llega.

De allí que, redirigir recursos de proyectos de capacitación de menor impacto para impulsar nuevos emprendimientos profesionales o técnicos a nivel de esos egresados, de manera de generar servicios, productos y/o empleos asociados que les otorguen una oportunidad y la dignidad de la confianza social en sus capacidades, mediante un comparativamente bajo capital semilla del Estado, podría ser un programa altamente rentable, no solo económica, sino socialmente, incluso en el evento que apenas el 50 por ciento de aquellos fuera exitoso, pues los proyectos “fracasados” son igualmente fuente de capacitación, enseñanza, innovación y creación de valor que queda para siempre entre los que “cayeron”, quienes, luego, con más herramientas, se pueden levantar con mayor experiencia y conocimiento.