Ante las acciones de violencia social, entre ellas las realizadas por adolescentes y jóvenes, en gran medida al interior de las escuelas, el gobierno se muestra carente de la reflexión y serenidad requerida. El inmediatismo de sus actuaciones los lleva a entregar repetitivas  declaraciones que, como en el lamentable suceso de Puerto Montt, bordean  el absurdo, cayendo, incluso, en el ridículo.

Este actuar aparece ya incorporado en una estrategia específica de este gobierno, la que viene desarrollando desde su instalación.

Desde el proyecto de ley que llamaron “Aula Segura”, seguida de la pretensión de incorporar a menores de 18 años en el control de identidad, fue quedando en evidencia  la superficialidad con que este gobierno mira el problema y la ineficacia, por tanto, de las medidas que  decide tomar.

Es el simplismo de mirar al adolescente y al joven solo en su actuar violento sin hacerse cargo de que ello es el final de procesos que se vienen cursando desde la primera década de la vida y que, al menos en el espacio y tiempo de su trayectoria escolar, hay mucho para hacer “antes que” aparezcan las conductas violentas. Políticas que permitan que  las escuelas apoyen el proceso identitario adolescente, su desarrollo humano integral, la plena efectividad de sus derechos, son tareas indispensables que, con urgencia, se requieren.

Estas políticas, en gran medida, se encuentran plasmadas en la Nueva ley de Educación Pública,cuya implementación se encuentra prácticamente abandonada por este gobierno. A todo ello se suman los contenidos y el tenor, habitualmente agresivo,  de las intervenciones de la ministra, que la muestran con muy escasa sensibilidad respecto de los procesos de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y por ello mucho mas cercana al Ministerio del Interior que al de Desarrollo Social y el de Salud.

Sabemos que el actuar violento se extiende mucho más allá del mundo del delito, haciéndose presente en el cotidiano de muchos hogares, la calle, el trasporte público, en los abusos de grandes empresarios, así como en la brutal violencia de aquellos sacerdotes que se convirtieron en abusadores. Y aunque sabemos  que lo que ocurre en las escuelas y en las aulas es un reflejo de lo que ocurre en esta sociedad deshumanizada que se ha instalado,  es, al menos, en las escuelas donde sí es posible y necesario actuar. Y hacerlo con sentido de urgencia y alta prioridad, porque hay mucho que hacer allí para construir relaciones amigables y fraternas, en lugar de actuar con fuego, como lo hace el gobierno al utilizar el control represivo y desvalorizador, sin reconocer que con ello no solo no trae la paz sino que legitima la violencia.

Reflexionar mas que guiarse por la aprobación en las encuestas de  quienes solo muestran  las reacciones primarias e irreflexivas que produce el miedo, es lo esperado de un buen gobernante.

La autora es psiquiatra, ex diputada y actualmente es la  encargada del Programa de Infancia y Adolescencia del Instituto Igualdad.