El Chile post-“estadillo” social de octubre de 2019 y en plena crisis sanitaria del Covid-19 se encuentra viviendo un inaudito cierre de fronteras y de viajes internacionales, lo que ha producido la exacerbación del miedo a la “otredad”, aumentando las sospechas sobre la población china y de otros países residentes. Las consecuencias de la pandemia ha sido evidenciar las desigualdades evidentes del país, escondidas por un crecimiento macroeconómico que no se traducía en una efectiva distribución, aumentando las posibilidades de empobrecimiento por parte importante de la población migrante -también de sectores chilenos- al quedar desempleada o no poder realizar sus labores habituales.

Ambos sucesos han hecho replantarse a los colectivos migrantes la idea de seguir residiendo o no en el territorio chileno en el mediano y corto plazo, surgiendo en el horizonte, el retorno. Incluso este deterioro en las condiciones de vida, que en parte de la población migrante ha llevado a pérdidas laborales, imposibilidad de pagar arriendos de viviendas y sostenimiento de la vida en general, producto de las medidas ante la crisis humanitaria, ha visto una salida en el retorno forzado, lo que sin duda ocurre en condiciones de inseguridad física y jurídica. Algunas personas se encuentran atrapadas en la frontera con Perú y Bolivia, pues al optar por regresar a sus países de origen se encuentran con una barrera sanitaria que cierra las fronteras y los deja en un limbo de aeropuertos, terminales de buses y en albergues temporales. Al mismo tiempo, la semana pasada (fines de abril) retornaron en un vuelo 250 venezolanos a través del “Plan vuelta a la patria” programado por el gobierno bolivariano, mientras 300 -entre ellos/as, adultos/as mayores y niños/as- se instalaron a esperar un nuevo viaje frente a su embajada en un improvisado campamento.

El trabajo, la vivienda, la salud e incluso el sostenimiento de la vida han entrado en crisis para la población migrante, perdiendo la estabilidad que muchos habían logrado, quedando sin empleo o trabajando en labores informales, desintegrándose sus redes de apoyo, con el riesgo evidente al contagio. Se está acabando para muchos/as el denominado “sueño chileno”, que en el caso haitiano particularmente, ya se había desdibujado desde antes, debido a que no hay un acuerdo entre Chile y Haití para la convalidación de títulos, a la diferencia lingüística y cultural entre chilenos y haitianos, y al racismo cotidiano e institucional.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) del gobierno, hasta el 31 de diciembre del año pasado se registraron cerca de 1.5 millones de migrantes residentes en el país y durante el 2019 llegaron más de 242 mil. La misma entidad reveló que la población foránea más numerosa es la venezolana con un 30,5%, seguida por la peruana y la haitiana, con un 15,8 y un 12,5% respectivamente. La Encuesta CASEN 2017 muestra que, pese a la heterogeneidad socioeconómica interna, la pobreza es más alta entre las personas inmigradas que entre aquellas nacidas en Chile. En lo relativo a la pobreza por ingresos, ésta es de 10,8% entre la población extranjera y de 8,5% entre la chilena. Y en pobreza multidimensional, estos porcentajes son de 24,6% y 20,5%, respectivamente. Por otra parte, el promedio de ingresos de esta población (648 mil en 2017) viene disminuyendo desde el año 2013, lo cual da cuenta de un paulatino empobrecimiento. Esta situación incluye a los colectivos venezolanos, los latinoamericanos que mejor se han integrado en Chile, desde mediados de 2019.

Esta mayor pobreza en los grupos migrantes se ha acentuado con los acontecimientos del “estallido social” y pandemia de coronavirus, aumentando la vulnerabilidad y exclusión de diversos espacios sociales de las personas migrantes, generando en parte de esta población, una situación de crisis humanitaria y de cierta deshumanización. Sus derechos humanos están siendo vulnerados constantemente de diversa manera. Por esto se requiere tomar medidas que les garanticen derechos de residencia temporaria y, si es el caso, definitiva, incluyendo el acceso a cuidados de la salud y de seguridad social. Se requiere repensar en momentos de crisis como éstos, la posibilidad de regularización, para que no se generen procesos de vulnerabilidad mayor en quienes no poseen una documentación regular. En este sentido, es valorable la medida que tomó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de extender la vigencia de las cédulas de identidad de extranjeros/as por un año a partir del 01 de abril de 2020, pero no es suficiente.

Dado el vínculo entre regularidad, formalidad y protección social, sobre todo en tiempos de excepción, disponer de papeles de identidad es, sin duda alguna, un asunto determinante en las posibilidades de incorporarse y de continuar viviendo en Chile. El trabajo informal es una de las mayores dificultades en este contexto, aumentando la precarización laboral. La posibilidad de acceso a un contrato laboral está supeditada a un tipo específico de permiso de residencia: la visa sujeta a contrato. Ésta se otorga por un plazo de dos años. Muchos/as están esperando esta visa desde el proceso de regularización extraordinaria de 2019. Como una parte de la población migrante no trabaja de manera formal, fundamentalmente durante los dos primeros años en Chile, no puede acceder a los beneficios estatales y por tanto no pueden hacer la cuarentena preventiva por la necesidad de mantener sus ingresos. A esto se agrega que muchas empresas han desvinculado a sus trabajadores/as a partir del Dictamen N°1283/006 de la Dirección del Trabajo, afectando especialmente a este sector. Es por esto que desde marzo la frase que más se escucha entre los/as migrantes es “prefiero trabajar y contagiarme que quedarme en casa”. Parte de la población migrante se ocupa de los servicios de aseo y de entrega de alimentos y otros bienes a domicilio, los llamados delivery, así como en ferias y otros espacios comerciales (por lo demás muchos subempleados si consideramos sus competencias y nivel educacional) que permiten que la sociedad siga funcionando, quedando en un mayor riesgo de contagio.

Las condiciones en las que vive la población migrante para enfrentar una cuarentena obligatoria no cumplen con los mínimos esperados para una vida digna. Este segmento poblacional representa un 30% del total de hogares donde existe hacinamiento, poca seguridad y disponibilidad de servicios y abusivas condiciones impuestas por los propietarios. Esto se debe a un mercado de la vivienda totalmente desregulado. Debemos considerar que los/as migrantes viven mayoritariamente en viviendas arrendadas (82,8%) y un porcentaje importante no tiene contrato de arrendamiento (27,4%). Algunos/as viven en cités y campamentos, segregados, particularmente en la zona norte del país, así como en la periferia de Santiago y Valparaíso. Los medios de comunicación y las autoridades en las últimas semanas han puesto el foco en la población migrantes: se han visibilizado las comunidades migrantes, o parte de ellas, como los/as contagiados/as y contagiantes, estigmatizándoles, reforzando estereotipos y nuevas formas de discriminación. Estos hechos solo generan mutuas desconfianzas, desfavoreciendo la sana convivencia.

Es de tener en cuenta que, a lo largo de la historia moderna, y en distintos continentes, las pandemias han sido seguidas de la búsqueda de un “chivo expiatorio” a quien responsabilizar y perseguir. Entonces la latencia xenofóbica se hace manifiesta, surgiendo también la discriminación racial (racismo cotidiano e institucional) contra la población afrodescendiente. Hoy en las calles de Santiago hay gente gritando “coronavirus” a personas de origen asiático, diciendo que ellas deberían “volver a China”, debido al origen de este virus en la ciudad de Wuhan. El mismo D. Trump en conferencias de prensa se ha referido al “virus chino”. Al respecto, el Servicio Jesuita a Migrantes acaba de lanzar la campaña #SomosElAntidoto, Juntos contra el Racismo, que resulta muy necesaria.

Ante esta urgencia, se requieren medidas de corto y mediano plazo. Como ha señalado el Foro Académico Migratorio/Mesas Temáticas con la Sociedad Civil del Senado en Chile, donde también participa el Movimiento Acción Migrante (MAM), se requiere que las autoridades respectivas implementen protocolos que permitan a estos colectivos migrantes tener una estadía digna con pleno respeto a sus derechos humanos. Es necesario también que el Parlamento tome en cuenta los intereses y derechos de las personas migrantes antes de aprobar el Proyecto de Ley de Migración y Extranjería.

Se hace urgente viabilizar de forma extraordinaria la regularización temporal de migrantes en el país, como se acaba de hacer en Portugal e Italia, reconociendo su aporte en particular en labores agrícolas, en el cuidado de personas mayores y en la atención médica, esto es, en las bases que sostienen una sociedad en crisis sanitaria. Por su parte, los/as propios/as afectados/as deben buscar apoyo en la ciudadanía para la contención y la satisfacción de necesidades vitales. Para ello principios como la reciprocidad se hacen fundamentales hoy, por lo que se requieren recuperar, reactivar esos tejidos sociales que en países como el nuestro se estaban perdiendo durante las tres últimas décadas. La comunidad territorial puede ayudar mucho en estas circunstancias, tanto como las comunidades virtuales u online.

Por su parte, las universidades tienen un rol importante en la transmisión de conocimiento y la generación de propuestas, apoyando con la difusión de información e ir desmintiendo mitos que tienden a culpar a los colectivos extranjeros de los problemas nacionales. A mediano plazo se hace necesario reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia una mejor sociedad de acogida, el desafío de la hospitalidad, tomándose acuerdos políticos amplios, para lo cual se requieren compromisos de inclusión en el Proyecto de Ley Migratoria y en la política migratoria basada en un enfoque de derechos. Otorgar urgencia en estos momentos a este proyecto de ley de la manera en que está hecha y sin el acuerdo de las principales organizaciones migrantes y pro-migrantes, sólo sirve para exacerbar esa posición de subordinación en que ha sido ubicado este colectivo residente. Finalmente, es de destacar la importancia de los municipios, una de las entidades públicas con las que tienen mayor contacto cotidiano las personas inmigrantes, muchos de los cuales reconocen los aportes de estos/as nuevos/as chilenos/as a la diversidad y riqueza cultural de sus comunas, reconociéndolas como multiculturales.

Los autores son académicos de la Red U-Nómades, Universidad de Chile.