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Camilo Godoy

Una agresiva política de reforestación

Camilo Godoy | Viernes 11 de octubre 2019 13:02 hrs.


Durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, el Presidente Sebastián Piñera mostró un discurso aparentemente alineado con las demandas globales medioambientales que han adquirido mayor visibilidad durante las últimas semanas. No es la primera vez que el Jefe de Estado busca generar una imagen exterior distante de sus políticas internas: cabe recordar el episodio en que intervino en el mismo organismo el año 2011, calificando como “maravilloso” al movimiento estudiantil, luego de reprimir por meses a las y los estudiantes movilizados. Por otra parte, la propuesta presidencial comprometida estos últimos días de generar una “agresiva y ambiciosa política de reforestación”, plantando “un árbol por cada chileno”, es una réplica de una promesa de campaña de Piñera del año 2008 y lanzada para su aplicación durante su anterior gobierno.

Respecto de sus dichos, la intervención del Presidente nos interroga sobre qué tipo de política de “reforestación” ha emprendido hasta ahora su gobierno. Sobre este punto, el Anuario Forestal 2019 publicado por el INFOR evidencia un crecimiento de las plantaciones exóticas a lo largo del país, para el periodo del 2018: “en lo que se refiere a reforestación, la especie pino radiata alcanza el 61%, eucaliptos (38,7%) y otras especies 0,3%” (INFOR, 2018). Estos datos son coincidentes si se observan dimensiones como el aumento de exportaciones forestales, el aumento en el PIB del sector forestal y la mayor extracción de celulosa, pulpa y madera registradas el año pasado. El gobierno anterior de Piñera también se caracterizó por promover un aumento de la masa de plantaciones, según investigaciones recientes (http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/159279).

En relación a la mayor presencia de plantaciones, señala la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo que: “la tala para sustitución de bosque nativo por monocultivo forestal (…) implica pérdida de bienes y servicios ofrecidos por los bosques, como frutos, hierbas medicinales, leña, disponibilidad de agua para consumo humano, además del deterioro del paisaje”. Al mismo tiempo, en términos del clima, acelera los impactos del cambio climático y reduce nuestra capacidad de adaptación a él, de acuerdo al Doctor en Ciencias Climáticas Igor Parra. Finalmente, genera problemas culturales para las comunidades mapuche, ya que al depredar su espacio ancestral se afectan también sus prácticas rituales, realizadas a partir de árboles nativos (canelos y araucarias).

Llama la atención, cuando se piensa en los bosques, la insistencia de la Concertación y la derecha en promover una industria forestal que no es capaz de asegurar un crecimiento en los empleos, que genera problemas de escasez hídrica y afecta a la flora y fauna local, así como a las comunidades indígenas. Al mismo tiempo, incluso en términos económicos, genera un escenario oligopólico: por un lado, menos de diez actores de la gran empresa forestal concentran un patrimonio superior a 30.000 hectáreas; y por el otro, un número superior a 23.000 pequeños y medianos propietarios, poseen un patrimonio menor a 5.000 hectáreas.

La constatación del crecimiento del sector forestal, relacionado a pinos y eucaliptus durante los últimos años, nos hace pensar sobre qué tipo de “reforestación” está pensando llevar adelante el gobierno. No sería extraño que se elabore una estrategia que haga pasar por “bosques reforestados” a las plantaciones exóticas que secan los terrenos del centro-sur de Chile. Y que en la práctica se entienden como “bosques” por CONAF.

Finalmente, más allá de los gestos estéticos, la renuencia del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú es inconsistente con aquello que Piñera intenta arrojarse para sí públicamente: la imagen de líder congregador y aglutinador de la voluntad política en materia ambiental. El fallecimiento de dirigentes socioambientales durante los últimos años, la impunidad de las empresas extractivas frente a los daños que generan y la fragilidad en la que viven los ecosistemas naturales y las comunidades indígenas hacen pensar que es necesaria una mayor demanda de justicia ambiental por parte de la ciudadanía.

Para hacer un poco de memoria histórica: corría el mismo año 2011 y el Presidente amenazaba con un apagón total si no se aprobaba Hidroaysén. En ese momento, la complicidad total entre el empresariado, los medios de comunicación y el gobierno no fue capaz de hacer frente a la movilización social de una ciudadanía articulada por un fin común: defender el ecosistema local. En pleno 2019 y ocho años después, apelar a la buena voluntad del gobierno pareciese ser inoficioso, ingenuo y estéril. La presión colectiva aunada en un objetivo común parece ser la más poderosa herramienta para hacer frente a la depredación socioambiental que tanto asola nuestros territorios.

 

*El autor es sociólogo de la Universidad de Chile.