En las últimas semanas hemos visto cómo la crisis sanitaria está modificando aceleradamente nuestra forma de trabajar. Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en la minería, construcción o agroindustria, pero también transportistas, funcionarios públicos y de la salud se exponen a diario para aplacar la pandemia, mantener la cadena de suministros y la economía funcionando. Al mismo tiempo, miles de hogares se han convertidos en puestos de trabajo remotos en que transcurren interminables jornadas laborales combinadas con más trabajo doméstico producto del confinamiento familiar. Una crisis que ha visibilizado las profundas desigualdades existentes en Chile, las limitaciones del mercado de trabajo y la debilidad de nuestra institucionalidad cuando se trata de proteger la vida.

El Gobierno reaccionó con un heterogéneo plan de medidas cuyo denominador común es disponer de los ahorros de miles de trabajadores y trabajadoras, o de fondos generales del Estado, para sostener los salarios y la viabilidad de las empresas. Apelando a la focalización y la responsabilidad individual como principios, se han sucedido despidos, reducción de jornadas o suspensión de contratos generando largas filas de desesperados en búsqueda de seguridades. En tanto, para ese tercio de trabajadores y trabajadoras informales los bonos no alcanzan para poder elegir por su salud y el cuidado. Mientras tanto, el Gobierno ha retomado su agenda laboral previa a octubre promulgando una ley de teletrabajo y proyectos para suspender negociaciones o minar la autonomía sindical.

En este complejo escenario, hay dos elementos que concentran la atención: la desigual forma en que la crisis golpea a la fuerza de trabajo y la extensión alcanzada por el teletrabajo.

La crisis sanitaria mostró con dureza las desigualdades de nuestro mercado laboral. Las protecciones alcanzan para franjas limitadas que dependen del salario individual, en tanto otras resuelven el sustento en la incertidumbre cotidiana. Hemos visto a adultos mayores retornar de sus puestos de trabajo para hacer confinamiento cuando deberían estar disfrutado de su jubilación y a miles de jóvenes sin contrato pedalear por las calles para entregar compras en supermercados. El crédito es una forma extendida de apalancar el ingreso familiar y las desiguales condiciones sociales, de género, sanitarias y urbanas limitan el modo de enfrentar la pandemia. En suma, son las contradicciones que detonaron el malestar en octubre las que hoy amenazan la vida de amplios sectores de la población. Entonces, resulta clave para enfrentar adecuadamente la crisis sanitaria considerar las raíces del estallido social.

El teletrabajo más que ser un “privilegio de clase” se ha extendido a diversas ocupaciones de servicio calificadas y no calificadas: servicios profesionales, trabajo docente, soporte técnico, contabilidad, administración, venta o atención a clientes. Son miles de ocupaciones no manuales ejercidas mayormente por mujeres que en una situación de confinamiento han quedado expuestas a realizar más trabajo de cuidados y violencia intrafamiliar. El teletrabajo obliga a reorganizar el funcionamiento de los hogares, asumir costos en tecnología e insumos básicos, pero también dificulta establecer límites entre tiempo de trabajo y otras labores, así como tiempo efectivos de desconexión. En cierto que muchas de estas arbitrariedades pueden ser denunciadas, pero el temor al desempleo y las nulas exigencias que el Gobierno estableció a las empresas durante esta pandemia permiten que éstas impongan sus propias condiciones.

Analizar esta coyuntura debe permitir entonces advertir las situaciones más apremiantes pero también aquellas transformaciones de mayor hondura. Solo así podremos establecer acciones concretas en favor de todos quienes vivimos de nuestro trabajo. Cuestión que no resulta sencilla ya que en tiempos de crisis no siempre lo más apremiante (por ejemplo, el desempleo masivo) coincide con la preocupación por cambios cuyas consecuencias se verán en el mediano plazo.

El teletrabajo va a converger con otras tendencias que modifican toda nuestra vida social. Las plataformas que median diversas ocupaciones aumentan las posibilidades de “vigilancia algorítmica” y la recolección de datos de cómo trabajamos permite un aprendizaje constante para futuras automatizaciones y descalificación laboral. Un aumento de la intensidad, el espacio y tiempo de trabajo que nos empuja crecientemente a utilizar plataformas para relacionarnos: conversaciones, actividades de esparcimiento, estudios, compras, entre otros. En suma, es una crisis que está pavimentando un camino para que tiempo y espacio de trabajo remunerado, de cuidados y de esparcimiento se diluyan bajo la organización de plataformas. Alternando radicalmente el modo de relacionarnos, de habitar la ciudad e incluso de organizar formas de familia.

Una vez finalizada la pandemia las ocupaciones mediadas por plataformas en oficinas, calles y hogares aumentarán. El ahorro en metros cuadrados, la reducción de costos en insumos, una mayor flexibilidad de la jornada y posibilidades de control, serán incentivos suficientes para avanzar en alguna de estas fórmulas. En ese sentido, sería un error pensar que la automatización es necesariamente sinónimo de desempleo en el largo plazo. En el capitalismo actual ésta implica mayor subordinación y descalificación. Es cierto que en el corto plazo la recesión y el cambio tecnológico provocarán un desempleo exorbitante que hay que atender de modo urgente (estimado en cientos de millones en el mundo), pero en el mediano plazo será clave intervenir los cursos generales de esta transformación mediante la movilización del conjunto de la sociedad. En ese sentido, el problema no radica en las tecnologías o posibilidades de trabajar en espacios no convencionales, sino en el uso concreto que el capitalismo hace de ellas. Por ende, éstas podrían devenir también en herramientas para generar vínculos de coordinación más profundos, mayor solidaridad y tiempo libre.

De momento resulta difícil advertir si saldremos fortalecidos o debilitados de esta crisis sanitaria, o si se producen, como en coyunturas anteriores, nuevos ciclos de concentración y desigualdad. Tampoco sabemos sobre la extensión y profundidad que tendrá la recesión económica en ciernes. Sin embargo, de una cosa podemos estar seguros: no existen leyes históricas que determinen a priori nuestro futuro.

Bajo esa perspectiva resulta clave distinguir situaciones laborales propias de la crisis para canalizar ayudas a personas desempleadas o aquellas expuestas a condiciones sanitarias o laborales riesgosas. O bien, promover leyes en que participen actores sociales y políticos que protejan al conjunto de la fuerza de trabajo, como por ejemplo un ingreso básico de emergencia. Al mismo tiempo, evitar leyes que, invocando una “crisis nacional”, intenten debilitar el trabajo y sus instituciones. En ese sentido, es fundamental que sindicatos y todo tipo de organizaciones y coordinadoras sociales releven los problemas que enfrenta la fuerza de trabajo, canalicen las ayudas y lideren las campañas de cuidado de la población. Su capacidad de organización y movilización resultan cruciales para la defensa de la vida.

Al mismo tiempo, hay que asumir con un mayor sentido de urgencia que el trabajo tal como lo conocemos está dejando de existir. Un cambio que arrancó en la década del setenta del siglo pasado y que esta crisis sanitaria solo se encargó de acelerar hasta sus límites. No obstante, uno de los problemas a enfrentar es que buena parte de nuestro sistema de relaciones laborales, las instituciones y leyes que regular el trabajo, el sistema de seguridad laboral y la organización de los propios sindicatos sigue fuertemente anclados en formas de trabajo realizadas en lugares y jornadas delimitados. En suma, urge diseñar una nueva arquitectura laboral que recupere derechos que el neoliberalismo expropió al trabajo asalariado tradicional, pero también avanzar en una institucionalidad y organización de estas nuevas formas de trabajar.

Por dramático que parezca el escenario, a lo largo de esta crisis han emergido un sin fin de expresiones de solidaridad para enfrentar la pandemia. Son demostraciones que la humanidad sigue allí presente, más viva que nunca, y que ya irrumpió con fuerza durante el octubre chileno. Visto de esta manera, la coyuntura sanitaria puede ser una oportunidad para fortalecer y renovar las organizaciones sindicales, acelerar la crisis de aquellas estructuras más conservadores y asumir el proceso constituyente como una oportunidad histórica para dotarnos de instituciones laborales que efectivamente nos resguarde y, al mismo tiempo, nos liberen. Sobre todo ahora que la coyuntura sanitaria demostró con toda su crudeza que tener un buen sistema de seguridad laboral no solo protege al trabajo, sino que salva vidas.

*El autor es director de Nodo XXI