Diario y Radio U Chile

Año XI, 23 de septiembre de 2019

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Patricio López

Campamentos y precio de viviendas: interés público e interés privado

Patricio López | Lunes 2 de septiembre 2019 17:19 hrs.

Qué lejos estamos de mediados de la década pasada cuando las autoridades chilenas, fuertemente influenciadas por el trabajo de la organización Techo, se fijaron el objetivo Bicentenario de erradicar definitivamente los campamentos de Chile para el año 2010. Al revés, el catastro recién dado a conocer por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reflejó que a octubre del año pasado había 46.423 hogares viviendo en 82 asentamientos, cifra muy superior a 2011, cuando había 27.378 personas en 657 asentamientos.

En menos de una década, la cantidad de personas viviendo en campamentos casi se ha duplicado.

Y las noticias se suceden todos los días. Justo este día lunes 2 de septiembre, se ha realizado una toma de terrenos en el sector oriente de Santiago, desde las 6 de la madrugada, por más de 150 familias organizadas y decididas a formar un campamento como forma de hacer valer el derecho a la vivienda digna. Esta acción, dicen, se da como respuesta al incumplimiento de acuerdos ministeriales para la ocupación de un terreno privado en la comuna de Peñalolén, que solventaría el derecho a la vivienda de las familias allegadas.   Para quienes llevan a cabo esta acción, hay un vínculo directo y explícito con las conclusiones del estudio “Índice de acceso a la vivienda en Chile”, publicado por la Cámara Chilena de la Construcción, donde se determinó que una familia de clase trabajadora con bajos ingresos está actualmente imposibilitada de acceder a la vivienda.

Lo comentábamos el viernes pasado. La envergadura de la situación del precio de las viviendas está empezando a generar otros problemas y a afectar incluso los compromisos a los que nuestro país está obligado, puesto que el Derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos humanos, aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como se sabe, en nuestro país las dinámicas sobre el territorio de la ciudad están desreguladas, de ahí deriva como fenómeno indignante la expulsión o arrinconamiento que han sufrido los pobres en ciudades como Santiago, para hacerlos vivir muy lejos de las zonas céntricas o lisa y llanamente como allegados o en campamentos.

Según ha señalado el profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Ernesto López, un tema muy importante es que el grueso de la oferta inmobiliaria, actual y progresivamente, no se está orientando a las personas que necesitan vivienda para vivir, sino que quienes la adquieren para invertir. Existen comunas en las que más de la mitad de la vivienda nueva que se compra es orientada a inversión, comprada con fines de generar rentabilidad privada mediante arriendo. Por su parte, los productos inmobiliarios no son sólo más caros sino cada vez más pequeños. Ello genera una presión de demanda enorme en el mercado y hace subir los precios, dejando a los hogares más vulnerables sin posibilidades de acceder a una vivienda adecuada a sus necesidades.

El propio Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha reconocido una relación directa entre los altos precios de las viviendas y el aumento de los campamentos. Hasta ahí parecemos todos estar de acuerdo. Sin embargo, advertimos desde hace varios días una arremetida comunicacional para transformar este tema en un problema político, sobre la base que los altos precios se deberían a las restricciones crecientes que estarían poniendo las comunas a sus planes reguladores, y no a la especulación inmobiliaria.

Dicho de otra manera, la Cámara Chilena de la Construcción dice que si se desregula todo y se pudieran seguir construyendo, por decir algo, ghettos verticales como en Estación Central, el precio de las viviendas bajaría y las familias pobres no vivirían tan lejos, ni como allegados, ni en campamentos. Incluso es posible que se proponga la idea de subsidios estatales a las inmobiliarias para que construyan para sectores más precarizados, lo que sería un traspaso de recursos públicos para una industria que de por sí ya es poderosa.

Intuimos, no por brujos sino por la capacidad de análisis que hemos podido desarrollar en el ejercicio del periodismo, que ese debate se instalará en los próximos días y para entonces va a ser preciso tener las coordenadas muy claras. Cualquier solución para el problema de la vivienda en Chile no pasa por darle más poder a la Cámara Chilena de la Construcción, que ha devenido de gremio en poder fáctico, sino por poner en el centro de la política pública al derecho a la vivienda digna de las personas y no la rentabilidad privada.

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