La escasez hídrica afecta a nuestro país desde hace siete años. Expertos consideran que hay tres causas para esta crisis: el cambio climático, la expansión urbana y agrícola y la poca valoración del recurso por parte de la población. Diputados y ambientalistas consideran que es urgente una reforma al Código de Aguas que limite los derechos privados de las empresas.
Camilo Villa J.
Viernes 2 de febrero 2018 17:56 hrs.
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Es un hecho. Si no se toman medidas prontamente la crisis del agua afectará a nuestro país. Desde ya, la escasez hídrica azota a 61 comunas de Chile, que en su conjunto abarcan un 14,89 por ciento de la población nacional.
Para el Master en hidrología y manejo de cuencas, Pablo García Chevesich, son tres las razones principales que influyen en la actual situación: el cambio climático, la expansión urbana y agrícola, y la poca valoración del recurso por parte de la población.
En ese sentido, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con el diputado comunista, Daniel Núñez, miembro de la Comisión de recursos hídricos y desertificación, para ver qué posibles soluciones se barajan desde el Congreso con el fin de revertir el acelerado camino a una crisis de agua.
El parlamentario afirmó que lo primordial desde el punto de vista legislativo es la reforma al Código de Aguas, la que debe verse acompañada por otras estrategias.
“Lo que hay que hacer es una estrategia conjunta que involucre las acciones legislativas, donde la principal necesidad es la reforma al código de aguas, que hasta ahora ha estado entrampada en el Senado, y que eso se haga a la par de otras dos estrategias que son complementarias, que son la desalación y la política de embalses”.
En cuanto a la reforma al Código de Aguas, Núñez explicó que es una reforma integral en el que la prioridad es resolver el tema del agua para consumo humano, estableciendo que en tiempo de escasez exista la posibilidad de limitar derechos privados.
También supone exigencias en relación a que no se le darán privilegios a las mineras para la explotación del agua, y una serie de modificaciones dirigidas al uso racional y equilibrado del recurso, limitando así el abuso y concentración de propiedad.
El parlamentario explicó a la vez que si se quiere hacer un cambio aún más profundo en la propiedad del agua, implicaría necesariamente tener una nueva Constitución, porque los derechos del recurso quedaron resguardados en esta.
Más allá de este proyecto, el cual lleva estancado siete años, para Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, el país carece de un plan nacional para el cuidado y protección de sus aguas, y debiese cuanto antes adoptar una política al respecto.
“Nosotros creemos que no hay un proyecto nacional para la seguridad hídrica, de hecho la solución de los camiones aljibes es la más cara, absurda e inútil, y sin embargo se ha ido tornando como la única respuesta frente a problemas de dificultades en el abastecimiento de agua potable, principalmente en los sectores rurales”.
“Chile debiera asumir la inseguridad hídrica como una de las principales amenazas que está sufriendo el país producto del cambio climático, y de un excesivo extractivismo de recursos hídricos e intervención de las cabeceras de cuencas”, afirmó.
En ese sentido Larraín cree necesario que Chile debiera establecer una ley para proteger los glaciares, que son los que entregan agua en periodos de sequía, y otra ley para proteger las cabeceras de cuenca, en donde se obligue a una gestión integrada de estas, en la que participen no solo los propietarios de derechos de agua, sino que también los municipios, las autoridades y las organizaciones ciudadanas.
Es un hecho. Si no se toman medidas prontamente la crisis del agua afectará a nuestro país. Desde ya, la escasez hídrica azota a 61 comunas de Chile, que en su conjunto abarcan un 14,89 por ciento de la población nacional.
Para el Master en hidrología y manejo de cuencas, Pablo García Chevesich, son tres las razones principales que influyen en la actual situación: el cambio climático, la expansión urbana y agrícola, y la poca valoración del recurso por parte de la población.
En ese sentido, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con el diputado comunista, Daniel Núñez, miembro de la Comisión de recursos hídricos y desertificación, para ver qué posibles soluciones se barajan desde el Congreso con el fin de revertir el acelerado camino a una crisis de agua.
El parlamentario afirmó que lo primordial desde el punto de vista legislativo es la reforma al Código de Aguas, la que debe verse acompañada por otras estrategias.
“Lo que hay que hacer es una estrategia conjunta que involucre las acciones legislativas, donde la principal necesidad es la reforma al código de aguas, que hasta ahora ha estado entrampada en el Senado, y que eso se haga a la par de otras dos estrategias que son complementarias, que son la desalación y la política de embalses”.
En cuanto a la reforma al Código de Aguas, Núñez explicó que es una reforma integral en el que la prioridad es resolver el tema del agua para consumo humano, estableciendo que en tiempo de escasez exista la posibilidad de limitar derechos privados.
También supone exigencias en relación a que no se le darán privilegios a las mineras para la explotación del agua, y una serie de modificaciones dirigidas al uso racional y equilibrado del recurso, limitando así el abuso y concentración de propiedad.
El parlamentario explicó a la vez que si se quiere hacer un cambio aún más profundo en la propiedad del agua, implicaría necesariamente tener una nueva Constitución, porque los derechos del recurso quedaron resguardados en esta.
Más allá de este proyecto, el cual lleva estancado siete años, para Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, el país carece de un plan nacional para el cuidado y protección de sus aguas, y debiese cuanto antes adoptar una política al respecto.
“Nosotros creemos que no hay un proyecto nacional para la seguridad hídrica, de hecho la solución de los camiones aljibes es la más cara, absurda e inútil, y sin embargo se ha ido tornando como la única respuesta frente a problemas de dificultades en el abastecimiento de agua potable, principalmente en los sectores rurales”.
“Chile debiera asumir la inseguridad hídrica como una de las principales amenazas que está sufriendo el país producto del cambio climático, y de un excesivo extractivismo de recursos hídricos e intervención de las cabeceras de cuencas”, afirmó.
En ese sentido Larraín cree necesario que Chile debiera establecer una ley para proteger los glaciares, que son los que entregan agua en periodos de sequía, y otra ley para proteger las cabeceras de cuenca, en donde se obligue a una gestión integrada de estas, en la que participen no solo los propietarios de derechos de agua, sino que también los municipios, las autoridades y las organizaciones ciudadanas.
Es un hecho. Si no se toman medidas prontamente la crisis del agua afectará a nuestro país. Desde ya, la escasez hídrica azota a 61 comunas de Chile, que en su conjunto abarcan un 14,89 por ciento de la población nacional.
Para el Master en hidrología y manejo de cuencas, Pablo García Chevesich, son tres las razones principales que influyen en la actual situación: el cambio climático, la expansión urbana y agrícola, y la poca valoración del recurso por parte de la población.
En ese sentido, Radio y Diario Universidad de Chile se contactó con el diputado comunista, Daniel Núñez, miembro de la Comisión de recursos hídricos y desertificación, para ver qué posibles soluciones se barajan desde el Congreso con el fin de revertir el acelerado camino a una crisis de agua.
El parlamentario afirmó que lo primordial desde el punto de vista legislativo es la reforma al Código de Aguas, la que debe verse acompañada por otras estrategias.
“Lo que hay que hacer es una estrategia conjunta que involucre las acciones legislativas, donde la principal necesidad es la reforma al código de aguas, que hasta ahora ha estado entrampada en el Senado, y que eso se haga a la par de otras dos estrategias que son complementarias, que son la desalación y la política de embalses”.
En cuanto a la reforma al Código de Aguas, Núñez explicó que es una reforma integral en el que la prioridad es resolver el tema del agua para consumo humano, estableciendo que en tiempo de escasez exista la posibilidad de limitar derechos privados.
También supone exigencias en relación a que no se le darán privilegios a las mineras para la explotación del agua, y una serie de modificaciones dirigidas al uso racional y equilibrado del recurso, limitando así el abuso y concentración de propiedad.
El parlamentario explicó a la vez que si se quiere hacer un cambio aún más profundo en la propiedad del agua, implicaría necesariamente tener una nueva Constitución, porque los derechos del recurso quedaron resguardados en esta.
Más allá de este proyecto, el cual lleva estancado siete años, para Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, el país carece de un plan nacional para el cuidado y protección de sus aguas, y debiese cuanto antes adoptar una política al respecto.
“Nosotros creemos que no hay un proyecto nacional para la seguridad hídrica, de hecho la solución de los camiones aljibes es la más cara, absurda e inútil, y sin embargo se ha ido tornando como la única respuesta frente a problemas de dificultades en el abastecimiento de agua potable, principalmente en los sectores rurales”.
“Chile debiera asumir la inseguridad hídrica como una de las principales amenazas que está sufriendo el país producto del cambio climático, y de un excesivo extractivismo de recursos hídricos e intervención de las cabeceras de cuencas”, afirmó.
En ese sentido Larraín cree necesario que Chile debiera establecer una ley para proteger los glaciares, que son los que entregan agua en periodos de sequía, y otra ley para proteger las cabeceras de cuenca, en donde se obligue a una gestión integrada de estas, en la que participen no solo los propietarios de derechos de agua, sino que también los municipios, las autoridades y las organizaciones ciudadanas.
