Estamos viviendo el estallido social y la crisis política más grande las últimas tres décadas. Sin embargo, no es cierto que “no se veía venir”. Cuando esa frase se pronuncia desde la política tradicional, resulta prácticamente ofensiva, y muy expresiva de su profunda ceguera. Y es que el estallido no surge de la nada: ha sido provocado por años de abuso mercantil con los derechos sociales, a manos precisamente de esa clase política y su contubernio con el empresariado.

Un caso ejemplar es el Crédito con Aval del Estado. Creado en 2006 durante el gobierno de Ricardo Lagos, fue impulsado con retórica socialdemócrata por los ministros Bitar y Eyzaguirre, bajo la promesa de expandir y democratizar la educación superior sin comprometer las arcas fiscales. Sin embargo, las cosas resultaron de otro modo.

Primero, y ya con los créditos asignados en 2005, el gobierno tuvo que hacer frente a la negativa de la banca de participar en el sistema. El impasse se resolvió subsidiando y asegurando sus ganancias. Los más castigados fueron los estudiantes, introduciéndose medidas abusivas sin parangón en el sistema crediticio chileno, prohibidas incluso por las normas de protección a los consumidores. Se creó una legislación específica para el abuso. Los bancos entraron y el CAE pudo existir.

Aún así, las cosas no salieron como se pensaron. El CAE creció mucho más de lo previsto. El error, como reconoció el propio ex Presidente Lagos, fue del 88% en la proyección al octavo año de funcionamiento. Los técnicos no fueron tan buenos técnicos, después de todo. Para colmo, desde 2012 los bancos comenzaron a retirarse del sistema debido a los “costos de imagen” que el CAE les significaba, debiendo subsidiarlos nuevamente el Estado. Desde entonces, año tras año más del 30% del presupuesto total de educación superior se gasta en tapar semejante gotera.

Así, el CAE le salió mucho más favorable a los bancos y caro al fisco de lo que sus creadores imaginaron. Y además, estimuló el crecimiento de la oferta privada en nuestro sistema de educación superior, hasta hacerla hegemónica en detrimento de la educación pública. El Estado no sólo había desfinanciado a sus instituciones, sino que ahora era el sostén económico de la banca y del sistema privado lucrativo y de dudable calidad, bajo el discurso del “apoyo” a los jóvenes más vulnerables.

Esta historia, digna del “Lobo de Wall Street”, resulta vergonzosa para los “socialistas” que la idearon. Posibilitó la expansión de un proyecto de educación terciaria sin control democrático, bajo la equivocada hipótesis de que es posible expandir la educación superior sin proyecto país, sin ligazón al modelo de desarrollo, y todo con cargo a la responsabilidad individual de los estudiantes. Una lectura simplista de la teoría del capital humano se usó para echar polvos mágicos tecnocráticos a un adefesio que, por donde se mire, no tiene nada de racional.

La locura del CAE produjo, entre otras cosas, el levantamiento social de 2011. La política tuvo entonces una oportunidad de corregir sus errores. Pero, como sabemos, no fue así. Hoy hay más CAE, más endeudados, y el Estado ha perdido aún más recursos en el CAE que en 2011. Historias similares podríamos contar sobre el agua, la salud, y por supuesto, las pensiones.

Sin embargo, el estallido social que nos toca vivir ha corrido la frontera de lo posible. En medio del despertar de los chilenos, y con miles de pancartas contra el CAE en las calles, la oportunidad para una solución para los injustamente endeudados se vuelve a abrir. Pero la ceguera de la clase política sigue. En vez de tragar su orgullo y reconocer el equívoco con el CAE, en vez de silenciosa y rápidamente trabajar en su solución, vemos por los medios una inútil discusión de los políticos tradicionales sobre quién es dueño de esta causa. Más sorpresa causa la reacción de sectores que, habiendo estado involucrados en la creación del CAE y sin jamás haber pronunciado autocrítica ni disculpa alguna, hoy intentan ponerse a la izquierda y encontrar “poca cosa” la solución de este problema. La insensibilidad del viejo bipartidismo es impresionante.

La lucha contra el CAE es de todo el pueblo chileno, tal como el movimiento social de hoy y el de las décadas precedentes. Cientos de miles hemos trabajado para salir de esta locura, y ahora, cuando es posible hacerlo, cuando por fin se abre espacio político para concretar este anhelo, lo que la sociedad espera son soluciones concretas. Si algún juicio hará la historia sobre el Frente Amplio en este punto, no es si logra quedarse como “dueño” de esta bandera alegando haber sido el primer actor en plantearla en el terreno de la política, sino si fue capaz de hacer realidad la condonación de la deuda educacional y el fin del CAE.

Por cierto, no debemos detenernos en el CAE. La oportunidad abierta permite elaborar propuestas que acaben con todas las deudas por estudiar, y reparen de algún modo -aunque sea simbólico- a quienes ya pagaron. Es necesario combinar el clamor social por terminar con los abusos de mercado, con la demanda política de una Nueva Constitución -elaborada por una Asamblea Constituyente- que garantice derechos sociales públicos y eleve a rango constitucional el fin del endeudamiento que se haya contraído por ellos.

Imaginar y concretar un Pacto Constitucional que excluya al capital financiero de los servicios sociales puede ser un aporte del pueblo chileno al mundo. Recuperar para lo público espacios que en todo el mundo el mercado coloniza cada vez más, y además, condonar la deuda que se haya contraído ya, por ejemplo por problemas de salud, sería un paso inédito de la democracia sobre el terreno que ha ganado el mercado. No hay contradicción, entonces, entre pugnar por una Asamblea Constituyente y terminar hoy con la deuda estudiantil. Al revés, son distintos momentos de una expansión democrática sobre espacios y ámbitos de la vida social hoy colonizados por el mercado, momentos que tienen sus ritmos y dinámicas específicas, pero que deben ser articulados como parte de un mismo proceso.

Los autores son investigadores de Fundación NodoXXI