Una novela recientemente publicada (El Retorno de Florence, de Ricardo Candia Cares), en que la protagonista, una joven chilena que ve sus sueños truncados por el Golpe Militar, y es detenida, torturada sexualmente, asesinadas sus amigas y obligada a exiliarse, y que se enfrenta después de muchos años a la disyuntiva de optar por seguir esperando la postergada Justicia ó hacer justicia por mano propia, nos vuelve a interpelar acerca de cómo nuestro país ha enfrentado las violaciones a los derechos humanos cometidas en Dictadura.

Hay quienes, en una mirada autocomplaciente, argumentan que ya hay  un número significativo de condenados por los Tribunales, que se encuentran recluidos en Punta de Peuco, cumpliendo penas privativas de libertad y por tanto, la exigencia de Justicia estaría satisfecha.

Omiten el hecho indesmentible que, salvo un número muy reducido, a la mayoría de los condenados se les impuso penas irrisorias no proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, tal como lo exige la normativa internacional obligatoria para el Estado de Chile, que regula los crímenes contra la Humanidad. Las últimas condenas dictadas en el Caso Frei y en el de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, no hacen sino confirmar este aserto.

Olvidan también que la gran mayoría de los criminales de lesa Humanidad se encuentran gozando de la más completa Impunidad, y que en muchas ciudades y pueblos de nuestro país, los familiares  de los detenidos desparecidos y ejecutados políticos así como las víctimas sobrevivientes, deben sufrir la ignominia de encontrarse con los victimarios día a día, comprando en el mismo supermercado ó deben observar con justificada impotencia e indignación cómo disfrutan en alguna terraza de un café, junto a sus amigos de fechorías.

Después de 29 años del término de la Dictadura, esta situación se hace insostenible. Si bien es cierto, hay quienes atribuyen la falta de Justicia a un efecto ineludible de  la transición pactada con quienes detentaban ilegítimamente el poder, los actuales sectores sociales y políticos conscientes no pueden conformarse con esta explicación histórica.

Seguir promoviendo la Justicia en la medida de lo posible, resulta a estas alturas, inmoral.

A nuestro entender, existen las condiciones políticas, sociales y culturales para demandar el estricto cumplimiento de las exigencias que impone la normativa internacional en materia de Justicia transicional. Avanzar en el tema de la Verdad, adoptando medidas que busquen romper los pactos de silencio permitiendo con ello saber qué pasó con los 1201 compatriotas  detenidos desparecidos, y evitar así que los familiares sigan muriendo antes de saber la Verdad de lo ocurrido con sus seres queridos, constituye un deber impostergable.

A su vez, seguir exigiendo a nuestros jueces la estricta aplicación de la normativa internacional sobre derechos humanos, aplicable por expreso mandato constitucional y legal, resulta imprescindible.

El término de la Impunidad supone que los tres Poderes del Estado deben, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, adoptar las medidas que correspondan para el cumplimiento de las exigencias que imponen los Pactos y Convenciones suscritos y ratificados por el Estado de Chile. No es sólo tarea del Poder Judicial. A pesar de ello, el actual Gobierno, incumpliendo este deber, propicia en cambio, iniciativas que consolidan la Impunidad, como la denominada “Ley Humanitaria” a la vez que ampara el surgimiento de organizaciones políticas negacionistas que justifican los crímenes contra la Humanidad y defienden a sus autores.

Además, no se puede seguir desoyendo las observaciones de los diversos organismos internacionales que, realizando  la labor de monitoreo de nuestra transición, permanentemente hacen ver al Estado de Chile sus reiterados incumplimientos en esta materia. Así lo han establecido los diversos Informes emanados del Comité contra la Tortura, el Comité sobre Desapariciones Forzadas y el Examen Periódico Universal que cada 4 años realiza Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Chile necesita más Justicia, menos relativización de los derechos humanos y tolerancia cero con quienes pretenden negar ó justificar el horror y la barbarie sufrida por el pueblo chileno durante 17 años.

Apostar al paso del tiempo, al olvido o a la impunidad biológica constituye, no sólo una actitud reprochable moralmente y un flagrante incumplimiento de los compromisos internacionales del Estado chileno, sino una grave afrenta a la Memoria de las víctimas, y un insalvable obstáculo para el anhelado Nunca Más.