Aunque un poco tarde, la sociedad chilena ha reaccionado frente a la decisión de la Corte Suprema de otorgar beneficios carcelarios a siete criminales de lesa humanidad. Los dolores que vivió la sociedad chilena ayer, debido a las violaciones a derechos humanos en dictadura, debieron habernos llevado a un estadio de mayor conciencia y compromiso colectivo con los derechos humanos, pero algo ocurrió en el camino. A 45 años del golpe militar, sigue siendo necesario dar batallas para establecer lo que debería ser obvio.
Las han dado las organizaciones nadando contra la corriente de las olvidadizas agendas mediáticas y políticas. Las han dado los familiares de las víctimas, que han envejecido luchando y golpeando puertas y marchando y pujando por verdad, justicia y reparación. Muchos de esos hombres y mujeres ya no están: murieron esperando que aquello sucediera.
Ellos lo intentaron. Pero no ha sido igual con los gobiernos y, ahora vemos, tampoco con la Corte Suprema, salvo voluntades individuales. Ha habido duras críticas a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial actuales pero, en honor a la verdad, lo que ocurre ahora no es sustantivamente distinto a lo que ocurrió ayer. Durante la primera década de gobiernos posteriores a la dictadura, no se recibió en La Moneda a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y solo se hizo justicia en unos pocos casos, los llamados emblemáticos. Posteriormente los gobiernos autodenominados progresistas trabajaron por la liberación de Pinochet en Londres, quien vivió sus últimos años en la impunidad. Y, hace poco, el gobierno anterior prometió en época previa de campaña cerrar Punta Peuco y un proyecto de reparación a las víctimas, pero ambas ideas durmieron durante los cuatro años de administración y hasta sus últimos días, cuando ya era demasiado tarde y hubo un bochornoso episodio con el entonces ministro de Justicia mediante.
Repetimos: lo que hoy ocurre es grave, pero no es tan distinto a lo que ocurrió ayer. Por eso es necesaria una reflexión colectiva para poner ciertas acciones y omisiones en el ámbito de lo inaceptable.
No es aceptable que en el tema de los derechos humanos, tal como en medioambiente, pueblos indígenas, derechos reproductivos y sexuales y otros asuntos, nuestro país firme compromisos en el extranjero pero luego no se cumplan aquí, porque el Estado chileno se ha acostumbrado a promover una imagen internacional que no se corresponde con la realidad. No es aceptable que el Gobierno confunda el correcto principio de no interferencia en otro poder del Estado con su obligación de hacer cumplir los convenios internacionales de los que el país forme parte. No es aceptable que los ministros de la Corte ignoren algo que es obvio para cualquier abogado de derechos humanos en el mundo: que para otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad no solo es necesario un estado de salud muy grave, sino que también la colaboración con la justicia y el arrepentimiento. No es aceptable que esto quede al arbitrio de los ministros y no sea una doctrina de la Corte.
Aunque tarde, aunque muy tarde, una parte de la sociedad chilena ha despertado para no aceptar la impunidad. A las movilizaciones callejeras se han sumado las bancadas de oposición, con la probable concurrencia de la Democracia Cristiana, a una acusación constitucional contra los tres ministros que excarcelaron a estos siete violadores de derechos humanos. Es probable que estas acciones, además de sus consecuencias concretas, sean disuasivas para la descarada idea de pedir la libertad para Miguel Krassnoff, quien que ha cometido algunos de los crímenes más crueles en la historia de Chile y que nunca, jamás, ha mostrado arrepentimiento ni ha colaborado con el esclarecimiento de los horrores en los que participó.
Esta reacción colectiva probablemente reponga un mínimo civilizatorio y ésa será una victoria. Pero Chile no puede conformarse con eso: las fuerzas políticas y la opinión pública no deberían reaccionar solamente cuando acontecen estos hechos indignantes, sino tener una posición más consistente a lo largo del tiempo. Hay tres palabras que se han dicho tantas veces y que hay que volver a decir, a escuchar y, muy especialmente, a transformar en realidades: Verdad, Justicia y Reparación.
Aunque un poco tarde, la sociedad chilena ha reaccionado frente a la decisión de la Corte Suprema de otorgar beneficios carcelarios a siete criminales de lesa humanidad. Los dolores que vivió la sociedad chilena ayer, debido a las violaciones a derechos humanos en dictadura, debieron habernos llevado a un estadio de mayor conciencia y compromiso colectivo con los derechos humanos, pero algo ocurrió en el camino. A 45 años del golpe militar, sigue siendo necesario dar batallas para establecer lo que debería ser obvio.
Las han dado las organizaciones nadando contra la corriente de las olvidadizas agendas mediáticas y políticas. Las han dado los familiares de las víctimas, que han envejecido luchando y golpeando puertas y marchando y pujando por verdad, justicia y reparación. Muchos de esos hombres y mujeres ya no están: murieron esperando que aquello sucediera.
Ellos lo intentaron. Pero no ha sido igual con los gobiernos y, ahora vemos, tampoco con la Corte Suprema, salvo voluntades individuales. Ha habido duras críticas a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial actuales pero, en honor a la verdad, lo que ocurre ahora no es sustantivamente distinto a lo que ocurrió ayer. Durante la primera década de gobiernos posteriores a la dictadura, no se recibió en La Moneda a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y solo se hizo justicia en unos pocos casos, los llamados emblemáticos. Posteriormente los gobiernos autodenominados progresistas trabajaron por la liberación de Pinochet en Londres, quien vivió sus últimos años en la impunidad. Y, hace poco, el gobierno anterior prometió en época previa de campaña cerrar Punta Peuco y un proyecto de reparación a las víctimas, pero ambas ideas durmieron durante los cuatro años de administración y hasta sus últimos días, cuando ya era demasiado tarde y hubo un bochornoso episodio con el entonces ministro de Justicia mediante.
Repetimos: lo que hoy ocurre es grave, pero no es tan distinto a lo que ocurrió ayer. Por eso es necesaria una reflexión colectiva para poner ciertas acciones y omisiones en el ámbito de lo inaceptable.
No es aceptable que en el tema de los derechos humanos, tal como en medioambiente, pueblos indígenas, derechos reproductivos y sexuales y otros asuntos, nuestro país firme compromisos en el extranjero pero luego no se cumplan aquí, porque el Estado chileno se ha acostumbrado a promover una imagen internacional que no se corresponde con la realidad. No es aceptable que el Gobierno confunda el correcto principio de no interferencia en otro poder del Estado con su obligación de hacer cumplir los convenios internacionales de los que el país forme parte. No es aceptable que los ministros de la Corte ignoren algo que es obvio para cualquier abogado de derechos humanos en el mundo: que para otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad no solo es necesario un estado de salud muy grave, sino que también la colaboración con la justicia y el arrepentimiento. No es aceptable que esto quede al arbitrio de los ministros y no sea una doctrina de la Corte.
Aunque tarde, aunque muy tarde, una parte de la sociedad chilena ha despertado para no aceptar la impunidad. A las movilizaciones callejeras se han sumado las bancadas de oposición, con la probable concurrencia de la Democracia Cristiana, a una acusación constitucional contra los tres ministros que excarcelaron a estos siete violadores de derechos humanos. Es probable que estas acciones, además de sus consecuencias concretas, sean disuasivas para la descarada idea de pedir la libertad para Miguel Krassnoff, quien que ha cometido algunos de los crímenes más crueles en la historia de Chile y que nunca, jamás, ha mostrado arrepentimiento ni ha colaborado con el esclarecimiento de los horrores en los que participó.
Esta reacción colectiva probablemente reponga un mínimo civilizatorio y ésa será una victoria. Pero Chile no puede conformarse con eso: las fuerzas políticas y la opinión pública no deberían reaccionar solamente cuando acontecen estos hechos indignantes, sino tener una posición más consistente a lo largo del tiempo. Hay tres palabras que se han dicho tantas veces y que hay que volver a decir, a escuchar y, muy especialmente, a transformar en realidades: Verdad, Justicia y Reparación.
Aunque un poco tarde, la sociedad chilena ha reaccionado frente a la decisión de la Corte Suprema de otorgar beneficios carcelarios a siete criminales de lesa humanidad. Los dolores que vivió la sociedad chilena ayer, debido a las violaciones a derechos humanos en dictadura, debieron habernos llevado a un estadio de mayor conciencia y compromiso colectivo con los derechos humanos, pero algo ocurrió en el camino. A 45 años del golpe militar, sigue siendo necesario dar batallas para establecer lo que debería ser obvio.
Las han dado las organizaciones nadando contra la corriente de las olvidadizas agendas mediáticas y políticas. Las han dado los familiares de las víctimas, que han envejecido luchando y golpeando puertas y marchando y pujando por verdad, justicia y reparación. Muchos de esos hombres y mujeres ya no están: murieron esperando que aquello sucediera.
Ellos lo intentaron. Pero no ha sido igual con los gobiernos y, ahora vemos, tampoco con la Corte Suprema, salvo voluntades individuales. Ha habido duras críticas a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial actuales pero, en honor a la verdad, lo que ocurre ahora no es sustantivamente distinto a lo que ocurrió ayer. Durante la primera década de gobiernos posteriores a la dictadura, no se recibió en La Moneda a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y solo se hizo justicia en unos pocos casos, los llamados emblemáticos. Posteriormente los gobiernos autodenominados progresistas trabajaron por la liberación de Pinochet en Londres, quien vivió sus últimos años en la impunidad. Y, hace poco, el gobierno anterior prometió en época previa de campaña cerrar Punta Peuco y un proyecto de reparación a las víctimas, pero ambas ideas durmieron durante los cuatro años de administración y hasta sus últimos días, cuando ya era demasiado tarde y hubo un bochornoso episodio con el entonces ministro de Justicia mediante.
Repetimos: lo que hoy ocurre es grave, pero no es tan distinto a lo que ocurrió ayer. Por eso es necesaria una reflexión colectiva para poner ciertas acciones y omisiones en el ámbito de lo inaceptable.
No es aceptable que en el tema de los derechos humanos, tal como en medioambiente, pueblos indígenas, derechos reproductivos y sexuales y otros asuntos, nuestro país firme compromisos en el extranjero pero luego no se cumplan aquí, porque el Estado chileno se ha acostumbrado a promover una imagen internacional que no se corresponde con la realidad. No es aceptable que el Gobierno confunda el correcto principio de no interferencia en otro poder del Estado con su obligación de hacer cumplir los convenios internacionales de los que el país forme parte. No es aceptable que los ministros de la Corte ignoren algo que es obvio para cualquier abogado de derechos humanos en el mundo: que para otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad no solo es necesario un estado de salud muy grave, sino que también la colaboración con la justicia y el arrepentimiento. No es aceptable que esto quede al arbitrio de los ministros y no sea una doctrina de la Corte.
Aunque tarde, aunque muy tarde, una parte de la sociedad chilena ha despertado para no aceptar la impunidad. A las movilizaciones callejeras se han sumado las bancadas de oposición, con la probable concurrencia de la Democracia Cristiana, a una acusación constitucional contra los tres ministros que excarcelaron a estos siete violadores de derechos humanos. Es probable que estas acciones, además de sus consecuencias concretas, sean disuasivas para la descarada idea de pedir la libertad para Miguel Krassnoff, quien que ha cometido algunos de los crímenes más crueles en la historia de Chile y que nunca, jamás, ha mostrado arrepentimiento ni ha colaborado con el esclarecimiento de los horrores en los que participó.
Esta reacción colectiva probablemente reponga un mínimo civilizatorio y ésa será una victoria. Pero Chile no puede conformarse con eso: las fuerzas políticas y la opinión pública no deberían reaccionar solamente cuando acontecen estos hechos indignantes, sino tener una posición más consistente a lo largo del tiempo. Hay tres palabras que se han dicho tantas veces y que hay que volver a decir, a escuchar y, muy especialmente, a transformar en realidades: Verdad, Justicia y Reparación.
