Las democracias no son impolutas. Las democracias se enferman. Ejemplo de aquello es Venezuela: país estandarte hace décadas de la mano del petróleo, hoy sumergido en una debacle y ad portas de un estallido armado. Evidentemente aquel país está enfermo. Este padecimiento se evidencia con síntomas -hiperinflación, emigración masiva, prevalencia de la pobreza, entre otros- que terminan golpeando, finalmente, a los más vulnerables.  La enfermedad es de las más graves que le puede suceder a una democracia. Hablamos de “la captura del Estado”.

Es irrefutable que, desde que asumió Maduro, paulatinamente se ha preocupado de captar instituciones claves de un Estado de Derecho. Las fuerzas armadas, los tribunales de justicia y el ministerio público son algunas de estas. Pero, ¿puede la situación venezolana ayudarnos a comprender ciertas problemáticas locales propias de nuestro entorno?

Si fuese por evaluar síntomas, está claro que estamos más que lejos de lo que sucede en el país llanero: la macroeconomía estable, los poderes del Estado divididos y los tribunales de justicia autónomos son muestra de aquello. No obstante, el virus de la corrupción y, en particular, de “la captura del Estado”, es algo que siempre está latente. A otra escala, es verdad, pero presente finalmente.

A raíz de ello podemos darnos cuenta que no solo se enferma la democracia de los países, sino que también las pequeñas democracias locales. El informe publicado por la Contraloría respecto al municipio de la “Ciudad Bella” (y también de los campamentos más grandes de Chile), nos muestra que este cáncer es real y está cerca. Solo basta tomar como ejemplo los dichos de la alcaldesa de Viña del Mar y su anhelo por morir siendo la primera autoridad de su comuna. ¿Es esto propio de una democracia? Puede que sí, pero, ¿es sano para la democracia? Pues no y, por lo mismo, declaraciones como éstas nos debiesen preocupar y hacer encender las luces de alerta.

Independiente de la nobleza subyacente a cada individuo -no podríamos en esta columna dudar de las buenas intenciones de nuestros ediles-, cuando una persona con poder tiene anhelos tan elocuentes como morir ostentándolo, puede generar una serie de acciones que le permitan cumplir dicha voluntad. Por supuesto, no necesariamente esas acciones estarán orientadas a hacer las cosas bien para obtener legítimamente la gracia de ser autoridad, sino todo lo contrario (y algo de eso vemos en el recientemente publicado informe de Contraloría). Genuinamente se puede sostener que la principal causante de lo que sucede en Viña del Mar va de la mano con la falta de alternancia en el sillón comunal. Dieciséis años es tiempo suficiente para socavar la pequeña institucionalidad que sostiene a un municipio.

Sería bueno, a la luz de los hechos viñamarinos, tener una conversación real sobre la reelección de los alcaldes o alcaldesas. Podría ser que, al controlar este proceso, como se sugiere en el informe de la comisión Engel, se puedan evitar los afanes de poder eterno que algunos expresan. De esta manera, se podría disminuir la posibilidad de generar chanchullos en función de defraudar dineros públicos que, en teoría, deberían ir para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por lo mismo, e independiente de las buenas intenciones de nuestras autoridades locales, el evitar que los ediles vayan eternamente a la reelección podría ser un buen antídoto para no enfermar de manera terminal a nuestras democracias locales.

*Gonzalo García es investigador de la Fundación Piensa.