Recientemente hemos conocido el detalle del acuerdo suscrito por algunas fuerzas políticas y que se ha denominado “Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo”. Esto ha generado gran atención y es vista por los grupos de poder como una señal positiva por la vuelta a la democracia de los acuerdos. Así, se siguen impulsando diálogos y acuerdos cupulares que no se alinean con las necesidades materiales de la gran mayoría de quienes viven en el país que, endeudados y con bajos salarios, no serán capaces de mantener un nivel de vida decente en cuarentena.

Si hasta este momento, en los 3 meses que llevamos de pandemia, el Gobierno había actuado con lentitud y de forma parcializada para llegar a los distintos grupos afectados (asalariados, independientes, honorarios, etc.), ahora apuesta por medidas que abarcan hasta 2 años. Se trata de un giro copernicano en la dimensión temporal, pero no en las medidas, ya que se aumentan montos y coberturas sin cambiar un ápice la lógica subsidiaria del Estado. Junto con esto, el trabajo está lejos de tener centralidad en este acuerdo.

Junto con no entregar una solución real a la sustitución de los ingresos que los hogares en cuarentena necesitan para vivir, el gobierno plantea una agenda ideológica que desfigura el concepto de protección en tiempos de crisis. Hay focalización para las personas, aunque no tanto para las empresas ya que se anuncian medidas para las pequeñas y medianas, pero no se descarta salvar a grandes empresas estratégicas. Además, se asume que la reactivación vendrá de la mano del mundo privado con incentivos a la contratación y beneficios de distinta índole para las compañías.

No pasó ni un día desde que fuera suscrito el primer proyecto de ley fruto del acuerdo, el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, para que sus impulsores de la oposición alegaran letra chica. Pero bastaba dar una leída al documento completo para darse cuenta de que estaba plagado de vaguedades y espacios acomodaticios que resultaban peligrosos para su aplicación futura.

Esto es lo que ocurre al mirar con detalle los aspectos relacionados al trabajo que se plantean para la reactivación económica. Aprovechando el contexto de alto desempleo que se pronostica para los meses venideros, se proponen dos medidas flexibilizadoras con alto contenido político, pero sin señalar los mecanismos específicos.

En primer lugar, el punto I del acuerdo señala que se posibilitará introducir en el marco normativo y de manera transitoria “adecuaciones horarias y de funciones para que los trabajadores puedan adaptarse al trabajo cumpliendo con las nuevas normas sanitarias”. De esta forma, se abre la puerta para que las condiciones de trabajo en el sector privado se flexibilicen en jornada y actividades más allá de lo establecido en el Código del Trabajo actual, en función de reglas sanitarias que no han sido determinadas aún.

Esto podría utilizarse para llevar a cabo el proyecto “modernizador” presentado por el Gobierno en mayo del año pasado que incluye: jornada mensualizada de 180 horas, semana de 4 días, trabajo de 7 días corridos en faenas urbanas, régimen semestral de descanso dominical, entre otras. Todo esto apunta a desestructurar los tiempos diarios, semanales y mensuales de trabajo y descanso para adaptarse a los ritmos productivos de la empresa, más no necesariamente a las personas.

Por otra parte, llama la atención que se induzcan cambios en la normativa laboral en un contexto post pandémico, toda vez que existen hoy en día más de veinte espacios que posibilitan al empleador flexibilizar aspectos de jornada y funciones.

Junto con esto, el punto siguiente del acuerdo, la letra J, demuestra que el objetivo del gobierno y sus aliados de oposición van más allá de planificar una reactivación excepcional. En este se señala que se avanzará “en una ley que regule el teletrabajo para el sector público”, lo cual ya se había intentado impulsar cuando se incluyeron planes piloto de teletrabajo junto con el proyecto de reajuste del sector público el año 2019 y que fueron rechazados.

En ambos casos se establece que estos cambios serán en diálogo con las organizaciones, pero, salvo el sector público, en Chile no hay actores laborales fuertes de nivel sectorial que podrían hacer contrapeso a los grandes gremios empresariales que sí lo tienen. Asimismo, la tasa de sindicalización, que solo llega a un 20%, no permite generar una fuerza activa, por su extrema dispersión.

En conclusión, considerando solo estos dos puntos del acuerdo, queda clara cuál es la señal que se da a los y las trabajadoras, que hoy están luchando por subsistir y proteger su salud. Además de pagar sus ingresos con los fondos de su seguro de cesantía, tendrán que flexibilizarse a la fuerza para adaptarse de mejor manera al mundo incierto que nos tocará vivir en los próximos meses.