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Hernán Ramírez

Inversión, desarrollo sostenible y agenda pro-inversión

Hernán Ramírez | Lunes 10 de septiembre 2018 8:06 hrs.


La lógica productiva de los siglos XIX y XX permanece fuertemente arraigada en el ADN de muchos de los empresarios nacionales así como de sus asociaciones de industriales y grupos de influencia. Esta lógica miope, anticuada y basada en la extracción de recursos naturales no les ha permitido ver que el mundo y los mercados cambiaron y que seguirán cambiando respecto a la forma de generar riquezas y, por sobre todo, bienestar. La tendencia actual es que la producción se haga en forma sostenible, respetando los derechos humanos, el medio ambiente y resguardando los recursos necesarios para las generaciones venideras.

Hoy, en un mundo globalizado, el dumping ecológico se realiza al costo de sacrificar ecosistemas y vulnerar derechos humanos, factores que no son triviales aunque pasen desapercibidos al momento de invertir. La emisión de gases de efecto invernadero es un gran tema al momento de hacer negocios, como también lo son la calidad de las normas ambientales, la solidez de las instituciones del Estado, la lucha en contra de la corrupción y los efectos del cambio climático. Actualmente, cumplir con los requerimientos de sostenibilidad es la única forma decente de generar riquezas y esto bien lo saben los inversionistas al momento de elegir un país donde hacer negocios.

¿Qué busca un inversionista responsable cuando escoge un destino para hacer negocios?

Un inversionista responsable va a elegir invertir en naciones que cuenten con instituciones sólidas, en donde el desarrollo sostenible no sea solo un discurso, sino que una política pública concreta. Un país en donde el Estado no apruebe proyectos al margen de la ley, violentando los derechos humanos de las comunidades como lo ocurrido con la aprobación de la termoeléctrica a carbón Campiche; un país donde su ministerio del medio ambiente elimine las normas de material respirable MP10, sin haber realizado previamente estudios serios que justificaran dicha decisión y donde luego los tribunales de Justicia obligasen al Estado a reponer dicha norma.

Los inversionistas, esos que tan incansablemente está buscando el Gobierno de Sebastián Piñera, buscan países donde las instituciones ambientales cuenten con financiamiento para hacer sus tareas, una realidad muy diferente a la que ocurre en Chile con la Superintendencia de Medio Ambiente, donde la máxima autoridad de este organismo, Cristián Franz, señaló no contar con los recursos necesarios para la fiscalización, o sea, para cumplir con su deber.

Los principales financistas quieren estar en países donde existan instituciones robustas que les den seguridad. Esta exigencia no se condice con nuestra realidad, donde la actual propuesta para modificar la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente busca eliminar los servicios regionales de evaluación ambiental, dificultando el acceso de la sociedad civil a estos espacios, lo que finalmente obligará a las comunidades a protegerse y defenderse de una institucionalidad ambiental lejana, con pocos profesionales, con atisbos de corrupción y siempre dispuesta a escuchar atentamente las recomendaciones de consultoras lobbistas de la industria; incrementando la brecha entre el Estado y la ciudadanía, obligando a la comunidad a tener que recurrir a la judicialización y la movilización como únicos mecanismos a su alcance para que se restablezca el Estado de Derecho.

Un inversionista responsable busca países que tengan un compromiso real frente al cambio climático, con medidas concretas que se condigan con lo que se establece en los mercados internacionales; naciones donde pueda acceder a energías limpias y no contaminantes, lejos de lo que Chile hoy ofrece, ya que el 40 por ciento de la energía eléctrica proviene de la quema de carbón y da lo mismo el tipo de energía que se genere, dejando esa decisión en manos del libre mercado. Actualmente, los mercados y las políticas internacionales exigen políticas institucionales destinadas a ofertar una matriz de energías limpias, que muestren un compromiso real del Estado frente al cambio climático.

Un inversionista responsable busca un país en el cual se priorice la salud y bienestar de la población, que posea normas ambientales que protejan la salud de sus habitantes, situación que no ocurre en Chile con las normas de contaminantes respirables de MP2.5, MP10, SO2, Nox, Arsénico, entre otros, cuyos estándares son dramáticamente inferiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a lo adoptado por países OCDE, situación que pone en riesgo, permanentemente, a millones de compatriotas al estar expuestos a niveles de contaminantes perjudiciales, y donde los Planes de Descontaminación son de una vergonzosa inutilidad, al permitir incrementar la contaminación como lo ocurrido con el Plan de Descontaminación y Prevención de Concón, Quintero y Puchuncaví, el cual finalmente fue rechazado por la Contraloría General de la República en diciembre del 2017.

Situaciones como las que ocurren en la Bahía de Quintero son las que alejan al inversionista, pues genera inestabilidad jurídica y económica para su capital. Hoy en día, el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como el mantenimiento de los ecosistemas, son algunos de los estándares mínimos para hacer negocios, lo cual muchos de los empresarios presentes en Chile todavía no entienden.

La forma de hacer negocios en el mundo cambió y lamentablemente Chile está quedando afuera. Las ventajas que nuestro país exhibió de antaño ya no existen. El desafío del Estado para atraer inversiones está en fortalecer la institucionalidad pública, tomando un rol de liderazgo a nivel latinoamericano frente al cambio climático, cerrando centrales termoeléctricas a carbón para permitir el ingreso de inversiones energías limpias al inversor, reduciendo la brecha y desigualdad en nuestra sociedad, protegiendo la vida y la salud de nuestros compatriotas, actualizando normas de calidad ambiental en el aire, generando normas para suelo y agua que obedezcan a los estándares de la OMS y de países OCDE, dictando normas de calidad para arsénico respirable, priorizando el agua para consumo humano, protegiendo efectivamente los ecosistemas y, por sobre todo, respetando los derechos humanos.

 

El autor es ingeniero en ejecución en pesca e investigador asociado a Fundación Terram