Hasta hace poco la democracia tutelada que se estableció mediante la Constitución del 80 no había sido nunca reconocida por el liderazgo político chileno. Esto pese a lo evidente de tales características durante la década de los 90. Sus manifestaciones más escandalosas fueron los denominados ejercicios de enlace de 1990; el boinazo de 1993 y el puntapeucazo de 1995. Y las más humillantes fueron las repetidas defensas de los gobiernos de Aylwin y de Frei Ruiz-Tagle (expresadas fundamentalmente por sus ministros Correa y Pérez Yoma) a Pinochet frente a sus sucesivos bochornos en el exterior en sus viajes de vacaciones o a comprar armas, que hacía cuando le daban ganas. Esto, por cierto, tuvo su mani festación más penosa cuando el liderazgo concertacionista defendió a Pinochet frente al mundo, luego de su detención en Londres. Y lo hizo tan efectivamente que logró su liberación; y posteriormente, con presiones públicas y privadas al Poder Judicial efectuadas por el gobierno de Lagos, logró su total impunidad.
Es cierto que la propia detención de Pinochet en Londres provocó una disminución del poder fáctico de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ello, unido a las ansias de reivindicación histórica del muy desprestigiado Poder Judicial, abrió la puerta para que se comenzara a hacer justicia respecto de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. También pudo expresarse en que las manifestaciones más evidentes de la autonomía de las FF.AA., plasmadas en la propia Constitución, fuesen morigeradas por la Reforma Constitucional de 2005.
Sin embargo, como lo ha señalado el diputado de RD, Jorge Brito, todavía el conjunto de la legislación vigente respecto de las FF. AA. y Carabineros -partiendo por su Ley Orgánica- es la que nos impuso la dictadura de Pinochet. Y que todos los esfuerzos realizados en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados (de la que forma parte) para suprimir los privilegios de que disfrutan dichas instituciones han resultado infructuosos. Privilegios que se basan en disposiciones excepcionales para sus presupuestos anuales; para la compra de sus armamentos y equipos; y en el carácter de sus gastos reservados; además por cierto de sus ámbitos privilegiados respecto de sus sistemas de justicia y previsión.
Lo mismo han señalado desde hace mucho tiempo en diversos libros, artículos especializados, seminarios e intervenciones en medios de comunicación los mayores expertos chilenos en el tema: los académicos Augusto Varas, Claudio Fuentes y Felipe Agüero.
Lo notable es que en el último tiempo, numerosos líderes de la derecha o de la Concertación -coaliciones que siempre habían negado la existencia de una democracia tutelada derivada de la Constitución del 80- han comenzado a reconocer sin ningún tapujo la virtual autonomía de las Fuerzas Armadas y Carabineros; autonomía evidentemente incompatible con la existencia de un auténtico Estado de Derecho, en que las instituciones armadas tienen que estar completamente subordinadas a las autoridades políticas elegidas por el pueblo.
En este sentido han resaltado varias entrevistas concedidas por líderes políticos al Canal de cable CNN-Chile. Así, el senador independiente de derecha y miembro de la Comisión de Defensa del Senado, Carlos Bianchi, le reconoció explícitamente al periodista Tomás Mosciatti que el Gobierno actual no controla a las Fuerzas Armadas. Asimismo, el exsubsecretario general de Gobierno de Lagos, Jorge Navarrete (entonces DC y hoy independiente), le expresó a la periodista Mónica Rincón que el último gobierno que en Chile había controlado efectivamente a Carabineros fue el de Pinochet.
Pero sin duda que el reconocimiento más significativo lo hizo ¡el propio exministro del Interior de Lagos durante más de cinco años, José Miguel Insulza!; el mismo quien previamente como canciller de Frei había desempeñado un rol crucial en la liberación de Pinochet de Londres (evitando así su inminente extradición y segura condena en España); y que luego como ministro de Lagos, a través de varias entrevistas en medios de comunicación, presionó pública y exitosamente a los tribunales de Justicia para lograr la impunidad de Pinochet. Así, el ahora senador socialista Insulza le señaló también a Mónica Rincón que las Fuerzas Armadas “se mandaban solas” desde 1990.
Y por si faltaba algo al esclarecimiento público de la autonomía que conservan las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno, tenemos las expresiones del comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, dirigidas a cerca de 900 oficiales en el recinto de la Escuela Militar, donde señaló la disposición institucional a defender el sistema previsional que los favorece, “con dientes y muelas”. En ningún país normal un comandante en jefe del Ejército hubiese permanecido luego de expresiones públicas de esa naturaleza y frente a ese auditorio.
Evidentemente que aquellos notables reconocimientos de la elite política han sido muy alentados por la enorme decadencia institucional que han sufrido las Fuerzas Armadas por sus numerosos escándalos de corrupción y por la represión ilegal de Carabineros a los mapuches que ha culminado en el asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Todo esto ha generado una profunda crisis en las bases de la democracia tutelada que los veinte años de gobiernos de la Concertación habían consolidado exitosamente hasta hace pocos años. Esperemos que esto se traduzca en que el liderazgo político chileno “se vea obligado” a efectuar los cambios que conduzcan a una subordinación efectiva de las Fuerzas Armadas y Carabineros a las autoridades civiles y al establecimiento de una auténtica democracia y de la real vigencia del
Estado de Derecho en nuestro país.
