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Año XII, 21 de septiembre de 2020

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27F, ¿cuánto hemos avanzado?: Fundación Terram analiza los diez años desde el terremoto

La organización considera que los avances en política pública para hacer frente a los impactos sociales y ambientales que pueden dejar eventos como los del terremoto y tsunami de 2010 son muy escasos. Señalan que es urgente el desarrollo e implementación de acciones que den cuenta de las complejidades y condiciones del territorio nacional y que integren información, prevención y respuestas concretas a las emergencias, tanto en ámbitos sociales como ambientales.

Diario UChile

  Jueves 27 de febrero 2020 13:08 hrs. 
Terremoto 27 f





 

Tras el terremoto y posterior tsunami que vivió Chile en 2010, que alcanzó un total de 525 fallecidos y cerca de 2 millones de damnificados, Fundación Terram advertía que, en menos de un siglo, el país ya acumulaba trece grandes sequías, ocho tsunamis, 25 terremotos, 28 erupciones volcánicas y un sinfín de aluviones, incendios forestales y marejadas.

La vulnerabilidad del país era más que evidente y estas cifras sólo tenían una intención: impulsar una respuesta coherente por parte de las autoridades respectivas, que fuera capaz de asumir los impactos ambientales del terremoto y preparar al país para futuros – y muy posibles – eventos naturales similares.

Dos años más tarde, en 2012, Terram publicó su libro “Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile”, donde evidenció las “réplicas ocultas de la catástrofe”, es decir, temas críticos posteriores a la emergencia con un alto costo ambiental y que debían ser resueltos con urgencia. Dentro de estas “réplicas” se encontraban la improvisación con los desechos y escombros, el riesgo de desplazamiento y derrumbe de relaves mineros y represas, el peligro del tratamiento de residuos y sustancias peligrosas de las plantas de celulosa que resultaron dañadas, fallas en la potabilización, distribución y gestión del agua debido a la rotura de matrices y la persistente contaminación del suelo, el aire y el mar, particularmente en la zona del epicentro.

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Evidentemente, y tal como dejaba claro el documento, cada una de estas consecuencias exigía una pronta solución. Sin embargo, a una década del terremoto, es necesario preguntarse: ¿cuánto realmente se ha avanzado?

Muy poco ha cambiado

A diez años de este lamentable fenómeno y  de las advertencias realizadas por Terram, un breve análisis y la actualización de la información evidencian que las recomendaciones hechas hace casi una década no han sido atendidas.

“Han pasado 10 años del terremoto y tsunami del 27/F y podemos decir con certeza que poco hemos avanzado en la elaboración e implementación de políticas públicas a nivel nacional que permitan tener una visión del territorio nacional y sus complejidades”, indica la fundación.

Junto con ello, reconoce los principales desafíos que todavía se mantienen pendientes y que en más de una década no han logrado ser resueltos:

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Según la organización, algunos de los temas que requieren ser abordados de manera urgente y que fueron detectados hace 10 años por el trabajo de investigación de Fundación Terram son:

  • En relación a los residuos, se debe empezar por incorporar la definición de escombros, y definir protocolos de acción en caso de terremotos y de prevención. Establecer una política de separación de escombros que permita al menos distinguir entre lo potencialmente dañino o tóxico de materiales inocuos. Si bien existe alguna normativa sobre el transporte, aún falta mucho por hacer.
  • Respecto a las empresas, luego de una catástrofe se deben hacer las respectivas evaluaciones ambientales y fiscalizaciones; si es necesario, se deben cambiar las RCA de las empresas frente a posibles cambios geomorfológicos o de otro tipo.
  • Se debe avanzar en las líneas bases sobre distribución de especies y ecosistemas para, en caso de desastres, poder establecer con claridad los impactos y sus posibles consecuencias en la biodiversidad, en actividades de economía local u otros.
  • Debe existir información actualizada y en línea sobre la ubicación de relaves, desechos de faenas mineras u otros lugares de acopio de sustancias potencialmente peligrosas y/o toxicas y sus riesgos ambientales en caso de desastre.

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  • La autoridad ambienta debe tener identificadas las plantas y/o instalaciones industriales que usan compuestos tóxicos o realizan procesos peligrosos, así como las plantas de tratamiento de aguas servidas, emisarios de residuos industriales, vertederos u otros, de manera de evaluar su funcionamiento ante la ocurrencia de desastres.
  • Deben ser identificados los embalses, represas, diques u otros que ante una ruptura pueden afectar a una población, y establecer planes de alerta y evacuación en caso de emergencia.
  • Al menos, generar un registro lo más completo posible de las acciones de las autoridades en estas materias, de manera de establecer claramente los vacíos y carencias, punto de partida para elaborar propuestas de mejoramiento.

Revisa el libro “Impactos ambientales del terremoto y tsunami en Chile” completo aquí.