Todas las mujeres, todos los territorios

  • 07-03-2019

Este 8 de marzo, resuenan más que otros, las demandas por igualdad de oportunidades y acceso, por el fin de la violencia, por un “contra la precarización de la vida”.

Ese es el llamado principal de la Coordinadora Feminista 8M (CF8M).

En la mayoría de los centros urbanos del país y la región, estamos movilizadas.

Somos mujeres trabajadoras, hijas y hermanas, que caminamos reunidas en una larga lucha por derechos de igualdad transversal e incidencia.

Somos las mismas que hoy nos movilizamos, más que nunca, en un ambiente de extendida violencia de género y territorial.

Desde este escenario de automovilización nos reconocemos entre nosotras y nos hacemos más visibles, pero lamentablemente, muchas otras siguen estando invisibles.

Las que trabajamos por disminuir las desigualdades y aspiramos a que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación para un desarrollo justo, sostenible e inclusivo, exigimos también hacer visibles a las más excluidas: las mujeres rurales e indígenas.

En la lucha feminista y por la igualdad de género este tema nos interpela de manera urgente.

Históricamente las mujeres rurales e indígenas han sido las más discriminadas, excluidas y violentadas en sus derechos, y no solo se encuentran en una peor situación relativa respecto de los hombres rurales, sino también respecto de nosotras, sus pares urbanas.

Algunos datos del Observatorio de Género Mujeres y Territorios de Rimisp muestran que en Chile la pobreza es 2 veces mayor en las mujeres rurales que en las urbanas. En México las mujeres rurales representan el 29% de la fuerza laboral y son responsables de más del 50% de la producción de alimentos; el 40% de las mujeres no tiene ingresos propios; en Colombia  las mujeres rurales en promedio tienen 4 años menos de escolaridad en comparación con aquellas que viven en las ciudades y sus oportunidades de participación laboral son 2 veces menores con respecto a las urbanas; y en  Ecuador las mujeres dedican 16 horas semanales más al trabajo no remunerado, sin embargo esta cifra aumenta a 27 horas en el caso de las mujeres rurales. Estas desigualdades afectan y precarizan la vida de mujeres rurales e indígenas y también limitan sus proyecciones de desarrollo.

Toda agenda de igualdad de género requiere hacer visibles las desigualdades a las que están expuestas cotidianamente las mujeres rurales indígenas, y desde allí, articular procesos de diseño y gestión de políticas institucionales y territoriales, promovidas desde su empoderamiento y participación directa. Porque justamente son estas mismas mujeres las que están liderando día a día en la región –riesgo y violencia mediante- procesos transformadores para un bienestar colectivo de sus pares, sus comunidades y territorios.

Necesitamos sumar a todas las mujeres, de todos los territorios, y especialmente, acompañar y visibilizar a las más excluidas.

La agenda de feminista y la agenda del desarrollo requieren avanzar en la doble lucha para aportar al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, independiente del lugar donde viven: cerrar y reducir brechas, barreras e inequidades y empoderar a las mujeres para que en su voz y participación se generen las transformaciones desde nuestras propias aspiraciones.

 

La autora es investigadora principal de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Gestora cultural, radicada en Valparaíso.

 

 

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.

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