Coincidencia o no, los primeros meses del nuevo gobierno han estado marcados por varias polémicas vinculadas a la negación de los derechos humanos, hechos que han generado el debate sobre por qué se permiten estas acciones en nuestro país.

El primer hito de negacionismo en estos meses fueron los dichos del ex ministro de las Culturas, Mauricio Rojas. A solo dos días de llegar a su cargo se conoció que en su libro titulado “Diálogo de Conversos”, redactado en conjunto al actual Ministro Roberto Ampuerto, Rojas escribió “más que un museo (…) se trata de un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar (…) Es un uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional que a tantos nos tocó tan dura y directamente”.

De inmediato las agrupaciones en defensa de los derechos humanos, el mundo artístico y cultural, y gran parte de la ciudadanía repudiaron las palabras de Rojas, y a solo cuatro días de asumir su nuevo cargo fue removido.

A esto se suman las palabras del diputado UDI Ignacio Urrutia, quien en una sesión de la Cámara Baja calificó de “terroristas” a quienes fueron torturados durante la dictadura cívico militar, dichos que no son nuevos en él, pues no es primera vez que el parlamentario da declaraciones negacionistas o apologistas para la dictadura.

En 2015 había expresado que “los verdaderos patriotas están en Punta Peuco”, y previamente en 2012 cuando se pidió un homenaje a Salvador Allende en el Congreso dijo que “¿A los cobardes que se suicidaron ese día también le vamos a rendir homenaje? ¿Al cobarde que se suicidó ese día también? No puedo creerlo, presidente”.

“Más que exiliados, fueron más que nada terroristas”, dijo Ignacio Urrutia en abril pasado.

Hace pocos días, la diputada RN Camila Flores volvió a hacer noticia por una polémica afirmación. Está vez, en el consejo del partido, expresó que “yo soy pinochetista y lo digo sin problemas, y lo digo, aunque al Partido Comunista o al Frente Amplio les dé urticaria… Dejemos los complejos, nosotros cumplimos. La derecha cumple. Los demás nacieron gracias a nosotros”, expresó la parlamentaria y recibió aplausos de quienes escuchaban su discurso.

Mientras que en la última conmemoración del 11 de septiembre escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy es un día para agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que juraron rendir la vida si fuese necesario en defensa de la patria. Gracias Fuerzas Armadas y de Orden por legarnos un Chile independiente, ordenado, próspero y principalmente ¡LIBRE!”.

En la Cámara, ese mismo día, también dijo que “Pinochet salvó a Chile de vivir en regímenes como Venezuela o como Cuba”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Francisco Estévez, director del Museo de la Memoria y Derechos Humanos, analizó la actitud negacionista de algunas autoridades, y aseguró que quienes caen en esta práctica no pueden seguir en cargos públicos.

Estévez dijo que la lucha por la defensa de los derechos humanos debe ser permanente, y que quienes se dedican a eso saben que siempre se encontrarán con una oposición: “Es un rechazo activo de parte de quienes no quieren reconocer que se cometieron violaciones a los derechos humanos, o que adoptan una posición negacionista, negar que se cometieron violaciones a derechos humanos en Chile, estamos hablando del periodo de la dictadura ,o el segundo paso que se da cuando ya no pueden si no admitir que efectivamente ocurrieron esas violaciones es tratar de justificarlas y decir que era inevitable, que esas violaciones se hubiesen cometido por la situación del país, entonces ninguna de las dos cosas puede aceptarse”.

Además, señaló que nuestro país ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos humanos, y también en asumir y ser conscientes de lo que sucedió durante la dictadura cívico militar. Sin embargo, recalcó que es realmente preocupante que existan autoridades que tengan intervenciones públicas desvalorizando los crímenes de lesa humanidad o haciendo apología de la dictadura.

“Si esa negación la hacen autoridades del Estado, ese es el punto a mi juicio más crítico, ministros o parlamentarios, entonces esas autoridades del Estado se ponen inmediatamente fuera de lo que la Constitución dice que debe hacerse, que en una república democrática se deben respetar los derechos humanos, eso está puesto en la Constitución actual”, dijo.

El historiador fue enfático en afirmar que le preocupa mucho que “autoridades del Estado desconozcan el valor de los derechos humanos, que autoridades del Estado practiquen el negacionismo, si un parlamentario hace eso debiera ser sustituido”.

En este contexto  es que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados propuso una indicación al proyecto de incitación a la violencia, incorporando el negacionismo como un nuevo tipo penal en la iniciativa con sanciones para quienes justifiquen, aprueben o nieguen violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile y acreditadas por instancias formales del Estado.

Además, incluye la pena de presidio menor en su grado medio y multas de entre 40 a 60 UTM, y cuando la acción sea realizada por un funcionario público, la pena y la multa aumentarán en un grado, y por dichos como los del diputado Ignacio Urrutia en la Cámara Baja, es que también se incluyó en el proyecto que los funcionarios públicos que tengan prácticas negacionistas quedarán inhabilitados para ejercer cargos del Estado entre tres y cinco años, y no existirá fuero para ellos.

Francisco Estévez aseguró que es correcto quitar el fuero parlamentario, pues si un actor político cae en este tipo de actos no puede continuar en su cargo y es correcto que el fuero no exista para que pueda responder frente a la justicia por su actuar.

A la vez, aclaró que para él no le parece necesario la búsqueda de penas de cárcel, pero sí que se garantice que las autoridades no tendrán estas acciones y de hacerlo recibirán una sanción.

Francisco Estévez también señaló que si Chile no ha avanzado en este tipo de legislaciones es porque aún tiene una deuda pendiente en materia de justicia y mucha impunidad, pues no se ha logrado “establecer y sancionar las responsabilidades de civiles en lo que fueron las violaciones a derechos humanos que se cometieron en el período de la dictadura”.

“Chile tiene un atraso respecto de lo que ocurre en otros países, pero tiene un atraso consigo mismo, en el sentido de que debe entender que aquí hubo civiles que apoyaron la violación de derechos humanos y que los siguen haciendo ahora, y eso es completamente imposible de aceptar en un país que esta comprometido hacia adentro y hacia afuera con el respeto a los derechos humanos”, dijo.

Para evitar que se perpetúe el negacionismo, Estévez indicó que es esencial la educación en una cultura de respeto a los derechos humanos, y que esta debe ser permanente en todas las asignaturas, de cualquiera sea el área, ya que no solo se debe crear consciencia de que no se puede repetir los hechos de la década de los 70 y 80, sino que también se debe enseñar que hay otros derechos que respetar, como la integridad física de las personas, que puedan vivir en su país sin ser exiliados, el derecho a la migración o a vivir en ambientes libres de contaminación.

Respecto del proyecto de ley para sancionar el negacionismo, éste será votado en la Sala de la Cámara de Diputados a inicios del próximo año y, de aprobarse, Chile se sumaría a otros países como Alemania, Francia, Suiza, Austria y Bélgica, donde ya se ha legislado al respecto.

Por ejemplo, Alemania tiene una legislación específica para los crímenes cometidos en el régimen nazi, y se establece que quien niegue el genocidio arriesga una multa o una pena de cárcel de hasta cinco años, misma pena que existe en Francia.

En Austria, la sanción puede llegar a 10 años, y si el reo o su actividad se consideran peligrosas ésta puede aumentar a 20 años.