Ley sobre Incitación a la Violencia: ¿Cuáles serían los alcances para los medios?
La semana pasada el Gobierno ingresó a tramitación el proyecto de ley que tipifica como delito la incitación a la violencia. El documento modifica la Ley de Prensa en caso de difundir mensajes que respondan a estos criterios. Académicos e investigadores reflexionaron sobre el enfoque que debería adquirir en términos generales esta iniciativa y los alcances del derecho a la información y libertad de prensa.
Domingo 10 de septiembre 2017 10:03 hrs.
La iniciativa incorpora un nuevo artículo en el Código Penal que castigaría “a quien públicamente o a través de cualquier medio apto de difusión pública incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas”. Se consideran condenas de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, y multas que irían desde un millón 400 mil pesos a dos millones 334 mil pesos.
La norma también modificará la Ley de Prensa, que hasta ahora sólo castiga con multas a quienes publican o trasmiten contenidos que promuevan el odio apuntando a su raza, género, religión, sexo, nacionalidad o cualquier situación a través de medios de comunicación.
El alcance que podría tener esta modificación para la libertad de expresión y el derecho de la información es un tema que aún debe ser revisado, pero algunos investigadores reflexionaron sobre el enfoque que debería adquirir en términos generales.
La Asociación Nacional de Prensa (ANP), grupo que integra a los grandes consorcios periodísticos -como El Mercurio S.A.P. y Copesa- expresó que la ley debe ser cuidadosa desde el punto de vista que garantice la independencia de los medios para que no sean afectados por el sólo hecho de replicar declaraciones que pudo haber emitido una persona determinada.
El periodista y profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, Laureano Checa, explicó que hay varias materias que se deben despejar. Por un lado, está el deber de los medios de comunicación de transmitir información verídica y está en juego la construcción que hace cada medio de los hechos que no deben caer en enfoques que inciten a la discriminación y la violencia.
Pero, por otro lado, está la interpretación que se hace de los dichos que profieren las fuentes, como ocurrió en el caso de la querella que interpuso la presidenta Michelle Bachelet por la información que publicó la revista Qué Pasa. “Lo que se ponía en cuestión no era la difusión de la información sino que la supuesta intencionalidad asociada a esa difusión. Eso finalmente no llegó a puerto porque era muy difícil que se lograra comprobar. Claramente, mientras más subjetivo se vuelve un asunto, más difícil es aplicar una normativa”, indicó.
Laureano Checa advirtió que, sin tener claro aún la definición detallada de “incitación a la violencia”, también tendría que revisarse el uso de la sátira y el humor en los medios, porque de no existir un enfoque amplio, se podría pensar que incluso las portadas del semanario The Clinic serían cuestionadas bajo esta mirada.
“En las editoriales no puede subyacer un discurso del odio”
La abogada del Observatorio de Medios Fucatel, Lorena Donoso, dijo que deben aplicarse los debidos equilibrios, porque una regulación mal hecha podría terminar en que los medios se autocensuren para no incurrir en las conductas que se estarían sancionando.
Sin embargo, apuntó a que “se tiende a manejar un concepto de libertad de expresión exacerbada sin contar con ninguna regulación y es ahí donde se debe discutir sobre las limitaciones necesarias para salvaguardar la convivencia democrática”. Enfatizó en que “debería quedar establecido también en las propias editoriales que no puede subyacer un discurso del odio”.
Respecto de las sanciones, indicó que por ahora no se conocen mayores detalles para los medios de comunicación pero que, a su juicio, deberían ser aplicadas sólo penas pecuniarias- multas- para los medios y no de privación de libertad, porque eso sería contrario a la libertad de expresión. “No me parece razonable, porque sería un incentivo para que los medios sólo integraran voces que no comprometan la responsabilidad de los directores por sus dichos”, señaló.
En los casos de televisión, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ha ido elaborando una doctrina al respecto, definiendo en qué casos se incita a la discriminación y el odio. Sin embargo, Lorena Donoso sostuvo que otros medios- diarios electrónicos, impresos y radios- “han quedado en tierra de nadie” respecto de la regulación.
Para la abogada, la liviandad con que se ha tomado este tema en Chile nos ha llevado a una situación bastante crítica. “La construcción de la noticia la hace el medio de comunicación y la apertura del micrófono a una persona u otra también la define el medio. En ese sentido, las personas tienen que hacerse cargo de sus dichos si incitan al odio, pero también los medios de sus propias opiniones”, comentó.
Definir la “incitación a la violencia”
La periodista e integrante del Observatorio de Medios y Mujeres, Silvia Gutiérrez, reparó en que el proyecto hasta ahora sólo apunta a la incitación de la violencia física y deja fuera la violencia simbólica. “Lo que hacen los medios de comunicación junto al avisaje, por ejemplo, es resaltar que las mujeres no debemos envejecer o no mostrar gente pobre, mostrar ciertos estereotipos de cómo deberíamos vivir, todo eso también incita cierta odiosidad implícita”, comentó.
En su opinión, lo problemático se advierte en atribución de los medios de difundir información amparándose en una línea editorial que permita fuentes que discriminen ciertas prácticas culturales o sectores sociales.
El profesor Laureano Checa indicó que la Ley de Prensa requiere ser perfeccionada por este y por otros temas que hace 15 años atrás no eran materias de discusión tan profunda, como la necesaria definición de incitación a la odiosidad o las garantías para el pluralismo en nuevas plataformas mediales.
Un ejemplo claro, indicó el investigador, fue la reacción que generó el inserto publicado por La Tercera que honraba a los militares muertos en dictadura, en 2016, y que dio pie a la reflexión de temas que tensionan el derecho a la libertad de prensa y la garantía de derechos colectivos e individuales.
La iniciativa incorpora un nuevo artículo en el Código Penal que castigaría “a quien públicamente o a través de cualquier medio apto de difusión pública incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas”. Se consideran condenas de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, y multas que irían desde un millón 400 mil pesos a dos millones 334 mil pesos.
La norma también modificará la Ley de Prensa, que hasta ahora sólo castiga con multas a quienes publican o trasmiten contenidos que promuevan el odio apuntando a su raza, género, religión, sexo, nacionalidad o cualquier situación a través de medios de comunicación.
El alcance que podría tener esta modificación para la libertad de expresión y el derecho de la información es un tema que aún debe ser revisado, pero algunos investigadores reflexionaron sobre el enfoque que debería adquirir en términos generales.
La Asociación Nacional de Prensa (ANP), grupo que integra a los grandes consorcios periodísticos -como El Mercurio S.A.P. y Copesa- expresó que la ley debe ser cuidadosa desde el punto de vista que garantice la independencia de los medios para que no sean afectados por el sólo hecho de replicar declaraciones que pudo haber emitido una persona determinada.
El periodista y profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, Laureano Checa, explicó que hay varias materias que se deben despejar. Por un lado, está el deber de los medios de comunicación de transmitir información verídica y está en juego la construcción que hace cada medio de los hechos que no deben caer en enfoques que inciten a la discriminación y la violencia.
Pero, por otro lado, está la interpretación que se hace de los dichos que profieren las fuentes, como ocurrió en el caso de la querella que interpuso la presidenta Michelle Bachelet por la información que publicó la revista Qué Pasa. “Lo que se ponía en cuestión no era la difusión de la información sino que la supuesta intencionalidad asociada a esa difusión. Eso finalmente no llegó a puerto porque era muy difícil que se lograra comprobar. Claramente, mientras más subjetivo se vuelve un asunto, más difícil es aplicar una normativa”, indicó.
Laureano Checa advirtió que, sin tener claro aún la definición detallada de “incitación a la violencia”, también tendría que revisarse el uso de la sátira y el humor en los medios, porque de no existir un enfoque amplio, se podría pensar que incluso las portadas del semanario The Clinic serían cuestionadas bajo esta mirada.
“En las editoriales no puede subyacer un discurso del odio”
La abogada del Observatorio de Medios Fucatel, Lorena Donoso, dijo que deben aplicarse los debidos equilibrios, porque una regulación mal hecha podría terminar en que los medios se autocensuren para no incurrir en las conductas que se estarían sancionando.
Sin embargo, apuntó a que “se tiende a manejar un concepto de libertad de expresión exacerbada sin contar con ninguna regulación y es ahí donde se debe discutir sobre las limitaciones necesarias para salvaguardar la convivencia democrática”. Enfatizó en que “debería quedar establecido también en las propias editoriales que no puede subyacer un discurso del odio”.
Respecto de las sanciones, indicó que por ahora no se conocen mayores detalles para los medios de comunicación pero que, a su juicio, deberían ser aplicadas sólo penas pecuniarias- multas- para los medios y no de privación de libertad, porque eso sería contrario a la libertad de expresión. “No me parece razonable, porque sería un incentivo para que los medios sólo integraran voces que no comprometan la responsabilidad de los directores por sus dichos”, señaló.
En los casos de televisión, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ha ido elaborando una doctrina al respecto, definiendo en qué casos se incita a la discriminación y el odio. Sin embargo, Lorena Donoso sostuvo que otros medios- diarios electrónicos, impresos y radios- “han quedado en tierra de nadie” respecto de la regulación.
Para la abogada, la liviandad con que se ha tomado este tema en Chile nos ha llevado a una situación bastante crítica. “La construcción de la noticia la hace el medio de comunicación y la apertura del micrófono a una persona u otra también la define el medio. En ese sentido, las personas tienen que hacerse cargo de sus dichos si incitan al odio, pero también los medios de sus propias opiniones”, comentó.
Definir la “incitación a la violencia”
La periodista e integrante del Observatorio de Medios y Mujeres, Silvia Gutiérrez, reparó en que el proyecto hasta ahora sólo apunta a la incitación de la violencia física y deja fuera la violencia simbólica. “Lo que hacen los medios de comunicación junto al avisaje, por ejemplo, es resaltar que las mujeres no debemos envejecer o no mostrar gente pobre, mostrar ciertos estereotipos de cómo deberíamos vivir, todo eso también incita cierta odiosidad implícita”, comentó.
En su opinión, lo problemático se advierte en atribución de los medios de difundir información amparándose en una línea editorial que permita fuentes que discriminen ciertas prácticas culturales o sectores sociales.
El profesor Laureano Checa indicó que la Ley de Prensa requiere ser perfeccionada por este y por otros temas que hace 15 años atrás no eran materias de discusión tan profunda, como la necesaria definición de incitación a la odiosidad o las garantías para el pluralismo en nuevas plataformas mediales.
Un ejemplo claro, indicó el investigador, fue la reacción que generó el inserto publicado por La Tercera que honraba a los militares muertos en dictadura, en 2016, y que dio pie a la reflexión de temas que tensionan el derecho a la libertad de prensa y la garantía de derechos colectivos e individuales.
La iniciativa incorpora un nuevo artículo en el Código Penal que castigaría “a quien públicamente o a través de cualquier medio apto de difusión pública incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas”. Se consideran condenas de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, y multas que irían desde un millón 400 mil pesos a dos millones 334 mil pesos.
La norma también modificará la Ley de Prensa, que hasta ahora sólo castiga con multas a quienes publican o trasmiten contenidos que promuevan el odio apuntando a su raza, género, religión, sexo, nacionalidad o cualquier situación a través de medios de comunicación.
El alcance que podría tener esta modificación para la libertad de expresión y el derecho de la información es un tema que aún debe ser revisado, pero algunos investigadores reflexionaron sobre el enfoque que debería adquirir en términos generales.
La Asociación Nacional de Prensa (ANP), grupo que integra a los grandes consorcios periodísticos -como El Mercurio S.A.P. y Copesa- expresó que la ley debe ser cuidadosa desde el punto de vista que garantice la independencia de los medios para que no sean afectados por el sólo hecho de replicar declaraciones que pudo haber emitido una persona determinada.
El periodista y profesor del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, Laureano Checa, explicó que hay varias materias que se deben despejar. Por un lado, está el deber de los medios de comunicación de transmitir información verídica y está en juego la construcción que hace cada medio de los hechos que no deben caer en enfoques que inciten a la discriminación y la violencia.
Pero, por otro lado, está la interpretación que se hace de los dichos que profieren las fuentes, como ocurrió en el caso de la querella que interpuso la presidenta Michelle Bachelet por la información que publicó la revista Qué Pasa. “Lo que se ponía en cuestión no era la difusión de la información sino que la supuesta intencionalidad asociada a esa difusión. Eso finalmente no llegó a puerto porque era muy difícil que se lograra comprobar. Claramente, mientras más subjetivo se vuelve un asunto, más difícil es aplicar una normativa”, indicó.
Laureano Checa advirtió que, sin tener claro aún la definición detallada de “incitación a la violencia”, también tendría que revisarse el uso de la sátira y el humor en los medios, porque de no existir un enfoque amplio, se podría pensar que incluso las portadas del semanario The Clinic serían cuestionadas bajo esta mirada.
“En las editoriales no puede subyacer un discurso del odio”
La abogada del Observatorio de Medios Fucatel, Lorena Donoso, dijo que deben aplicarse los debidos equilibrios, porque una regulación mal hecha podría terminar en que los medios se autocensuren para no incurrir en las conductas que se estarían sancionando.
Sin embargo, apuntó a que “se tiende a manejar un concepto de libertad de expresión exacerbada sin contar con ninguna regulación y es ahí donde se debe discutir sobre las limitaciones necesarias para salvaguardar la convivencia democrática”. Enfatizó en que “debería quedar establecido también en las propias editoriales que no puede subyacer un discurso del odio”.
Respecto de las sanciones, indicó que por ahora no se conocen mayores detalles para los medios de comunicación pero que, a su juicio, deberían ser aplicadas sólo penas pecuniarias- multas- para los medios y no de privación de libertad, porque eso sería contrario a la libertad de expresión. “No me parece razonable, porque sería un incentivo para que los medios sólo integraran voces que no comprometan la responsabilidad de los directores por sus dichos”, señaló.
En los casos de televisión, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) ha ido elaborando una doctrina al respecto, definiendo en qué casos se incita a la discriminación y el odio. Sin embargo, Lorena Donoso sostuvo que otros medios- diarios electrónicos, impresos y radios- “han quedado en tierra de nadie” respecto de la regulación.
Para la abogada, la liviandad con que se ha tomado este tema en Chile nos ha llevado a una situación bastante crítica. “La construcción de la noticia la hace el medio de comunicación y la apertura del micrófono a una persona u otra también la define el medio. En ese sentido, las personas tienen que hacerse cargo de sus dichos si incitan al odio, pero también los medios de sus propias opiniones”, comentó.
Definir la “incitación a la violencia”
La periodista e integrante del Observatorio de Medios y Mujeres, Silvia Gutiérrez, reparó en que el proyecto hasta ahora sólo apunta a la incitación de la violencia física y deja fuera la violencia simbólica. “Lo que hacen los medios de comunicación junto al avisaje, por ejemplo, es resaltar que las mujeres no debemos envejecer o no mostrar gente pobre, mostrar ciertos estereotipos de cómo deberíamos vivir, todo eso también incita cierta odiosidad implícita”, comentó.
En su opinión, lo problemático se advierte en atribución de los medios de difundir información amparándose en una línea editorial que permita fuentes que discriminen ciertas prácticas culturales o sectores sociales.
El profesor Laureano Checa indicó que la Ley de Prensa requiere ser perfeccionada por este y por otros temas que hace 15 años atrás no eran materias de discusión tan profunda, como la necesaria definición de incitación a la odiosidad o las garantías para el pluralismo en nuevas plataformas mediales.
Un ejemplo claro, indicó el investigador, fue la reacción que generó el inserto publicado por La Tercera que honraba a los militares muertos en dictadura, en 2016, y que dio pie a la reflexión de temas que tensionan el derecho a la libertad de prensa y la garantía de derechos colectivos e individuales.
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