Las decisiones de Joaquín Lavín (UDI) como alcalde se han caracterizado por tener una tonalidad que hace que la realidad y la ficción entren en pugna constante.
Lo demostró cuando oficiaba como edil de la comuna de Santiago. Corría el verano de 2002 y el calor, como de costumbre, azotaba con violencia el asfalto del centro de la capital. Al excandidato presidencial esto lo tenía inquieto y, en una ráfaga de lucidez, tomó la determinación de instalar, a orillas del Mapocho, una playa artificial. Dos piscinas de 6×3, además de juegos y quitasoles formaban la popular iniciativa de Lavín.
Pero el calor no era el único problema. El invierno también traía lo suyo y, si las familias del barrio alto podían acceder a centros de ski cuando lo dispusieran, ¿por qué no dotar de esas facilidades a las familias más vulnerables de la comuna de Santiago? Joaquín Lavín, durante ese mismo mandato, logró traer 400 toneladas de nieve al sector del Parque de Los Reyes para masificar la práctica del deporte blanco en lo que fue una medida profundamente cuestionada por la ciudadanía dado su alto costo y su escasa funcionalidad.
Años antes, como alcalde de Las Condes, intranquilo por el smog presente en su comuna fue el mismo Lavín quien hizo llover gracias al agua que liberaban dos aviones contratados por el municipio. La política fue un fracaso rotundo puesto que la cantidad de líquido no estuvo ni cerca de hacer mella a la densa contaminación que aquejaba por esos días a Santiago.
Y el alcalde de la UDI no se detiene. Es más, suma y sigue. Hace unos pocos días anunció una ordenanza municipal que prohíbe a los limpiadores de parabrisas de autos cumplir con su labor en la comuna de Las Condes. Esto porque, según indicó Lavín, vecinos han presentado quejas y reclamos en contra de los mismos, acusándolos de caer en prácticas vandálicas o delictivas. La medida comenzará a correr a partir del 15 de marzo y quienes la violen arriesgan una multa de $230.000.
Por otro lado, su colega y compañero de coalición Felipe Alessandri (RN), alcalde de Santiago, le acaba de declarar la guerra al comercio ambulante de su comuna. A través del plan Comercio Justo, el municipio ha reforzado intensamente la fiscalización para erradicar la totalidad de los vendedores ambulantes del centro. Las multas pueden correr tanto como para quien oficia de vendedor como para quien consume.
Los alcaldes y alcaldesas del bloque de derecha han protagonizado una serie de medidas que pueden ser tildadas de cuestionables. Lo hizo Cristián Labbé (UDI) cuando ofreció su comuna, Providencia, para rendirle homenaje al brigadier Miguel Krasnoff, poseedor de 20 condenas por violaciones a los derechos humanos. Lo hizo nuevamente Labbé cuando suspendió el servicio de recolección de basura para las embajadas de Inglaterra y España, por el involucramiento de ambos países en la detención de Pinochet en The Clinic. Lo hizo también Felipe Guevara (RN) instalando globos de vigilancia en Lo Barnechea cuyas garantías y resultados son inciertos. Lo ha hecho Evelyn Matthei (DUI), contratando a Tito Beltrán, tenor chileno condenado a dos años de cárcel por la violación de una niñera de 18 años en Suecia, para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y lo hacen hoy Alessandri y Lavín con las medidas anteriormente mencionadas.
¿Son políticas orientadas hacia la criminalización de la pobreza?
Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, insiste en que este es un asunto que debe ser abordado desde un punto de vista estructural. “Hay que hacer un análisis más sistémico. Frente a esto no puedes llegar y expulsar a los trabajadores. ¿Dónde queda el derecho al trabajo de los ciudadanos? Esta medida vulnera ese derecho. Son trabajadores totalmente desamparados en cuanto a normas de protección social. Se necesita una política nacional que se haga cargo de los derechos laborales básicos de todos los trabajadores”, comenta.
Felipe Valenzuela, sociólogo de la Fundación Sociedad & Trabajo acusa que son medidas basadas meramente en sus efectos políticos y mediáticos: “El diagnóstico que se hace es errado. Si uno revisa bien, cada día el trabajo asalariado disminuye y aumentan los trabajos precarizados. Todas esas expresiones de gente en la calle son eso. Si existen denuncias, como dice Lavín, existen también instancias que se hacen cargo de ellas, como la policía. La única solución a esto es que los trabajadores se organicen para combatir el trabajo precarizado y denuncien que la precarización del trabajo es un buen negocio para el modelo y que hay que derrotarlo”.
Alessandri y Lavín no son los únicos que han impulsado y promovido ordenanzas de este corte. El año pasado Álvaro Ortiz (DC), alcalde de Concepción, le declaró la guerra al comercio ambulante declarando que “no es bienvenido en la comuna” y elaborando un plan para reducirlo. La iniciativa despertó la furia de cientos de comerciantes que, incluso, llegaron a enfrentarse a FF.EE. de Carabineros.
La medida diseñada por Lavín entrará en vigencia el 15 de marzo y la de Alessandri comenzó a regir desde comienzos de mes. Las zonas que asoman como las más conflictivas serían Franklin y los alrededores del Parque O’Higgins.
Las decisiones de Joaquín Lavín (UDI) como alcalde se han caracterizado por tener una tonalidad que hace que la realidad y la ficción entren en pugna constante.
Lo demostró cuando oficiaba como edil de la comuna de Santiago. Corría el verano de 2002 y el calor, como de costumbre, azotaba con violencia el asfalto del centro de la capital. Al excandidato presidencial esto lo tenía inquieto y, en una ráfaga de lucidez, tomó la determinación de instalar, a orillas del Mapocho, una playa artificial. Dos piscinas de 6×3, además de juegos y quitasoles formaban la popular iniciativa de Lavín.
Pero el calor no era el único problema. El invierno también traía lo suyo y, si las familias del barrio alto podían acceder a centros de ski cuando lo dispusieran, ¿por qué no dotar de esas facilidades a las familias más vulnerables de la comuna de Santiago? Joaquín Lavín, durante ese mismo mandato, logró traer 400 toneladas de nieve al sector del Parque de Los Reyes para masificar la práctica del deporte blanco en lo que fue una medida profundamente cuestionada por la ciudadanía dado su alto costo y su escasa funcionalidad.
Años antes, como alcalde de Las Condes, intranquilo por el smog presente en su comuna fue el mismo Lavín quien hizo llover gracias al agua que liberaban dos aviones contratados por el municipio. La política fue un fracaso rotundo puesto que la cantidad de líquido no estuvo ni cerca de hacer mella a la densa contaminación que aquejaba por esos días a Santiago.
Y el alcalde de la UDI no se detiene. Es más, suma y sigue. Hace unos pocos días anunció una ordenanza municipal que prohíbe a los limpiadores de parabrisas de autos cumplir con su labor en la comuna de Las Condes. Esto porque, según indicó Lavín, vecinos han presentado quejas y reclamos en contra de los mismos, acusándolos de caer en prácticas vandálicas o delictivas. La medida comenzará a correr a partir del 15 de marzo y quienes la violen arriesgan una multa de $230.000.
Por otro lado, su colega y compañero de coalición Felipe Alessandri (RN), alcalde de Santiago, le acaba de declarar la guerra al comercio ambulante de su comuna. A través del plan Comercio Justo, el municipio ha reforzado intensamente la fiscalización para erradicar la totalidad de los vendedores ambulantes del centro. Las multas pueden correr tanto como para quien oficia de vendedor como para quien consume.
Los alcaldes y alcaldesas del bloque de derecha han protagonizado una serie de medidas que pueden ser tildadas de cuestionables. Lo hizo Cristián Labbé (UDI) cuando ofreció su comuna, Providencia, para rendirle homenaje al brigadier Miguel Krasnoff, poseedor de 20 condenas por violaciones a los derechos humanos. Lo hizo nuevamente Labbé cuando suspendió el servicio de recolección de basura para las embajadas de Inglaterra y España, por el involucramiento de ambos países en la detención de Pinochet en The Clinic. Lo hizo también Felipe Guevara (RN) instalando globos de vigilancia en Lo Barnechea cuyas garantías y resultados son inciertos. Lo ha hecho Evelyn Matthei (DUI), contratando a Tito Beltrán, tenor chileno condenado a dos años de cárcel por la violación de una niñera de 18 años en Suecia, para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y lo hacen hoy Alessandri y Lavín con las medidas anteriormente mencionadas.
¿Son políticas orientadas hacia la criminalización de la pobreza?
Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, insiste en que este es un asunto que debe ser abordado desde un punto de vista estructural. “Hay que hacer un análisis más sistémico. Frente a esto no puedes llegar y expulsar a los trabajadores. ¿Dónde queda el derecho al trabajo de los ciudadanos? Esta medida vulnera ese derecho. Son trabajadores totalmente desamparados en cuanto a normas de protección social. Se necesita una política nacional que se haga cargo de los derechos laborales básicos de todos los trabajadores”, comenta.
Felipe Valenzuela, sociólogo de la Fundación Sociedad & Trabajo acusa que son medidas basadas meramente en sus efectos políticos y mediáticos: “El diagnóstico que se hace es errado. Si uno revisa bien, cada día el trabajo asalariado disminuye y aumentan los trabajos precarizados. Todas esas expresiones de gente en la calle son eso. Si existen denuncias, como dice Lavín, existen también instancias que se hacen cargo de ellas, como la policía. La única solución a esto es que los trabajadores se organicen para combatir el trabajo precarizado y denuncien que la precarización del trabajo es un buen negocio para el modelo y que hay que derrotarlo”.
Alessandri y Lavín no son los únicos que han impulsado y promovido ordenanzas de este corte. El año pasado Álvaro Ortiz (DC), alcalde de Concepción, le declaró la guerra al comercio ambulante declarando que “no es bienvenido en la comuna” y elaborando un plan para reducirlo. La iniciativa despertó la furia de cientos de comerciantes que, incluso, llegaron a enfrentarse a FF.EE. de Carabineros.
La medida diseñada por Lavín entrará en vigencia el 15 de marzo y la de Alessandri comenzó a regir desde comienzos de mes. Las zonas que asoman como las más conflictivas serían Franklin y los alrededores del Parque O’Higgins.
Las decisiones de Joaquín Lavín (UDI) como alcalde se han caracterizado por tener una tonalidad que hace que la realidad y la ficción entren en pugna constante.
Lo demostró cuando oficiaba como edil de la comuna de Santiago. Corría el verano de 2002 y el calor, como de costumbre, azotaba con violencia el asfalto del centro de la capital. Al excandidato presidencial esto lo tenía inquieto y, en una ráfaga de lucidez, tomó la determinación de instalar, a orillas del Mapocho, una playa artificial. Dos piscinas de 6×3, además de juegos y quitasoles formaban la popular iniciativa de Lavín.
Pero el calor no era el único problema. El invierno también traía lo suyo y, si las familias del barrio alto podían acceder a centros de ski cuando lo dispusieran, ¿por qué no dotar de esas facilidades a las familias más vulnerables de la comuna de Santiago? Joaquín Lavín, durante ese mismo mandato, logró traer 400 toneladas de nieve al sector del Parque de Los Reyes para masificar la práctica del deporte blanco en lo que fue una medida profundamente cuestionada por la ciudadanía dado su alto costo y su escasa funcionalidad.
Años antes, como alcalde de Las Condes, intranquilo por el smog presente en su comuna fue el mismo Lavín quien hizo llover gracias al agua que liberaban dos aviones contratados por el municipio. La política fue un fracaso rotundo puesto que la cantidad de líquido no estuvo ni cerca de hacer mella a la densa contaminación que aquejaba por esos días a Santiago.
Y el alcalde de la UDI no se detiene. Es más, suma y sigue. Hace unos pocos días anunció una ordenanza municipal que prohíbe a los limpiadores de parabrisas de autos cumplir con su labor en la comuna de Las Condes. Esto porque, según indicó Lavín, vecinos han presentado quejas y reclamos en contra de los mismos, acusándolos de caer en prácticas vandálicas o delictivas. La medida comenzará a correr a partir del 15 de marzo y quienes la violen arriesgan una multa de $230.000.
Por otro lado, su colega y compañero de coalición Felipe Alessandri (RN), alcalde de Santiago, le acaba de declarar la guerra al comercio ambulante de su comuna. A través del plan Comercio Justo, el municipio ha reforzado intensamente la fiscalización para erradicar la totalidad de los vendedores ambulantes del centro. Las multas pueden correr tanto como para quien oficia de vendedor como para quien consume.
Los alcaldes y alcaldesas del bloque de derecha han protagonizado una serie de medidas que pueden ser tildadas de cuestionables. Lo hizo Cristián Labbé (UDI) cuando ofreció su comuna, Providencia, para rendirle homenaje al brigadier Miguel Krasnoff, poseedor de 20 condenas por violaciones a los derechos humanos. Lo hizo nuevamente Labbé cuando suspendió el servicio de recolección de basura para las embajadas de Inglaterra y España, por el involucramiento de ambos países en la detención de Pinochet en The Clinic. Lo hizo también Felipe Guevara (RN) instalando globos de vigilancia en Lo Barnechea cuyas garantías y resultados son inciertos. Lo ha hecho Evelyn Matthei (DUI), contratando a Tito Beltrán, tenor chileno condenado a dos años de cárcel por la violación de una niñera de 18 años en Suecia, para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y lo hacen hoy Alessandri y Lavín con las medidas anteriormente mencionadas.
¿Son políticas orientadas hacia la criminalización de la pobreza?
Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, insiste en que este es un asunto que debe ser abordado desde un punto de vista estructural. “Hay que hacer un análisis más sistémico. Frente a esto no puedes llegar y expulsar a los trabajadores. ¿Dónde queda el derecho al trabajo de los ciudadanos? Esta medida vulnera ese derecho. Son trabajadores totalmente desamparados en cuanto a normas de protección social. Se necesita una política nacional que se haga cargo de los derechos laborales básicos de todos los trabajadores”, comenta.
Felipe Valenzuela, sociólogo de la Fundación Sociedad & Trabajo acusa que son medidas basadas meramente en sus efectos políticos y mediáticos: “El diagnóstico que se hace es errado. Si uno revisa bien, cada día el trabajo asalariado disminuye y aumentan los trabajos precarizados. Todas esas expresiones de gente en la calle son eso. Si existen denuncias, como dice Lavín, existen también instancias que se hacen cargo de ellas, como la policía. La única solución a esto es que los trabajadores se organicen para combatir el trabajo precarizado y denuncien que la precarización del trabajo es un buen negocio para el modelo y que hay que derrotarlo”.
Alessandri y Lavín no son los únicos que han impulsado y promovido ordenanzas de este corte. El año pasado Álvaro Ortiz (DC), alcalde de Concepción, le declaró la guerra al comercio ambulante declarando que “no es bienvenido en la comuna” y elaborando un plan para reducirlo. La iniciativa despertó la furia de cientos de comerciantes que, incluso, llegaron a enfrentarse a FF.EE. de Carabineros.
La medida diseñada por Lavín entrará en vigencia el 15 de marzo y la de Alessandri comenzó a regir desde comienzos de mes. Las zonas que asoman como las más conflictivas serían Franklin y los alrededores del Parque O’Higgins.
