El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo y una querella por torturas contra funcionarios de la Fundación Coanil y solicitó la intervención urgente del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la Residencia Alihuén.
La acción judicial se presentó por las agresiones cometidas en abril pasado contra tres personas con discapacidad mental severa de este centro, ubicado en la comuna de Buin y subvencionado por el Sename.
El pasado miércoles 3 de mayo, el Tribunal de Familia de Buin dictaminó medidas cautelares para proteger la integridad de las víctimas. Los trabajadores entregaron videos donde se evidenciaban las contenciones que ejercieron los funcionarios con las tres personas internadas de 17, 23 y 33 años respectivamente.
Al respecto, el presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados, Alejandro Hernández, señaló que la discapacidad y la infancia nunca han sido prioridades para ningún gobierno. Por lo mismo, afirmó que se requiere con urgencia la capacitación de los trabajadores que atienden directamente a las personas bajo estas condiciones.
“Es necesario el autocuidado, el manejo del estrés y depresión en los trabajadores que atienden a las personas con discapacidad, que a la vez son muy mal remunerados. Entones, es necesario nutrir al recurso humano, porque de lo contrario nos olvidamos de quienes atienen a las jóvenes y adultos en estas condiciones. Es un efecto cascada”, afirmó.
En esa línea, se refirió a la necesidad de cambiar la mirada asistencialista y caritativa que ha implementado el Estado por una orientación integral de las personas con discapacidad.
“Tenemos un aparato estatal que no desea avanzar en material de discapacidad, pese a que más de 9 mil chilenos está vinculado a este tema que es materia de exclusión y prejuicios”.
Según la denuncia interpuesta por el INDH, parte de los videos constata que las personas fueron amarradas boca abajo a una camilla portátil de emergencia y entre cinco funcionarios habrían propinado fuerza excesiva para contenerlos. En el caso del joven de 17 años lo mantuvieron durante una hora y media en esta posición, según se observa en las grabaciones.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo y una querella por torturas contra funcionarios de la Fundación Coanil y solicitó la intervención urgente del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la Residencia Alihuén.
La acción judicial se presentó por las agresiones cometidas en abril pasado contra tres personas con discapacidad mental severa de este centro, ubicado en la comuna de Buin y subvencionado por el Sename.
El pasado miércoles 3 de mayo, el Tribunal de Familia de Buin dictaminó medidas cautelares para proteger la integridad de las víctimas. Los trabajadores entregaron videos donde se evidenciaban las contenciones que ejercieron los funcionarios con las tres personas internadas de 17, 23 y 33 años respectivamente.
Al respecto, el presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados, Alejandro Hernández, señaló que la discapacidad y la infancia nunca han sido prioridades para ningún gobierno. Por lo mismo, afirmó que se requiere con urgencia la capacitación de los trabajadores que atienden directamente a las personas bajo estas condiciones.
“Es necesario el autocuidado, el manejo del estrés y depresión en los trabajadores que atienden a las personas con discapacidad, que a la vez son muy mal remunerados. Entones, es necesario nutrir al recurso humano, porque de lo contrario nos olvidamos de quienes atienen a las jóvenes y adultos en estas condiciones. Es un efecto cascada”, afirmó.
En esa línea, se refirió a la necesidad de cambiar la mirada asistencialista y caritativa que ha implementado el Estado por una orientación integral de las personas con discapacidad.
“Tenemos un aparato estatal que no desea avanzar en material de discapacidad, pese a que más de 9 mil chilenos está vinculado a este tema que es materia de exclusión y prejuicios”.
Según la denuncia interpuesta por el INDH, parte de los videos constata que las personas fueron amarradas boca abajo a una camilla portátil de emergencia y entre cinco funcionarios habrían propinado fuerza excesiva para contenerlos. En el caso del joven de 17 años lo mantuvieron durante una hora y media en esta posición, según se observa en las grabaciones.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo y una querella por torturas contra funcionarios de la Fundación Coanil y solicitó la intervención urgente del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la Residencia Alihuén.
La acción judicial se presentó por las agresiones cometidas en abril pasado contra tres personas con discapacidad mental severa de este centro, ubicado en la comuna de Buin y subvencionado por el Sename.
El pasado miércoles 3 de mayo, el Tribunal de Familia de Buin dictaminó medidas cautelares para proteger la integridad de las víctimas. Los trabajadores entregaron videos donde se evidenciaban las contenciones que ejercieron los funcionarios con las tres personas internadas de 17, 23 y 33 años respectivamente.
Al respecto, el presidente de la Fundación Nacional de Discapacitados, Alejandro Hernández, señaló que la discapacidad y la infancia nunca han sido prioridades para ningún gobierno. Por lo mismo, afirmó que se requiere con urgencia la capacitación de los trabajadores que atienden directamente a las personas bajo estas condiciones.
“Es necesario el autocuidado, el manejo del estrés y depresión en los trabajadores que atienden a las personas con discapacidad, que a la vez son muy mal remunerados. Entones, es necesario nutrir al recurso humano, porque de lo contrario nos olvidamos de quienes atienen a las jóvenes y adultos en estas condiciones. Es un efecto cascada”, afirmó.
En esa línea, se refirió a la necesidad de cambiar la mirada asistencialista y caritativa que ha implementado el Estado por una orientación integral de las personas con discapacidad.
“Tenemos un aparato estatal que no desea avanzar en material de discapacidad, pese a que más de 9 mil chilenos está vinculado a este tema que es materia de exclusión y prejuicios”.
Según la denuncia interpuesta por el INDH, parte de los videos constata que las personas fueron amarradas boca abajo a una camilla portátil de emergencia y entre cinco funcionarios habrían propinado fuerza excesiva para contenerlos. En el caso del joven de 17 años lo mantuvieron durante una hora y media en esta posición, según se observa en las grabaciones.
