Hace tres semanas, y en entrevista al medio La Tercera, José Manuel Silva, socio y director de Inversiones de LarrainVial Asset Management (la principal administradora de fondos y corredora de bolsa del país) señaló lo que debía ser en ese entonces una constante conversación tras bambalinas tanto en el gobierno como en los principales sectores del empresariado del país: la crisis sanitaria internacional les hará elegir entre “cuidar la economía” (y con ello, entre líneas, lo que más se pueda de sus ganancias personales) y “cuidar a las personas”, es decir, la oposición específica entre capital y vida humana. A su “no podemos seguir parando la economía, y debemos tomar riesgos, y eso significa que va a morir gente”, se le sumó -casi con calculada posteridad- las palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Carlos Soublette, quien señaló que “no podemos matar la actividad económica por salvar vidas”. La línea empresarial fue el prefacio a la política pública, una especie de preparación mediática para la inserción del “retorno a la actividad laboral” que ha comenzó a anunciar el gobierno bajo el concepto de “nueva normalidad”.

Las cuñas nos permitieron vislumbrar el cómo se desenvolvería, para la clase dominante, el conflicto sanitario llevado al conflicto político. Es que la eterna contradicción y nunca superada discusión de los neoliberales y su ética, donde el ser humano como “factor productivo” termina siendo la variable menos valorada del capital (haciéndolo llamar “capital humano”), se ve en entredicho de forma tan explícita que les debe parecer casi terrorífica: no hay producción sin el trabajo humano, no hay economía sin la producción de valor desde aquél. Aquello que en términos teóricos podría ser lejano, hoy abre el espacio para una disputa del sentido común: la priorización de la ganancia de quien acumula y ha acumulado ganancias por sobre la calidad de vida y la vida misma de las y los trabajadores.

Lo que es preciso sumar a dicha consideración es una perspectiva de clase: el trabajo humano que tendrá que continuar su labor no es neutro, corresponde a la clase explotada y oprimida de este país, es decir, a quienes no tienen más para vender que su fuerza de trabajo. Sectores empobrecidos y de población marginada por el sistema económico y político hasta el trabajador o trabajadora independiente o informal, cuya muestra -según Fundación SOL- corresponde a cerca del 40% del país. Pero no es sólo ella: quienes deberán retomar su trabajo por temor a despidos u otros también serán aquellos y aquellas que, teniendo un sueldo por sobre el engañoso promedio (según datos del INE del 2019, $573.964 mensuales), sencillamente no puedan poner en riesgo su fuente de trabajo o deban requerir otra: hablamos de la problemática del endeudamiento. La Encuesta de Presupuestos Familiares, tantas veces ignorada para la política pública, señala que recién en el porcentil 78 existe capacidad de excedente entre los ingresos de una familia y su gasto (que vendría a ser, en ese porcentil, cercano a los mil pesos). Es decir, sólo un 22% de las familias de nuestro país tiene la capacidad de saber “que llegarán a fin de mes” con relativa tranquilidad. 

Todo lo anterior implica que un gran porcentaje de la población está afecta al literal riesgo de su vida con el objeto de la propia supervivencia, afectación consensuada entre la clase empresarial y el gobierno. A dicha exposición hay que sumarle los criterios fácticos de un sistema de salud para ricos y pobres: no es lo mismo tener una alto sueldo y exponerse en la pandemia de COVID-19 que -a raíz de los bajos ingresos- sólo poder acceder al precario sistema público. 

Por todo lo anterior es preciso tomar medidas que permitan, en primer lugar, la superviviencia de la clase trabajadora, aunque vayan en la línea de la subvención de la demanda o capacidad de consumo, cuestión base de nuestro modelo económico.  Todas medidas, por cierto, dentro del capitalismo. La propuesta de renta básica universal propuesta por el Frente Amplio va en dicha línea, y resulta imperiosa por sobre los débiles márgenes de ayuda (tanto económica como de sujeto) que pretende el gobierno. Pero también es preciso comenzar a discutir medidas más profundas, que permitan no sólo la supervivencia, sino que hagan plausible el cuestionamiento del modelo desde sus raíces más profundas. Avanzar hacia el control y la propiedad de ciertos ámbitos de la economía, como sectores estratégicos (cobre, litio). Abordar, a su vez, el ámbito contingente: la industria alimentaria, cuestión que permita evitar la futura crisis de stock, pues de lo contrario una renta básica universal no asegurará nada. Y, por cierto, la compra del Estado de las acciones de grandes empresas que auguran su ‘quiebra’, implementando modelos de co-administración con trabajadores y trabajadoras.

Para tranquilidad de quienes gobiernan -tanto en las instituciones como de hecho en este país- aún las apuestas políticas mayoritarias han sido respuestas que uno podría considerar en el mejor de los casos “anti-neoliberales” bajo lógicas neokeynesianas. No ha habido respuestas organizadas propiamente anticapitalistas. Lo que sí debiese preocuparles, es que si el modelo ya se había mostrado en crisis con la evidencia del necesario levantamiento social, hoy tenemos una nueva demostración de ese capitalismo tan brutal que no respeta las vidas de quienes producen la riqueza, cuestión que recordaremos para la disputa constituyente. Cuestión que, por cierto, va más allá del derecho a la salud: dice relación con el modelo del estado empresario, el rol del trabajo y el derecho a, la seguridad social, y -por cierto- una institucionalidad moldeada para la perpetuación del sistema. En el fondo, el cuestionamiento al estado subsidiario por sobre uno benefactor.

Conocemos las limitaciones del modelo y la fuerza mayoritaria en el Congreso del consenso neoliberal de quienes han gobernado y administrado este país por tantos años. No obstante, la izquierda no puede someter su propuesta a dicha realidad fáctica: la propuesta maximalista no es sólo una mejor posición para el tensionamiento de posiciones, sino que su instalación y defensa mediática permite el reflexionar en torno a las bases del modelo y la implementación, poco a poco, de un imaginario colectivo que cambie diametralmente la base ideológica del sistema. Lo que se nos arrebató en dictadura también fue la capacidad de imaginar una sociedad distinta. Desde octubre a la fecha, tenemos las bases para ir más allá de un simple esfuerzo posneoliberal. Eso o nos seguirán pidiendo a cambio nuestras vidas.