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Año XIII, 8 de marzo de 2021

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Ennio Vivaldi: “La Ley de Presupuesto no resuelve los problemas de la educación”

Luego de que la Universidad Católica interpusiera una demanda civil contra el Estado por el incumplimiento en la entrega del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), los rectores del CRUCH arremetieron contra el sistema de glosa presupuestaria para la educación superior. Mientras el Rector de la Universidad de Chile desestimó que el plantel presentara una demanda contra el Estado.

Tania González

  Jueves 5 de enero 2017 19:57 hrs. 
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El rector de la  Universidad Católica, Ignacio Sánchez, presentó una demanda contra el Estado por el incumplimiento en la entrega del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que establece la ley y que al plantel perjudica en más de mil 700 millones de pesos.

Sánchez alegó que tanto el ex ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, como la actual ministra Adriana Delpiano, dijeron oficialmente al Consejo de Rectores que “independiente de las condiciones de cambio en la asignación del AFI, el compromiso es que el presupuesto operacional de las universidades no se iba a alterar”.

“La ley que entrega recursos por AFI está vigente, no ha sido derogada, de hecho en la propuesta de Reforma de la Ley de Educación Superior uno de los elementos que se propone es la derogación de esta ley. Por lo tanto, nos parece que mucho más allá de los recursos que involucra y que obviamente para nuestra universidad son significativos, lo más importante aquí es destacar el hecho de que se está incumpliendo la legislación vigente. El Estado tiene que asegurar el cumplimiento de la ley”, dijo.

Al respecto, el senador Guido Girardi indicó que el proyecto de Reforma a la Educación Superior debiera agrupar en una alianza los intereses de los planteles estatales y los públicos no estatales que han colaborado en el desarrollo del país.

“Parte de la molestia que tiene la Universidad Católica tiene que ver con que no se logró construir el acuerdo que se debiera haber construido, porque se puede fortalecer la educación superior estatal sin que por eso, hubiera significado debilitar o restar recursos que ya tenían las públicas no estatales. Ahí se cometió un error”, sostuvo el parlamentario.

Estas diferencias también ocasionaron distancias en las relaciones al interior del Consejo de Rectores. En efecto, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, prefirió no emitir comentario sobre la decisión de demanda de la Universidad Católica, pero sí atribuyó responsabilidades a quienes sostiene el sistema de glosa presupuestaria para la educación.

“Que este país desde 1990 a la fecha no haya sido capaz de reunirse a conversar sobre qué quiere de sus universidades y cómo administrar el sistema, creo que la responsabilidad debe ser puesta en quienes de alguna manera dejaron que las cosas siguieran como estaban. Es una vergüenza que los temas fundamentales de las universidades se vayan a definir en una Ley de Presupuesto, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, pero si ocurre, es porque nunca hubo una voluntad real de cambio”, enfatizó.

No obstante, la autoridad académica de  la Universidad de Chile descartó proceder también con una demanda, a pesar de que son más de 4 mil millones de pesos los que las universidades del Estado dejan de percibir por el AFI.

En tanto, el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, espera que la dificultad puntual de la falta de recursos sea solucionada, considerando que afecta de algún modo a todas las instituciones pertenecientes al CRUCH.

“Si bien es cierto que hay muchas instituciones que no van hacer las mismas acciones que está haciendo la PUC, ven que esta última no tenía otras posibilidades, llevaba tiempo buscando una solución pero no fue escuchada y es una de las instituciones que en el presupuesto es más maltratada. Por lo tanto, llama mucho la atención siendo una de las mejores universidades de Chile”, indicó.

Durán llamó al Estado a dar señales de comunicación y soluciones concretas por otras vías de financiamiento e instó a los actores de la educación a avanzar en acuerdos que permitan a las instituciones mantener su autonomía y gozar de posibilidades para su desarrollo, respondiendo siempre a intereses públicos y a la calidad.

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